Los liberales ante la desigualdad en América Latina

El debate sobre la desigualdad promete dominar la discusión política este año. En Washington, el presidente Obama hizo del tema el eje central de su discurso del Estado de la Unión. En Davos, líderes políticos y empresariales reunidos en el Foro Económico Mundial discutieron sobre los retos que implica la creciente disparidad de ingresos en los países desarrollados. Y en La Habana, los presidentes de América Latina enfatizaron su compromiso para luchar contra dicho flagelo durante la cumbre de la CELAC.

El tema reviste particular relevancia en América Latina, al ser la región que presenta la mayor desigualdad del planeta. Paradójicamente, desde el 2000 la brecha en los ingresos, medida por el coeficiente de Gini, viene disminuyendo en todos los países latinoamericanos, con excepción de Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Aun así, las diferencias significativas que todavía persisten entre ricos y pobres constituyen un constante foco de fricción social y político.

Para los abanderados del liberalismo económico, el debate sobre la desigualdad en América Latina presenta un serio reto académico y político: nuestro énfasis siempre ha sido el combate a la pobreza, no la lucha por sociedades materialmente igualitarias. Siempre y cuando la gente salga de la miseria y prospere, no debería importarnos que otros aumenten sus fortunas. Es más, el mismo concepto de “distribución de la riqueza” nos resulta problemático, ya que da a entender que esta es una constante que simplemente hay que repartir, no generar. La historia está llena de ejemplos de naciones que optaron por distribuir la riqueza y más bien terminaron dilapidándola.

Sin embargo, los liberales no podemos obviar las causas de la persistente desigualdad en la región. Friedrich Hayek, uno de los grandes pensadores liberales del siglo XX, sostenía que siempre y cuando las reglas del juego fueran justas, el resultado sería justo. Esto nos lleva al hecho de que en América Latina el sistema económico imperante desde tiempos de la colonia se ha caracterizado por ser mercantilista. Es decir, el Estado escoge a los ganadores y perdedores.

Por ejemplo, una de las políticas más regresivas fue la manera en que por muchos años los Gobiernos latinoamericanos recurrieron a sus Bancos Centrales como fuente fácil de financiamiento, atizando altos niveles de inflación. Según datos de Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins, en las últimas cuatro décadas han ocurrido siete episodios hiperinflacionarios en la región. La inflación es el impuesto más regresivo, ya que castiga a los pobres más que a ningún otro sector de la población. A diferencia de las clases altas y medias, que pueden protegerse de manera más efectiva a través de la posesión de activos o el cambio de sus ahorros a divisas, los pobres no tienen activos ni ahorros significativos. Afortunadamente, reformas en los últimos 15 años han traído estabilidad monetaria a América Latina (con las conocidas excepciones de Argentina y Venezuela): la mediana de inflación en el 2013 fue de apenas 3,9%.

El proteccionismo y las altas barreras de entrada a la competencia en diversos mercados han sido otra herramienta de privilegio. A pesar de los procesos de liberalización de las últimas dos décadas, la ausencia de competencia aún persiste en numerosos sectores agrícolas e industriales. Por lo general, la finalidad de estas trabas es la protección de vastos emporios corporativos a expensas de los consumidores. Muchas de las grandes fortunas latinoamericanas pueden trazarse a empresarios que han sido más exitosos en cosechar conexiones políticas que en ofrecer productos y servicios de calidad a un buen precio.

Pero es en la política regulatoria donde encontramos los mayores obstáculos para que los sectores de menos ingresos salgan adelante. En 1986, Hernando de Soto llamó la atención sobre el problema en su libro El Otro Sendero. En él, documentó los enormes costos burocráticos que enfrentaban las clases populares del Perú para emprender un negocio. Los ricos y, en cierta medida, la clase media pueden contratar abogados y contadores para sortear dicho viacrucis regulatorio, pero a los pobres no les queda otra que engrosar la economía informal.

El informe Haciendo Negocios del Banco Mundial ha revelado la extensión del problema: la nuestra es consistentemente la región del mundo que pone más obstáculos a la gente que quiere abrir una empresa. Once países latinoamericanos se encuentran por debajo del puesto 100 en el ranquin que reúne a 189 economías. Solo tres, Chile, Perú y Colombia, están en las primeras 50 posiciones. Esta realidad contrasta con los lugares que ostentan en dicho índice naciones desarrolladas como Nueva Zelanda (3), Suecia (14) o Canadá (19). No en vano, mi colega Johan Norbeg ha señalado que en los países desarrollados, si uno se quiere hacerse rico, se pone un negocio, mientras que en América Latina hay que ser rico para poder abrirse uno.

Según un estudio publicado el año pasado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 47,7% de los latinoamericanos que laboran en actividades no agrícolas trabajan en la economía paralela. La informalidad limita seriamente las perspectivas de desarrollo, al imponer una suerte de apartheid legal y económico a la gente que se encuentra en ella. Por ende, la capacidad de la región para reducir significativamente la brecha de ingresos enfrentará graves dificultades hasta el tanto casi uno de cada dos latinoamericanos esté empleado en el sector informal.

Como vemos, en América Latina la desigualdad es, en gran medida, un resultado injusto porque las reglas del juego nunca han sido justas. La solución no consiste en agrandar aún más unas burocracias nacionales elefantiásicas; sino en recortar las múltiples distorsiones estatales en la economía que perjudican a los que menos tienen. En eso, los liberales tenemos mucho que contribuir a la discusión.

Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, DC.