El caricaturista Bonil, primer señalado por la Ley de Comunicación de Ecuador

La Ley de Comunicación en Ecuador, que según la organización Human Rights Watch “cercena la libertad de prensa”, ha empezado a aplicarse siete meses después de su aprobación. El caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) ha sido el primer profesional llamado a rendir cuentas de su trabajo en la Superintendencia de Información y Comunicación. Un informe interno de esta entidad señala que Bonil tergiversa la verdad y apoya la agitación social con la caricatura que publicó en el diario El Universo el pasado 28 de diciembre, en torno al allanamiento del piso de Fernando Villavicencio, periodista y asesor de un asambleísta de la oposición.

La caricatura, junto a la leyenda: “Policía y Fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción”, usaba el gancho de la Navidad para narrar lo que pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de diciembre, tal y como lo narraron los afectados y varios medios de comunicación.

En los tres meses que lleva operando, la Superintendencia de la Información ha procesado 52 casos, de los que 20 han sido resueltos. El titular de esta entidad, Carlos Ochoa, no ha dado mayor información al respecto, lo poco que se sabe es gracias a una entrevista que dio a la Agencia Estatal de Noticias Andes. “Ningún caso es analizado en público, sino que se notifica a las partes y después de un proceso legal se determina si existe violación o no a la ley”, dice Ochoa a la agencia de noticias.

El caso de Bonil trascendió por la mención que hiciera el presidente Rafael Correa, en su informe de actividades del pasado 4 de enero. En el espacio La canallada de la semana tachó a Xavier Bonilla de "sicario de tinta y enfermo” y amenazó con aplicar la Ley de Comunicación. “Presentaremos la queja, ahora ya tenemos una Ley de Comunicación que nos defiende. Por más que se disfracen de caricaturistas jocosos para destilar su odio”.

El primer día laborable después de que Correa hiciera estas declaraciones, el Superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, solicitó al diario El Universo copias de la caricatura y la identidad del autor de la misma y a partir de aquello, el caricaturista y su abogado han hecho público todo el proceso. El pasado martes respondieron a la Superintendencia con un escrito de siete páginas en las que se explica desde varias ópticas lo que es una caricatura. “Su sustrato y en su esencia radica en la exageración y humorización de la realidad (...) es una opinión humorística gráfica, por tanto sujeta a la perspectiva tanto de quien la realiza, como de quien la observa”, reza el texto. El caricaturista además cita todos los reportes de prensa de dónde recogió la información para hacer su caricatura.

El abogado de Bonil explica que lo siguiente será una audiencia en la que las partes presentarán sus pruebas, evidencias y documentos pertinentes al caso. La Superintendencia tiene cinco días para hacer esta convocatoria y luego dispone de dos días para emitir la sanción o el archivo de la causa, todo esto está explicado en el novísimo reglamento de la Ley de Comunicación, que el Presidente Rafael Correa expidió al inicio de esta semana y que puntualiza algunos puntos que no estaban claros en la Ley de Comunicación que fue aprobada en junio del año pasado.

El reglamento, que contiene 89 artículos y cuatro disposiciones transitorias, va más allá de la Ley de Comunicación en su afán de controlar los contenidos. A César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), le preocupa el control de medios de comunicación por Internet, que no estaba estipulado en la ley y que ahora aparece en el reglamento. “Hay una especie de esquizofrenia legal porque aparentemente se garantizan los derechos, pero en el artículo siguiente se limitan. En el art. 2 del reglamento se excluye del control a los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o institucionales, pero en el art. 3 se dice que cualquier medio por Internet será sometido a la ley, entonces sí están sometiendo a control los contenidos en Internet”.

Ricaurte y su equipo de trabajo llevan desde 2008 una bitácora de las restricciones a la libertad de prensa. Solo en el año pasado reportaron 174 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. “La mayoría de agresiones son protagonizadas por funcionarios del Estado y por acciones abusivas del poder estatal, el principal agresor es el mismo presidente Rafael Correa. El 13% de todas las agresiones las protagonizó él”, señala Ricaurte. “El presidente mantiene un constante y sistemático discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación. Ha calificado con los más duros ajdetivos a los periodistas, en su programa sabatino los identifica con sus nombres y apellidos y exhibe sus fotografías. Eso lo hace cuando no le ha gustado alguna crítica o alguna columna de opinión”.

A esto se suman los enjuiciamientos a medios de comunicación, periodistas y editorialistas. Fundamedios ha contabilizado 42 juicios desde 2008 y cada vez hay más casos que intentan imitar al juicio que llevó Rafael Correa contra el diario El Universo y en que pidió 40 millones de dólares por daños y perjuicios. El año pasado, una exjueza denunció por injurias a un medio de la provincia fronteriza de Esmeraldas y pidió 30 millones de dólares como indemnización. “El presidente cuando enjuició a El Universo pedía a los ciudadanos que enjuiciaran a medios y a periodistas y efectivamente hay un incremento del uso de la justicia para callar a los periodistas”, cuenta Ricaurte.

Correa también ha arremetido contra medios de comunicación internacionales. En octubre acusó de parcialidad a la revista The Economist, por un artículo que publicó sobre las operaciones de Texaco-Chevron e inició una campaña de desprestigio a través de Twitter. Este año ha hecho lo mismo con la revista Newsweek y el diario Miami Herald. La revista cuestionó el papel del Estado en la masacre de los pueblos no contactados y el diario se hizo eco del allanamiento a la casa y despacho del asambleísta de oposición, Cléver Jimenez, y a la casa de su asesor, Fernando Villavicencio. Un tema que se ha vuelto intocable para el Gobierno.

Human Rights Watch, en su informe sobre el continente hecho público esta semana, coincide en gran parte con Fundamedios. De la Ley de Comunicación, la ONG asegura que “con disposiciones poco precisas, regula los medios audiovisuales y escritos de un modo que cercena la libertad de prensa”. La organización alerta de cómo la norma “abre la puerta a la censura, en tanto otorga al Gobierno o los jueces la potestad de decidir si la información es veraz”.

El Diario EL PAÍS también ha sido el blanco de los ataques del Gobierno ecuatoriano. Durante esta jornada se ha descalificado a este medio por publicar una entrevista con Fernando Villavicencio, que ahora se encuentra en Washington barajando la posibilidad de pedir asilo. El argumento principal Gobierno ecuatoriano es que los grandes grupos mediáticos están en contra de los gobiernos progresistas.