Las víctimas rompen con el Gobierno de Coahuila por la “farsa” de las narcofosas

A México le faltan 26.000 mexicanos. La angustia de las familias pone cara a la mayor deuda que arrastra un país que hasta hoy no ha podido explicar dónde están sus desaparecidos. El último golpe a las víctimas se vivió estos últimos días en el Estado de Coahuila, al norte del país, una de las zonas más castigadas por la violencia del crimen organizado entre 2006 y 2012. El hallazgo de varias narcofosas con restos humanos, un hecho que donde ocurre sacude la esperanza y el temor de las familias, ha estado acompañado de una información confusa y hasta contradictoria del Gobierno local, lo que ha acabado con la paciencia de las víctimas. La mayor asociación estatal, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), decidió este lunes romper el diálogo con las autoridades por primera vez en cuatro años. "Todo ha sido una farsa", resume Rosario Villanueva, que busca a su hijo desde 2009.

Una foto en los periódicos revolvió la semana pasada la tensa espera de las víctimas en Coahuila. Las familias se enteraron por la prensa de que el Gobierno local había localizado varias narcofosas. Nadie quiere hablar de ello, pero la pregunta maldita no se va de la cabeza. “¿Será el mío?”. Las autoridades, incluido el gobernador Rubén Moreira, se sentaron este sábado con miembros de Fuundec para informarles de un hecho que se publicitó en principio en la prensa como “el primer gran operativo a nivel nacional” para buscar a personas no localizadas y que, en un cambio de discurso, este lunes el propio Moreira definió como “pequeños hallazgos”.

"Se le preguntó al gobernador si se siguieron los protocolos de búsqueda y dijo que sí habían tenido cuidado con los restos, pero todo es mentira", explica Villanueva. En su mente están las imágenes que grabó la cadena estadounidense en español Univisión del operativo en Allende (una población a 60 kilómetros de la frontera con EE UU) en la que se ve maquinaria pesada trabajando sobre los ranchos en los que el crimen organizado habría enterrado a las víctimas. “¿Sabes cómo hacen cuándo encuentran dinosaurios? Con cepillos y con mucho cuidado de no romper nada. Aquí buscan personas pisando el terreno”, se quejaba el pasado miércoles en Saltillo (capital de Coahuila) Raúl Reyes, que busca su hijo Raúl Ignacio, de 34 años, desde abril de 2009.

El subprocurador de personas no localizadas y jefe del supuesto operativo, Juan José Yáñez, aseguró ese día en entrevista con EL PAÍS que se contó la participación de más de 250 personas, entre personal de la policía estatal, federal y del ejército, para “peinar” un número indeterminado de ranchos en 11 municipios del Estado, el tercero más grande del país y que ocupa 150.000 kilómetros cuadrados. Yáñez detalló que el procedimiento usado fue ir “picando la tierra” con palos para que los perros adiestrados pudieran oler los restos. También contaron con la ayuda de georradares.

EL PAÍS viajó hasta a Coahuila el pasado miércoles con el compromiso del Gobierno estatal de mostrar el operativo que se estaba desarrollando en la ciudad de Monclova, pero un día antes, de forma inesperada, las autoridades dijeron que los trabajos habían concluido. Los funcionarios no mostraron, como se les pidió, un mapa de las zonas sobre las que se había trabajado ni permitieron, pese a su compromiso inicial, ver los restos hallados que, supuestamente, se recibieron ese mismo día en el Servicio Médico Forense (SEMEFO). Este periódico no halló ningún indicio que demuestre que se realizó el operativo más allá de la información de las autoridades.

El procurador y el subprocurador explicaron que se localizaron huesos, restos quemados y varios tambos que serían utilizados por los criminales para hacer desaparecer los cadáveres hasta reducirlos a cenizas, lo que contrasta con la información dada por el gobernador este lunes. “Hay cuerpos que no se van a poder identificar”, advirtió Yáñez. Los análisis de ADN a los supuestos restos humanos tardarán meses, pero la desconfianza hacia las autoridades hace tiempo que se instaló en las familias. “Si nos dicen que son los nuestros, no lo vamos a aceptar, necesitamos pruebas. No es solo que los entreguen y se quiten el problema, queremos saber hasta el final, quién lo hizo y por qué”, dice el señor Reyes.

El Gobierno de Coahuila dice que la localización de las fosas se produjo gracias a información obtenida en interrogatorios a detenidos, en la declaración a alcaldes, exalcaldes y agentes de los 11 municipios rastreados y de información anónima de ciudadanos a los que se les hizo llegar un volante pidiendo su colaboración para hallar a personas desaparecidas.

Los medios de comunicación fueron dando con cuentagotas información sobre el operativo hasta que este sábado el diario El siglo de Torreón publicó que se habrían localizado 500 restos humanos en las fosas citando al subprocurador. El propio Yáñez negó a este periódico la información. “Nunca he hablado de números, todos los huesos podría corresponder a una sola persona”, dijo por teléfono.

El Estado de Coahuila, con unos 2,7 millones de habitantes, vivió una escalada violenta durante el mandato de Humberto Moreira (2006-2011), hermano del actual gobernador y nombrado presidente del PRI a nivel nacional en 2011, meses antes de ser defenestrado por el desaforado e ilegal aumento de la deuda estatal durante su mandato. Las autoridades estatales dicen que a raíz de 2011 la violencia ha bajado y que la tranquilidad ha vuelto a la zona. El procurador, Homero Ramos, recuerda que ese año se apartó al 33% de los agentes de policía de todo el Estado por corrupción y nexos con el narco. “Antes nos dedicábamos a combatir al crimen organizado, ahora se persigue la delincuencia común”, dice.

La gran deuda pendiente sigue siendo con los desaparecidos. El Estado presume de ser de los pocos de la nación que ha “reconocido el problema”. De hecho, en 2011 se creó una subprocuraduría de personas no localizadas, que ha elaborado una base de datos completa, ha recabado muestras de ADN y se ha acercado a las víctimas a través de una reunión bimestral en la que se informa de los avances en la búsqueda. La última de esas reuniones fue la de este sábado, tras la que Fuundec decidió levantarse de la mesa y emitió un comunicado. "Fuundec rechaza categóricamente el operativo, manifiesta su duda sobre sus resultados, y suspende toda interlocución con el Estado mexicano, hasta que los responsables (...) expliquen pública y transparentemente lo sucedido".

“Nos sentimos defraudados por las autoridades, hacen puras promesas pero no investigan. En tres años y nueve meses nunca me han dado un resultado. Nosotros no queremos muertos, queremos vivos”, dice Mireia Villareal, la madre de los Cantú, que aporreó mientras pudo las dos camionetas que se tragaron a sus hijos una madrugada de 2011. A los veinteañeros Lauro y a su hermano Jorge se los llevaron de su casa de Torreón (Coahuila) unos hombres “vestidos como soldados” entre los gritos desconsolados de su madre.

Otros simplemente desaparecieron tras un hasta luego. José Alberto Cerda salió de su casa en Saltillo rumbo a Monterrey para arreglar su coche hace cuatro años. Claudia Risada, de 25 años, dejó a su hijo con su madre y dijo que iba a cenar con su novio una noche de 2011. Antonio Jaime Aldaco, de 40 años, fue a comprar cigarrillos a unas cuadras de su casa en Saltillo una tarde de abril de 2009. Así los vieron irse. Así, solo en Coahuila, hay al menos 1.665 vidas suspendidas.