Interpol retira la orden de captura contra el exguerrillero Edén Pastora

Costa Rica lo requiere por delitos forestales, pero Policía internacional justifica que él habría actuado como funcionario del gobierno de Ortega

Hector Retamal (Contacto)

El reconocido exguerrillero nicaragüense Edén Pastora, alias Comandante Cero, se lleva bien con los apuros mediáticos y ahora tiene una historia más que contar. Estuvo 15 días en la lista de buscados por la Policía Internacional (Interpol) y ahora, como para empezar bien el año, recibe la noticia de que ya fue retirada la alerta dictada por solicitud de la Justicia de su vecina Costa Rica, que lo requiere por cargos contra leyes ambientales.

La Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, anunció este viernes que ya no persigue a Edén Anastasio Pastora Gómez, pues considera que los hechos que le achaca el sistema judicial costarricense los habría cometido en función de su cargo como delegado del gobierno de Daniel Ortega. Se refiere a las obras de dragado del limítrofe río San Juan y del talado de una parte de bosque en la frontera, hechos que Costa Rica denunció como invasión a su territorio y que motivaron un juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Holanda.

La existencia de este litigio internacional entre Costa Rica y Nicaragua fue una de las consideraciones de la Interpol para retirar la alerta sobre Pastora, de acuerdo con la notificación hecha pública por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en San José. Así lo solicitó la Cancillería de Nicaragua el pasado 26 de diciembre, seis días después de que se conociera la emisión de la alerta internacional por petición de las autoridades costarricenses, pues un juzgado penal de Pococí (región Caribe) le mantiene la orden de captura por los delitos de “usurpación de bienes de dominio público e infracción a la Ley Forestal”.

“Es una payasada”, ha insistido en Nicaragua Edén Pastora, quien ocupa el cargo de delegado presidencial de Nicaragua para las obras de dragado del río San Juan, fuente histórica del conflicto, de por sí añejo, entre San José y Managua. “Cumplí órdenes”, insistió el exguerrillero, de acuerdo con la información destacada en el sitio de noticias oficialistas el19digital.com.

En San José, el viceministro de la Presidencia encargado de asuntos de Seguridad, Celso Gamboa, expresó a EL PAÍS que la decisión de Interpol “se acata y no se discute”, pero que en Costa Rica se mantiene vigente la orden de detención, por lo cual Pastora sería capturado si ingresa a suelo de Costa Rica, país del cual él tiene su segunda nacionalidad. El canciller costarricense Enrique Castillo dijo en medios informativos que la decisión hecha pública este viernes fue “algo precipitada”, pues las autoridades se aprestaban a justificarla pertinencia de la alerta internacional.

Edén Pastora es ahora parte del gobierno de Ortega, 30 años después de que fue uno de sus principales adversarios dentro de las facciones guerrilleras que enfrentaron a la dictadura de Anastasio Somoza y después a la “Contra”, las fuerzas armadas apoyadas por Estados Unidos que gobernaba entonces el presidente Ronald Reagan.

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El “Comandante Cero” ha resultado protagonista del conflicto que se desató a finales del 2010 entre los gobiernos de Daniel Ortega y Laura Chinchilla por la incursión de equipo de trabajo y de personal oficial en suelo costarricense, según sus autoridades. En los tres años siguientes ambas partes han abundado en acusaciones recíprocas, de usar la disputa diplomática para compensar la impopularidad interna de cada uno y de disimular problemas domésticos. Costa Rica ha llevado sus reclamos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), a Naciones Unidas y a su Corte en La Haya, tribunal que ya dictó medidas cautelares para obligar a ambas partes a mantenerse lejos de la zona en disputa, en el extremo caribeño de la frontera.

Fuentes diplomáticas en San José prevén que en este año dicten sentencia los jueces en La Haya y acabe, al menos por esta ocasión, el conflicto que tiene ribetes sociales y económicos, pues cálculos oficiales indican que unos 300.000 nicaragüenses viven y trabajan en Costa Rica. Además, San José ha acusado al gobierno de Ortega de urdir un plan de crecimiento territorial que le permita apropiarse de zonas marítimas donde podrían existir yacimientos de petróleo.

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