La CIDH y HRW alertan sobre las condenas por difamación en Ecuador

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado este viernes su preocupación por la confirmación de las condenas al asambleísta ecuatoriano Cléver Jiménez, a su asesor, el periodista Fernando Villavicencio, y al sindicalista Carlos Figueroa, por un delito de injurias contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa. La relatoría alerta del peligro que esta decisión supone para la libertad de expresión en el país sudamericano, un día después de que la organización Human Rights Watch (HRW), pidiera al mandatario que dejara de hacer uso de las leyes penales de difamación para perseguir a sus críticos.

“La CIDH, con fundamento en la Convención Americana de sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera, por ello, el derecho a la libertad de expresión”, señala el comunicado de la relatoría. El responsable de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco abundaba en esa misma línea un día antes. “El enjuiciamiento y la condena del legislador opositor y de dos activistas por difamar al presidente viola sus derechos de libertad de expresión bajo la ley internacional de derechos humanos”, aseguró Vivanco.

Resulta desproporcionado el uso del derecho penal para proteger la honra de servidores públicos frente a las denuncias relacionadas con el ejercicio de sus funciones formuladas ante las autoridades correspondientes” CIDH

El pasado 14 de enero, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmaba la condena a 18 meses de cárcel, una indemnización equivalente al sueldo del presidente ecuatoriano desde agosto de 2011 hasta la fecha -en marzo del año pasado la presidencia fijó en 6.957 dólares el sueldo de Correa- y la petición de disculpas públicas en varios medios de comunicación, a Jiménez, líder del movimiento Pachakutik y a Villavicencio, y a seis meses de prisión a Figueroa -que vio rebajada la sanción por buena conducta-.

El origen de esta pena se remonta a 2011, cuando los tres interpusieron una denuncia ante la fiscalía ecuatoriana argumentando que Correa supuestamente habría ordenado la incursión armada en el hospital de la Policía durante las revueltas del 30 de septiembre de 2010. La demanda fue desestimada por la Corte Nacional de Justicia, que la calificó de “maliciosa y temeraria”. El presidente Correa, posteriormente, contraatacó, demandando a los activistas por injurias, lo que motivó un fallo a favor del mandatario en 2013, que fue confirmado la semana pasada.

La relatoría de Libertad de Expresión sostiene en su comunicado que “resulta desproporcionado el uso del derecho penal para proteger la honra de servidores públicos frente a las denuncias relacionadas con el ejercicio de sus funciones formuladas ante las autoridades correspondientes” y alerta de cómo esta práctica puede llegar a “impedir o inhibir el control social sobre los funcionarios públicos”.

Más directo fue el responsable de HRW quien instó a Correa a “dejar de usar las leyes penales para atacar a sus críticos” y reconoció que en el caso de Jiménez y Villavicencio “su abuso de poder para suprimir a quienes ve como enemigos alcanzó niveles alarmantes". Vivanco ya se refirió al retroceso en materia de libertad de expresión de Ecuador este martes en la presentación del Informe anual de HRW. El capítulo dedicado a este país se muestra muy crítico con la Ley de Medios aprobada en junio de 2013 y hace referencia de manera expresa al caso de Jiménez y Villavicencio.

El responsable de HRW reconoció que en el caso de Jiménez y Villavicencio "el abuso de poder de Correa para suprimir a quienes ve como enemigos alcanzó niveles alarmantes"

El Gobierno ecuatoriano ha rechazado el contenido del informe de HRW asegurando que se trataba de un “análisis político” que no tenía “nada que ver con la realidad que se vive en el país”. Es lo que sostuvo el presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Patricio Barriga, en una entrevista concedida a la agencia de noticias estatal, ANDES. “En Ecuador se puede decir lo que se quiera. Lo único que se pide es que quien lo diga se haga responsable”, puntualizó.

La sentencia definitiva de la Corte Nacional ecuatoriana pilló a Villavicencio en Washington, a donde se trasladó para denunciar su situación ante congresistas estadounidenses, grupos de derechos civiles y la propia CIDH, ante la que está preparando la solicitud de medidas cautelares que suspendan la ejecución de su condena. El periodista no parece estar dispuesto a regresar a Ecuador, tal y como reconoció en una entrevista concedida a este diario. “Hay héroes que van al cementerio. Yo podría ir a Ecuador y entregarme, y podrá pasar cualquier cosa y acabar siendo recordado como un hombre que alguna vez fue crítico con el poder. Estoy sopesando todas las opciones, pero la verdad es que no me veo con esposas”, sostuvo.