México emprenderá una nueva batalla contra los secuestros

Durante el primer año de mandato de Enrique Peña Nieto, México ha logrado reducir el número de homicidios pero las crisis de violencia en Guerrero y Michoacán, con el enfrentamiento ente civiles y narcotraficantes, y el aumento de la extorsión y los secuestros (24.9%) han dejado en entredicho la política de seguridad del presidente. Uno de los primeros propósitos del Gobierno en este nuevo año es atajar este último delito, el de los raptos, que alarma especialmente a la sociedad por la incidencia que tiene sobre la clase media. El Gobierno está preparando un plan nacional antisecuestro que el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, ha coordinado con expertos, víctimas y gobernadores de los Estados afectados por esta lacra.

Osorio no comienza desde cero. Se trata de la cuarta estrategia en este sentido que emprende el país en menos de dos décadas. Los presidentes Ernesto Zedillo (en 1997), Vicente Fox (en 2004) y Felipe Calderón (en 2008) intentaron bajar el número de raptos en el país con resultados desiguales. Mientras que en la época de Fox se crearon las primeras unidades policiales especializadas en este delito y se logró desarticular a bandas dedicadas al negocio, durante el sexenio de Calderón éstas se descuidaron y los esfuerzos se destinaron a otro tipo de tareas.

El Gobierno de Peña Nieto tiene que enfrentar seriamente el problema tras un año de malas cifras. En sus primeros 12 meses, en comparación con el último año de Calderón, los secuestros se han incrementado un 24.9%, de acuerdo con los datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En nueve estados, aumentó entre un 20 y un 70%. Se presentaron casi 1.500 denuncias, aunque es conocido que la mayoría de los casos no se dan a conocer a las autoridades. El Instituto Nacional de Estadística (Inegi), de todos modos, dinamitó todos estos números al dar a conocer el año pasado que en 2012 se cometieron 105.000 secuestros y que el 92% no habían sido denunciados.

Por ahora, sobre la nueva unidad ha trascendido que no contará con una cabeza visible, un zar antisecuestros, sino que dependerá de la estructura que se ocupa de la seguridad en el Gobierno. Osorio Chong y su equipo han dialogado con los gobernadores de las diez entidades más afectadas (Durango, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán…). El plan iba a darse a conocer durante la segunda semana de enero pero el aumento de la violencia en Michoacán debido a los enfrentamientos entre autodefensas -agricultores y vecinos levantados en armas- y miembros de los carteles, una crisis que ha tenido eco internacional, lo ha retrasado.

María Elena Morera, presidente de Causa en Común, una organización que apoya a los familiares y a las víctimas de los secuestros, mantuvo un encuentro con Osorio Chong y el director del Cisen, el órgano de inteligencia mexicano, Eugenio Imaz. “Les insistí en la importancia de que una vez que se creen esas unidades antisecuestros no sean utilizadas para otros delitos. Así se corrompen. A Mondragón (comisionado nacional de seguridad) no le ha interesado el tema y Damián Canales (jefe de investigación de la policía federal) y su equipo no responden. Es más necesario que nunca este plan”, explica Morera.

Las víctimas tienen la sensación de que el Gobierno anterior, centrado en el combate a los narcotraficantes, ignoró el problema. Aunque es cierto que Calderón, el presidente que invirtió todo su capital político en combatir al crimen organizado, anunció hace cuatro años una estrategia para reducir los secuestros. En esas fechas se vivía un repunte. Su Gobierno creó unidades antisecuestros y una ley que finalmente fue aprobada en 2010 con novedades como la infiltración de agentes en organizaciones criminales o el apoyo a víctimas . Los grupos policiales especiales se enviaron a los Estados pero finalmente fueron utilizados para combatir el narcotráfico.

A Isabel Miranda de Wallace le secuestraron y asesinaron un hijo en 2005. Desde entonces se dedica en cuerpo y alma a combatirlos, ya sea desde la política o el activismo. Ella lleva mucho tiempo pidiendo un órgano gubernamental que se dedique exclusivamente a perseguirlos. “Le he pedido a los dirigentes que dediquen todo su esfuerzo durante los seis primeros meses de la unidad a seis regiones que suman el 60% de los secuestros: Estado de México, Tamaulipas, Morelos, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. Con la coordinación adecuada entre policía e inteligencia, podríamos rebajar las cifras un 50%”, despliega sobre el tablero Wallace.

Los secuestros y las extorsiones a menudo se coordinan desde el interior de las cárceles. Los presos se pasen por el patio teléfono en mano y en las celdas instalan unidades operativas desde las que amenazan y exigen rescates a las víctimas. Una parte del presupuesto del plan antisecuestros puede que se destine a instalar inhibidores de señal en las prisiones. "Solo le pido al presidente que aborde con seriedad el tema de una vez. Que no nos falle, por favor", finaliza Wallace.