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Amenazados en México los abogados de Alberto Patishtán

Leonel y Sandino Rivero trabajan también en los casos de policías comunitarios en Michoacán y la desaparición de guerrilleros en el país

Los abogados del maestro tzotzil Alberto Patishtán, Leonel y Sandino Rivero, están en alerta ante el acoso y hostigamiento que en los últimos meses han sufrido a través de llamadas telefónicas donde se escuchan voces que les amenazan o insultan, mensajes de voz que reproducen conversaciones con sus clientes y la irrupción en sus domicilios. Los letrados especializados en derechos humanos han denunciado ante las autoridades mexicanas estas acciones, que han existido desde hace varios años, pero que se han intensificado en los últimos tres meses.

“El acoso consiste en reproducir por medio de mensaje de voz, todos los días en la madrugada, algunas de las conversaciones telefónicas que sosteníamos con nuestros clientes y familiares, y sobre todo esos mensajes se enfocaban en los temas sensibles que en ese momento estábamos atendiendo”, ha explicado a EL PAÍS Leonel Rivero. El abogado señala que entre el 16 y 20 de enero recibió llamadas telefónicas con amenazas e insultos desde números inexistentes, y que el pasado 10 de marzo alguien ingresó a su casa en Tuxtla Gutiérrez (Estado de Chiapas, sur de México) sin llevarse objeto alguno pero evidenciando la irrupción en el inmueble.

Rivero cuenta que durante 2013, cuando el caso del maestro indígena Alberto Patishtán – acusado del supuesto asesinato de siete policías y que recibió el indulto presidencial—llegó a su punto más álgido también fue objeto de acoso y hostigamiento. En las últimas semanas, los abogados han trabajado en la defensa de guardias comunitarios de San Miguel Aquila (Estado de Michoacán, occidente de México) detenidos en agosto, así como en la investigación de la desaparición de algunos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una guerrilla de México.

“Lo que nos llama la atención es que el tipo de intercepciones telefónicas requieren de un nivel alto de sofisticación que no cualquier persona o instituciones puede tener acceso. Esa situación nos lleva a pensar que hay un interés de algunos grupos o sectores”, apunta Rivero, que describe los mecanismos empleados para intimidarlo que incluyen, por ejemplo, la desaparición de información en su teléfono móvil. El abogado fue entre los años de 2000 y 2008 sujeto de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ambos letrados forman parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por lo que el Gobierno mexicano les ha asignado escoltas personales. Rivero señala que en marzo de 2013 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y entregó grabaciones de las llamadas que había recibido, pero en febrero de este año fue notificado de que su denuncia había sido reservada por el Ministerio Público, un limbo –explica el abogado—en el que las autoridades aseguran que no pueden comenzar acción penal argumentando que no tienen suficientes pruebas sobre las amenazas hacia el abogado.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades mexicanas que revisen e investiguen a profundidad las amenazas contra los abogados. Perseo Quiroz, director general de la organización, ha señalado que además del hostigamiento telefónico, ambos letrados han sido objeto de seguimientos y que sus vehículos de protección han sufrido sospechosas fallas mecánicas. “Estas acciones se han intensificado desde la transición del cambio de Gobierno. No estamos diciendo que hay una relación pero el hostigamiento ha coincidido con esos tiempos”, comenta Quiroz que también ha pedido al Gobierno mexicano que revise el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ya que no ha sido eficaz en reducir las amenazas que los defensores de derechos humanos sufren todos los días en México.