Las decapitaciones en una cárcel de Brasil reflejan su crisis penitenciaria

Una cárcel construida para 1.700 personas alberga a 2.500. Un área que debería ser controlada por agentes penitenciarios es dominada por bandas criminales, que poseen teléfonos móviles de última generación e incluso armas. Vigilantes que deberían de impedir las irregularidades se abstienen y, en algunos casos, son fácilmente corrompidos. Todo eso ocurre en el complejo penitenciario de Pedrinhas, el más grande de Maranhão (al noreste de Brasil), pero podría muy bien ilustrar lo que ocurre en la inmensa mayoría de los 1.478 presidios del país.

En el periodo de un año, 62 detenidos murieron en aquel Estado. Algunos fueron acuchillados y después decapitados. Este martes, el periódico Folha de São Paulo publicó un vídeo que muestra tres cuerpos sin cabeza dentro de la mayor prisión maraniense.

Lo que sucede en Maranhão no es una novedad en el Brasil. El mismo complejo penitenciario de Pedrinhas ya enfrentó una rebelión en 2010 en la cual quedó evidente la situación. Una inspección del Consejo Nacional de Justicia de 2011 disparó las alertas de lo que podría ocurrir en el Estado.

A fines del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió una solución para acabar con los problemas de sobrepoblación, malos tratos e insalubridad en Pedrinhas y en el presidio céntrico de Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, donde 4.591 detenidos ocupan el espacio destinado a 1.984 personas.

Algunos años atrás se registraron otros casos en al menos otros cuatro Estados. En Espírito Santo, en 2009, las ONGs constataron que los presos dormían en carritos para ropa sucia. São Paulo, Paraná y Mato Grosso do Sul enfrentaron una serie de rebeliones que devinieron en asesinatos así como decapitaciones en 2006. En aquella ocasión, el caos se extendió a las calles con una serie de atentados contra efectivos de seguridad.

El contagio de la crisis a las calles ocurrió también en São Luís, la capital de Maranhão, en el fin de semana, cuando varios criminales recibieron órdenes de líderes de bandas que están presos para atacar comisarías e incendiar buses. Los ataques causaron la muerte de una niña de seis años de edad e hirieron a otras cuatro personas.

“Lo que sucede en Maranhão, desgraciadamente, retrata una realidad de los cárceles de todos los Estados brasileños. Los presos mandan en las prisiones. El Gobierno no tiene una políticas públicas para el sistema penintenciario ni tiene la estructura para controlar a esos detenidos”, afirmó el juez federal Walter Nunes da Silva Júnior, que por dos años inspeccionó presidios de 11 Estados del país desde el Consejo Nacional de Justicia.

Para el magistrado, la situación podría ser más caótica. “De una manera general, y pese a su situación, la mayoría de los presos son pacíficos. Imagina a una persona que tiene que hacer relevos para dormir, que no puede bañarse por días, que no puede ver el sol y que además tiene que compartir con otras 300 personas una celda que es para 36. Y que además tiene solo un cuarto de baño. Ellos [los presos] acaban creando códigos de conducta para sobrevivir y, cuando ese código no es respetado, comienzan las peleas que acaban en muertes”, indicó.

Ese código de conductas, según los especialistas, acaban por propiciar la creación de bandas  criminales que actúan dentro y fuera de las penitenciarías. La doctora en sociología Camila Nunes Dias, profesora de la Universidad Federal del ABC (UFABC) y una de las mayores estudiosas del asunto en Brasil, cree que los gobiernos estatales han renunciado al control de las cárceles.

“En la medida en que un Estado se preocupa en encarcelar, pero no en garantizar las mínimas condiciones de vida para el preso, se abre el camino para la formación de grupos criminales”, dice  Nunes Dias.

Para la especialista, en Maranhão, la falta de control llegó a ser exagerada, lo que resultó en la serie de muertes y de irregularidades que incluyen la violación de mujeres y hermanas de presos además de agresiones a los enfermos mentales.

Intervención federal

La coordinadora de la ONG Sociedad Maraniense de Derechos Humanos, Josiane Gamba, dice que tres factores han influido en la crisis por la cual atraviesa su Estado: la superpoblación carcelaria, la pelea entre bandas criminales por el mando de las prisiones y los funcionarios corruptos. “Sobran acusaciones contra esos servidores y poco se ha hecho en los últimos años”, afirmó.

Además de eso, hay también una falta de inversión por parte del gobierno estatal. El año pasado, la gestión de la gobernadora Roseana Sarney tuvo que echar mano de un presupuesto de aproximadamente 20 millones de reales ofrecido por el gobierno federal porque no cumplió el proyecto que preveía construir cinco nuevos complejos penitenciarios por el Estado, lo que ayudaría a reducir considerablemente la sobrepoblación carcelaria. Hoy, en Maranhão, hay 5.400 detenidos para 2.200 vacantes.

Delante de todo ese escenario y después de evaluar informes Consejo Nacional del Ministerio Púbhlico y del Consejo Nacional de Justicia, que concluyeron que Maranhão es incapaz de controlar sus cadenas, tres ONGs pidieron al gobierno federal que intervenga en el Estado.

La solicitud, firmado por Conectas Derechos Humanos, por Justicia Global y por la Sociedad Maranhense de Derechos Humanos comenzó a ser evaluada este martes por el fiscal general Rodrigo Janot.

La decisión que tome Janot debe tomar en cuenta las cuestiones técnicas y jurídicas, pero tendrá un peso político enorme. Eso porque la gobernadora Roseana Sarney es hija del senador José Sarney, ambos del PMDB, y aliados de primera hora de la presidenta Dilma Rousseff (PT).