Los abusos policiales en Brasil llegan a un foro internacional

La respuesta policial y política a la oleada de protestas sociales que sacuden Brasil desde junio pasado fue abordada este viernes en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que grupos de derechos humanos criticaron la represión excesiva contra los manifestantes, mientras el Estado brasileño defendió su potestad de mantener el orden público y ensalzó su voluntad de escuchar los reclamos de la calle y los cambios previstos en el modo de actuación de la policía. Se trata de la primera ocasión en que los reproches a los abusos policiales en las protestas brasileñas son expuestos en un foro internacional.

La audiencia arrancó con los testimonios de varios integrantes de organizaciones sociales, que son lo que solicitaron la sesión en la CIDH. Relataron todo tipo de excesos policiales y lanzaron duras críticas contra las fuerzas del orden y el Gobierno de Dilma Rousseff. Rafael Custódio, abogado del grupo Conectas, lamentó la "represión" de la policía brasileña y su "extrema brutalidad". Mencionó, por ejemplo, los casos de agentes sin identificación, el uso de armas de fuego y los ataques a periodistas y fotógrafos que cubrían las marchas. De hecho, las organizaciones mostraron un vídeo en el que un fotógrafo explica cómo perdió la vista a raíz de la contundencia policial en el apogeo de las manifestaciones en junio pasado.

Por su parte, Natália Damazio, letrada de Justicia Global, criticó que los manifestantes sean un "objeto constante de abusos con el aval del Ejecutivo" y que la policía actúe con brutalidad "con la intención de desmovilizar" a los manifestantes. "Es un factor alarmante que cada vez se cerciore más la libertad de expresión en el país", apuntó, antes de recordar que 20 personas han muerto como consecuencia de la represión policial y que algunos agentes se han extralimitado de sus funciones: los acusó de "tratar de aterrorizar" cortando la luz, de disparar balas de goma contra "zonas vitales" del cuerpo, lanzar gases lacrimógenos desde lugares altos o rodear a los manifestantes entre cordones policiales a los cuales no puede acceder asistencia sanitaria.

Mientras Camila Marques, de Artigo 19, deploró que 1.700 personas han sido detenidas "sin tener indicación de haber cometido ningún delito" y por simplemente portar máscaras, banderas o aparentar ser manifestantes. "Es una realidad incompatible con el estado de derecho", espetó ante la atenta y seria mirada de los representantes gubernamentales.

Los peticionarios solicitaron que se prohíba a la policía llevar armas de fuego, que los agentes puedan ser identificados a distancia y que haya un mayor monitoreo de posibles abusos contra los manifestantes. También pidieron ampliar el diálogo con el Gobierno y en concreto a la CIDH que promueva una visita a Brasil, elabore un informe temático y una declaración de principios sobre protestas y libertad de expresión. Pero la Comisión no recogió el guante y el presidente de la audiencia se limitó a manifestar de forma críptica al final de la sesión que "espera seguir recibiendo información análisis para dar seguimiento a esta situación".

Buena parte de la respuesta del Gobierno brasileño la dio el subsecretario general político del ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Antonio da Rocha Paranhos, quien dijo que la "opinión" de los manifestantes es muy importante para las autoridades y recordó las cinco iniciativas que anunció Rousseff para tratar de calmar los ánimos, con cambios, por ejemplo, en materia de transporte, educación, sanidad y fiscalidad. "Las protestas reflejaron lo activa que es nuestra democracia", destacó.

Y acto seguido repasó la retahíla de cambios de protocolo previstos e intentó revertir las críticas de las organizaciones de derechos humanos. "La libertad de expresión está fundamentada en la legislación y esto contradice las acusaciones de que el Estado y la policía hacen arrestos arbitrarios", sostuvo. Da Rocha Paranho explicó que se han impulsado varias leyes para intentar "corregir" posibles abusos de las reglas de resistencia y detención, mejorar la atención sanitaria y la capacitación de los agentes para usar adecuadamente armas de fuego. También manifestó la voluntad de reducir el uso de dichas armas y de "prevenir y castigar" cualquier uso de fuerza excesiva, pero a su vez subrayó que la Constitución avala la necesidad de "mantener el orden público".

Tras ambas intervenciones, los representantes de la CIDH preguntaron a los delegados sociales si los cambios previstos en el modo de actuación policial les parecían suficientes y al Estado si había sancionado el uso excesivo de la fuerza. Los colectivos de derechos humanos tildaron los cambios de “paso insuficiente” y aseguraron que, al crear nuevos protocolos, el Estado admite que ha habido “excesos”. Por su parte, los miembros de la delegación de las autoridades brasileñas evitaron entrar en detalles y ensalzaron de forma genérica que no hay límites para la investigación de denuncias de tortura y que se están estudiando una serie de recomendaciones para evitar víctimas mortales y lesiones corporales. Cuando ya han pasado nueve meses del apogeo de las protestas, ambas partes se vieron las caras en Washington y expusieron sus opiniones divergentes, pero apenas se vislumbró un diálogo sustancial y productivo.