El alcalde de Bogotá acude de nuevo a la movilización ciudadana

Una enmarañada madeja de recursos judiciales impide saber aún si se mantendrá o no el fallo que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por las irregularidades en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana a finales de 2012, lo que generó un caos en la recolección de basuras. A la espera de que el panorama se aclare, Petro ha vuelto a apelar a sus seguidores, a los que ha citado este viernes en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana, frente al balcón de su despacho, que ya ha llenado en varias ocasiones. “Ahora es el turno de la ciudadanía”, ha dicho.

En otras palabras, Petro ha ganado algunas batallas, pero ha perdido otras. La última de ellas fue ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal de temas administrativos, en la que una tutela instaurada por el mismo alcalde pretendía dejar sin efectos el fallo del polémico procurador Alejandro Ordóñez y casi lo logra. El magistrado ponente, Guillermo Vargas Ayala, propuso a sus compañeros de la Sala Plena que se diera la razón a Petro, por considerar que la Procuraduría violó su derecho a la defensa y que además el fallo tenía irregularidades. No obstante, el togado ratificaba que el procurador Ordóñez sí tenía la potestad para destituir funcionarios elegidos por voto popular, frente a lo que ha argumentado Petro en su defensa.

Sin embargo, después de varios días de suspenso, el martes por la noche, los consejeros finalmente votaron en contra de la ponencia del fallo de su colega y ordenaron a otro magistrado que elaborara una nueva. Según algunos medios de comunicación y círculos políticos eso significaba quitar la razón a Petro, por lo que el fallo en su contra seguía en pie. Pero aún falta que la nueva ponencia se discuta y se vote.

Además, en varias cortes y tribunales hay otras tutelas y acciones judiciales a favor del alcalde que deben ser discutidas en segunda instancia. Y hasta entonces, hasta que se rechacen todas esas tutelas, la sentencia de la Procuraduría queda en suspenso y la destitución no puede hacerse efectiva.

En este sentido, el Consejo Superior de la Judicatura, organismo que administra la rama judicial en Colombia, se apresta, según ha trascendido, a resolver si acepta o no 300 tutelas acumuladas que presentaron igual número de personas contra del fallo que destituyó a Petro. Algunos medios en Colombia han dicho que es contrario al mandatario capitalino, con lo que ratificaría su sanción, pero debe ser respaldada por cuatro de los siete magistrados que integran ese tribunal. Y esa discusión empezará el lunes de la próxima semana.

Por ahora, la decisión más importante que ha favorecido a Petro la tomó un magistrado de un Tribunal de Cundinamarca que acogió dos tutelas interpuestas por dos ciudadanos, en las que pedían que se suspendiera el fallo por considerar que la Procuraduría sustituyó el derecho que tienen los electores al control político. La suspensión se hizo pública el 14 de enero teniendo en cuenta el argumento de que se había convocado ya a una consulta popular para decidir si se revocaba o no el mandato al alcalde de Bogotá.

Esta revocatoria –la consulta popular, que es independiente de la sanción disciplinaria- fue liderada por el representante a la Cámara, Miguel Gómez, y respaldada por un grupo significativo de ciudadanos inconformes por la forma en la que Petro ha manejado la ciudad e incumplido su programa de gobierno. Ante la incertidumbre sobre si la sanción del político se hará efectiva o no, la Registraduría Nacional, encargada de organizar las elecciones, ha cambiado la fecha de su celebración, pactada hasta hoy, para el 6 de abril próximo.

Petro está confiado en que ganará en la urnas y que los bogotanos votarán para que se quede, pero aún es incierto si antes se definirá su situación disciplinaria. También queda la carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la cual el alcalde ha acudido pidiendo que se le otorguen medidas cautelares.