Los pensionistas de Perú reciben hasta el 50% menos de lo que aportaron

En Perú, la edad de jubilación es 65 años. A lo largo de su vida laboral, los trabajadores pueden decidir si aportar para su jubilación al sistema estatal (Oficina de Normalización Previsional) o al privado, que promete rentabilidad de sus fondos porque los invierte en negocios. De los 30,5 millones de peruanos, 5.000.000 aportan al sistema privado de pensiones de cara a su jubilación, pero ahora un reportaje ha desvelado que eso no garantiza un retiro tranquilo. La revelación de que entre un 20% y un 50% de los aportes que los trabajadores realizan nunca llegan a ser recibidos por los jubilados, ha despertado en Perú un debate sobre la transparencia y los criterios de pago del sistema privado de pensiones.

Tal ha sido el revuelo que ha despertado la investigación de IDL-Reporteros que el martes el ministro de Economía, Luis Castilla, dejó su conocido silencio frente a las críticas para reconocer que “siempre se puede ir perfeccionando el sistema público y el sistema privado de pensiones”.

El modelo peruano fue importado de Chile en la década de los 90. En él, la renta programada para las jubilaciones es administrada por las empresas privadas de fondos de pensiones, y la renta vitalicia es vendida a una compañía de seguros.

Las administradoras privadas retienen un monto para entregarlo a los herederos legales, incluso en el caso de trabajadores sin hijos ni cónyuge 

La investigación de IDL-Reporteros hizo cálculos con un monto de 600 dólares como el primer pago mensual al inicio de la jubilación. Y, usando las tablas de criterios de pago, descubrió que, cinco años después, la pensión mensual disminuye en 30 dólares, y diez años después, se reduce en 90 dólares. Todo ello contra la lógica de que, a mayor edad, las personas requieren más dinero para gastos en salud.

El reportaje desvela que las administradoras de fondos de pensiones retienen una cantidad de dinero que puede llegar incluso a la mitad de los aportes totales, alegando que deben reservar un monto para los beneficiarios del jubilado una vez fallecido y para los gastos de sepelio.

Sin embargo, la investigación demostró que, incluso en el caso de trabajadores sin hijos, cónyuge o conviviente, ni padres económicamente dependientes, las administradoras privadas retienen un monto con el fin de entregarlo a los herederos legales.

“Esta práctica va en contra de la lógica de la seguridad social, pues un hermano o sobrino del jubilado pueden ser herederos legales y ellos no son sus dependientes o beneficiarios”, explicó a EL PAÍS la periodista Luisa García Téllez, autora del reportaje.

Según el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, citado en la investigación, en noviembre pidió a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP -que regula la actividad del sistema privado de pensiones- la fórmula con la cual calculan el pago mensual de los pensionistas, pero no obtuvo respuesta. “Se guarda bajo mil llaves. Es una fórmula parecida a la Coca-Cola, nadie la conoce”, comentó. En enero y abril insistió en la petición y solo ante la inminencia de una denuncia constitucional obtuvo una respuesta. “Nos han dado una serie de fotocopias que nadie entiende”, añadió.

Siempre se puede ir perfeccionando el sistema público y el sistema privado de pensiones" Luis Castilla

Las críticas a la falta de transparencia en las fórmulas del sistema privado de pensiones han sido contrarrestadas por el ministro de Economía, quien ha asegurado que “mientras esté viva la persona, puede llevarse todos los recursos que acumula”.

El ministro Castilla sostuvo que “es falso que un 25% de los recursos” no vayan a ser recibidos por el pensionista. Horas después, la publicación respondió al ministro de Economía y argumentó que el funcionario contradecía la posición de la Superintendencia de Banca y Seguros, que dio por correcta la revelación del reportaje. “El sistema está diseñado para que el dinero ahorrado no sea utilizado íntegramente por el aportante”, precisó la publicación de periodismo de investigación.

El reportaje ha desencadenado una ola de reacciones. La mayoría de medios de Lima, líderes de opinión, economistas y congresistas, exigen que los criterios de pago de las pensiones no solo sean transparentes, sino en beneficio de los jubilados. En este clima de controversia empieza este jueves en Cusco, al sur de Perú, el XII Seminario de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones.