Un tribunal ordena restituir a Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá

Un día después de que el presidente Juan Manuel Santos nombrara como alcaldesa encargada de la capital colombiana a María Mercedes Maldonado, quien permanecería en el cargo hasta que se llamaran a unas nuevas elecciones, un fallo de tutela inesperado, proferido por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, le devuelve la alcaldía al destituido Gustavo Petro.

La sentencia establece que Santos tiene un plazo de 48 horas para reintegrar al político de izquierda, obligando al gobierno a acatar las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 19 de marzo para proteger sus derechos políticos. En ese momento, el mandatario, después de varias consultas, se negó a otorgar dichas medidas y firmó la destitución que le impuso a Petro la Procuraduría General el pasado 9 de diciembre de 2013.

El amparo judicial que reintegra a Petro a la alcaldía de Bogotá, la presentó un ciudadano que argumenta que el gobierno debía hacer efectivas las medidas cautelares y que no se tuvo en cuenta las decisiones que en el pasado había tomado la Corte Constitucional colombiana para garantizar el cumplimiento de normativas provenientes de la CIDH.

Hasta que apareció el caso Petro, Colombia había sido respetuosa de las solicitudes de la CIDH con relación a medidas cautelares para proteger la vida y los derechos humanos de aquellas personas que corren peligro de muerte. Sin embargo, el gobierno Santos argumentó que en este caso se trata de derechos políticos y que a Petro se le ha permitido usar todos los recursos legales que hay en Colombia para defenderse.

Gustavo Petro acudió a la CIDH porque considera que la decisión de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años para ejercer cargos públicos, decretada por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del conservador Alejandro Ordoñez, obedece a una persecución y además se le estaban violando sus derechos políticos, tanto a él como a las personas que lo eligieron.

Una vez que se conoció la noticia de su reintegración, el destituido alcalde reaccionó en su cuenta de Twitter en la que escribió: “Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos”. A su turno, uno de sus amigos más cercanos, el senador electo Antonio Navarro Wolf, le recordó a Santos su promesa de restituir al depuesto mandatario capitalino en el caso que un juez se lo ordenara.

Con este nuevo giro judicial -de los muchos que ha tenido este caso en los últimos cuatro meses-, también se reviviría la convocatoria al referendo revocatorio que estaba en marcha en abril y que se suspendió cuando Santos firmó la salida de Petro. Este proceso, que es diferente a su destitución, busca que los bogotanos voten en las urnas, si se queda o se va.

Hay que recordar que la sanción disciplinaria contra Petro, que ha sido calificada de desproporcionada, se dio por las irregularidades en el cambio del esquema del servicio de aseo de Bogotá, el cual generó un gran caos en las calles durante tres días en diciembre de 2012.

Ahora habrá que esperar si la presidencia de la República decide impugnar el fallo de esta tutela, que pasaría a la Corte Suprema de Justicia, sin que esto signifique que se reverse el reintegro del controvertido político. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la Casa de Nariño.

Lo que si queda claro es que, en caso de que Petro logre seguir en el cargo después de junio del presente año y si la Corte reversa la decisión del Tribunal, Santos no tendría que llamar a elecciones anticipadas. En cambio, nombraría el reemplazo de Petro de una terna que envíe su partido para que sea esta persona la que termine el período que va hasta el 31 de diciembre de 2015.