Gregorio Jiménez y las zonas de silencio

Unos días antes de su secuestro y asesinato, Gregorio Jiménez de la Cruz conversó con un par de colegas, periodistas de nota roja en Coatzacoalcos, Veracruz. Les dijo una frase que no han olvidado:

--Si algo me llega a pasar, les dejo el encargo de que aboguen por mí.

Gregorio Jiménez de la Cruz fue secuestrado en su domicilio de Villa de Allende, Coatzacoalcos, el 5 de febrero (aniversario de la Constitución mexicana, que consagra las garantías individuales) y su cuerpo, mutilado y con huellas de tortura, fue encontrado el 11 de febrero en una fosa del municipio de Las Choapas.

Su asesinato se ha convertido en un símbolo de la compleja trama criminal para imponer zonas de silencio en México. A través de la amenaza, el ataque con granadas a las redacciones de los periódicos y la desaparición forzada de periodistas, porciones enormes del territorio nacional han desaparecido del mapa informativo: en sus ranchos y ciudades el secuestro, la extorsión y el homicidio se han convertido en el redituable negocio de las empresas del crimen organizado, pero son temas de los que ni se escribe ni se habla.

Desde hace años, por ejemplo, no conocemos casi nada de Tamaulipas y la guerra que se ha librado por el control de su frontera con Texas. Apenas nos estamos enterando de que en Coahuila, hace poco más de dos años, se arrasó a pueblos enteros, con el brutal saldo de decenas de mujeres y hombres desaparecidos y probablemente incinerados con diesel. En la región de Tierra Caliente de Guerrero los secuestros se convirtieron en el negocio preferido de los caciques y, de no ser por la insurrección de las autodefensas, sabríamos poco o nada del régimen extractivo y semifascista que había impuesto el crimen organizado en Michoacán con la complicidad de múltiples autoridades.

La narrativa del Mexican Moment y la “salvación de México” sólo se sostiene cuando estos capítulos de la realidad nacional son oscurecidos y silenciados.

En el sur de Veracruz el periodismo se ha convertido en un ejercicio heroico

Como en diversas regiones del país, en el sur de Veracruz el periodismo se ha convertido en un ejercicio heroico. Los periodistas hacen su trabajo en las condiciones más adversas, bajo la presión de las bandas del crimen organizado, los caciques políticos y aun de oficiales de la policía. Hasta mayo de 2013, en Coatzacoalcos operaba la Policía Intermunicipal: eran esos mismos elementos de la policía quienes llamaban a los reporteros para que le dieran cobertura a las “narcomantas”. O los que les alertaban cuando no podían reportar determinados hechos porque pisarían los terrenos de “aquéllos” (aquéllos es el eufemismo para referirse a Los Zetas).

Desde el segundo semestre de 2013, la seguridad pública en el municipio de Coatzacoalcos se encomendó a una corporación llamada “Mando Único”. Sus integrantes, encapuchados, rutinariamente toman fotografías a los reporteros, les ordenan que proporcionen sus nombres y, en ocasiones, los someten por la fuerza.

Algunos periodistas han sido secuestrados y amedrentados por las guardias blancas de los caciques, aunque, a diferencia de Gregorio Jiménez, regresaron para contarlo. Para colmo, el gobierno estatal, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, premia a los medios que lo adulan a través de los convenios de publicidad oficial, y castiga a los periódicos independientes con la asfixia financiera.

El asesinato de Gregorio Jiménez destapó también el poco aprecio al oficio periodístico en México. Al igual que otros de sus compañeros, Gregorio no tenía un sueldo en ninguno de los tres periódicos en los que colaboraba; ganaba veinte pesos (un euro y diez céntimos) por cada nota publicada (en algunas ocasiones llegó a cobrar hasta cuarenta y cincuenta pesos). Algunos de sus colegas ni siquiera devengan salarios; sólo reciben viáticos de setecientos pesos quincenales (cuarenta euros) para sus autobuses. Y los que sí reciben una remuneración, cada quincena, firman de recibida su liquidación: así, a los diarios que los emplean ni siquiera les cuesta un centavo echarlos a la calle si resultan incómodos.

Gregorio Jiménez de la Cruz completaba sus ingresos con fotografías de fiestas, mítines, reuniones familiares, bodas y graduaciones. Ése había sido su oficio desde hacía veinte años y hace apenas un lustro había abrazado el periodismo. Se había vuelto reportero de la sección policiaca (sucesos) de Notisur, El liberal del sur y La red. Era el corresponsal para esos tres periódicos en la localidad de Villa de Allende, de unos 20 mil habitantes, situada a unos cuarenta minutos en coche de Coatzacoalcos, su cabecera municipal.

