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República Dominicana y Haití dialogan sobre las tensiones migratorias

Entre los asuntos por resolver están los roces generados por la sentencia del Constitucional dominicano que niega la nacionalidad a miles ciudadanos de origen haitiano

Autoridades dominicanas controlan el acceso de haitianos en la frontera
Autoridades dominicanas controlan el acceso de haitianos en la frontera EFE

República Dominicana y Haití han ratificado este martes su voluntad de dialogar para resolver las diferencias que han distanciado a ambas naciones en el último año, especialmente desde la aprobación, en septiembre de 2013, de una sentencia que niega la nacionalidad a miles de dominicanos de origen haitiano nacidos a partir de 1929. Representantes de los dos Gobiernos sostuvieron este 7 de enero, en la ciudad haitiana de Ouanaminthe, la primera de una serie de reuniones conjuntas en las que buscarán solución a los problemas migratorios y comerciales que entorpecen la relación binacional, y donde participarán observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom), de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de Venezuela. El siguiente encuentro está pautado para el próximo 3 de enero en territorio dominicano.

Tras más de siete horas de conversaciones, ambos países emitieron una declaración conjunta en la que informaron que “buena parte de la reunión se dedicó a hablar del tema migratorio” en un tono de “serenidad y respeto mutuo”. Respecto al tema de los efectos de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional dominicano en septiembre de 2013, que niega y revoca la nacionalidad a los hijos de haitianos en situación de ilegalidad nacidos en República Dominicana a partir de 1929, el documento señala que el debate no ha sido agotado y será retomado en el siguiente encuentro.

Por lo pronto, señala el documento, Haití ha reconocido “el derecho soberano de República Dominicana para determinar su política migratoria y las reglas para el otorgamiento de la nacionalidad” y con base en ello, ha solicitado al país vecino “garantías concretas para salvaguardar los derechos básicos de las personas de origen haitiano”. Por su parte, Gobierno de Santo Domingo ha anunciado a través de la declaración que “en las próximas semanas avanzará en legislación adicional para dar respuesta a todos los casos no contemplados en el plan de regularización (de extranjeros)” decretado el 29 de noviembre pasado por el presidente Danilo Medina, para dar cumplimiento a la sentencia del máximo tribunal y donde se establecen los criterios para acceder a la nacionalidad o al estatus legal de residente.

Tanto Haití como República Dominicana coincidieron además en la necesidad de regular la situación migratoria de los trabajadores temporeros haitianos, que trabajan por temporadas en las plantaciones y en las construcciones dominicanas. El Gobierno dominicano anunció que ya ha dado el primer paso en este sentido, luego de que el Consejo Nacional de Migraciones aprobara la semana pasada un programa de dotación de visas para estos trabajadores. Las autoridades de Puerto Príncipe, en tanto, se comprometieron a otorgar pasaportes a sus nacionales, para que puedan agilizar su regularización como trabajadores legales en territorio dominicano.

La reunión de este martes representa la continuación del diálogo iniciado por los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly a instancias de Venezuela, durante la segunda cumbre especial de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) y Petrocaribe, celebrada en Caracas en diciembre pasado. En este primer encuentro, la delegación haitiana estuvo encabezada por el primer ministro Laurent Lamothe e integrada por los ministros de Exteriores, Pierre Richard-Casimir; de Interior y Autoridades Locales, David Bazile; y de Comercio, Nesmy Manigat. Mientras, República Dominicana estuvo representada por el ministro de la Presidencia Rafael Montalvo; el ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul; el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo; y el canciller encargado, José Manuel Trullols. También asistieron como observadores cuatro representantes del Gobierno de Venezuela, de la Comunidad del Caribe, de la Unión Europea y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), respectivamente. Se prevé que a la cita del próximo 3 de febrero serán invitados representantes de organizaciones empresariales de ambos países.