Con Gregorio Jiménez suman diez periodistas muertos en Veracruz durante la administración de Javier Duarte, que se inició en diciembre de 2010.

En Coatzacoalcos, los periodistas de la fuente policiaca habían hecho el acuerdo de trasladarse en grupo a las coberturas como una medida de seguridad. Se sentían espiados y hostigados. Goyo, sin embargo, no podía beneficiarse de esta mínima protección de su gremio, porque reportaba solo desde Villa de Allende, su barrio obrero de unos veinte mil habitantes.

Desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) se descompuso la convivencia en el sur de Veracruz con el repunte de los secuestros y las extorsiones. Con el gobierno de su sucesor, Javier Duarte de Ochoa, la cifra negra de secuestros llegó a cinco a la semana sólo en Coatzacoalcos, de acuerdo con los periodistas de la fuente policiaca.

En ese contexto de zozobra, Gregorio Jiménez se tomó en serio su labor de reportero, de encarnar el derecho de la ciudadanía a estar informada, y era los ojos y los oídos de sus lectores. No tuvo miedo de informar sobre los secuestros en Villa de Allende. Su última nota al respecto reportaba el plagio de Ernesto Ruiz Guillén, El Cometierra, el 18 de enero. Gregorio Jiménez fue víctima de la misma banda que había secuestrado a Ruiz Guillén, cuyo cuerpo se encontró en una fosa próxima a donde yacía el periodista.

Con Gregorio Jiménez suman diez periodistas muertos en Veracruz durante la administración de Javier Duarte, que se inició en diciembre de 2010. Otros cuatro reporteros están desaparecidos y un número incierto han huido del estado para proteger sus vidas. En el Veracruz de Javier Duarte, matar un periodista sale muy barato: sus autores intelectuales tienen amplias probabilidades de salir impunes del ataque, de ir construyendo su zona de silencio, de aterrorizar a los medios de comunicación e impedir que cuenten lo que ocurre ahí.

Frente a esa agresión, redes de periodistas de diversas entidades del país se coordinaron con el objetivo de enviar un mensaje: los asesinatos de periodistas ya no le saldrán baratos a sus autores intelectuales. De ahora en adelante motivarán la movilización del gremio. Una de las primeras acciones fue la visita a Coatzacoalcos de una Misión de Observación de periodistas y miembros de ONG, con la Red de Periodistas de a Pie como columna vertebral, además de Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa. Formé parte de esa Misión, que estuvo en Coatzacoalcos y Xalapa el 15, 16 y 17 de febrero. El primer objetivo fue expresar la solidaridad del gremio con la familia y los colegas de Gregorio Jiménez. Además, sus miembros se entrevistaron con actores locales y producirán un informe sobre el caso, así como de las condiciones para ejercer el periodismo en la zona. Dicho informe se dará a conocer el 5 de marzo, cuando se cumpla un mes del secuestro de Gregorio Jiménez.

Esta red de redes de periodistas –articulada en seis estados del país— ha decidido dar un paso adelante y salir a las calles: ha convocado a la ciudadanía a que se concentre en el Ángel de la Independencia este domingo 23 de febrero al mediodía. Nuestra demanda es que se proteja el derecho ciudadano a la información, y para ello le exigimos al presidente Enrique Peña Nieto que garantice las condiciones para la libre expresión en todo el país, empezando por Veracruz. A la Procuraduría General de la República (Fiscalía General) le demandamos que ejerza su facultad de atracción e indague el asesinato de Gregorio Jiménez, puesto que no confiamos en la investigación del gobierno de Javier Duarte y su hipótesis de que el asesinato se redujo a un conflicto vecinal. Al gobierno de Veracruz le solicitamos que forme un fondo financiero que garantice la educación de los dependientes económicos de Gregorio Jiménez hasta el nivel superior, además de una pensión a la viuda. Ese mismo fondo debería de beneficiar a los dependientes de los otros periodistas asesinados y desaparecidos que se quedaron sin sus proveedores económicos.

Semanas antes de su muerte, Gregorio Jiménez le pidió a sus compañeros que abogaran por él si algo le pasaba. Con gran valor, sus compañeros de Coatzacoalcos salieron a las calles a exigir, primero, su presentación con vida y, cuando el crimen se había consumado, pidieron justicia para Gregorio. Se manifestaron a pesar de que eran seguidos por halcones (vigilantes) del crimen organizado. Sus patrones, además, amenazaron con despedirlos si se movilizaban. En honor a ese valor de nuestros colegas y en memoria de Gregorio Jiménez de la Cruz, llamamos a la ciudadanía a que exija este domingo su derecho a la información en el Ángel de la Independencia.

Periodista. Autor de Ovejas Negras, rebeldes de la Iglesia mexicana del siglo XXI, editorial Océano.