La ruta del dinero “K” y el uso político de la justicia en Argentina

Durante 2013, los pocos grupos de periodismo independiente que quedan en Argentina, lograron sacar a la luz una cantidad de hechos de corrupción que vinculan estrechamente a la familia Kirchner con el empresario Lázaro Báez y sumas multimillonarias de dinero. El gobierno, sin embargo, utilizó todo el poder a su disposición para intentar silenciar a la prensa y frenar en la justicia cualquier tipo de investigación. Hoy, todos los acusados se encuentran en libertad.

Lázaro Báez conoció a Néstor Kirchner a principios de los años ´90, cuando el primero era un simple empleado en el Banco de Santa Cruz, y el segundo, Intendente de Río Gallegos. Durante los años de Néstor y Cristina Kirchner en el poder, las empresas de Báez obtuvieron el 82% de los contratos de obra pública de la Provincia de Santa Cruz, los cuales, sumados a los contratos obtenidos con el gobierno nacional, representan más de 5.000 millones de pesos.

Una investigación del diario La Nación reveló que los activos de Báez crecieron de manera exponencial durante este período. En solo diez años, Báez compró al menos 80 propiedades en Río Gallegos, Buenos Aires y Capital Federal. Terrenos, apartamentos, empresas comerciales, e incluso edificios enteros, por los cuales en muchos casos pagó cifras muy por encima del valor del mercado. Báez compró en Capital Federal y alrededores unas 20 propiedades por un valor superior a los seis millones de dólares. En la Provincia de Santa Cruz, Báez se adjudicó por lo menos 263.000 hectáreas.

Las investigaciones periodísticas en torno a su persona salieron a la luz a comienzos de este año, cuando el periodista argentino Jorge Lanata reveló testimonios en los cuales, personas involucradas en el escándalo, lo señalaban como el testaferro de Néstor Kirchner, y revelaron el procedimiento utilizado para mover millonarias cantidades de efectivo a cuentas en el exterior (“La Ruta de Dinero K”), a través de un sin número de empresas fantasmas en Panamá, Belice, Suiza, etc.

La principal incógnita de esta historia continuaba siendo si este dinero obtenido irregularmente por Báez gracias a los Kirchner acababa en manos del expresidente o su esposa. Días atrás, el periodista argentino Hugo Alconada de La Nación, acabó por mostrar la conexión financiera, revelando documentos que demostraban que entre 2010 y 2011 Lázaro Báez “alquiló” los hoteles del matrimonio Kirchner en la Patagonia por un valor superior a los 14.5 millones de pesos. El modus operandi, según lo reportado por Alconada, era sencillo: siete de las empresas de Báez firmaron convenios confidenciales y retroactivos con hoteles propiedad de los Kirchner por el alquiler de más de 900 habitaciones cada mes, las cuales Báez pagaba sin importar que las mismas sean o no utilizadas.

En otras palabras, los Kirchner favorecieron a Báez en la obtención de contratos públicos por miles de millones de pesos; y luego Báez alquilaba los hoteles de los Kirchner, no para usarlos, sino para entregarles parte del dinero.

Báez no fue el único empresario que alquilaba los hoteles de los Kirchner para devolverle los favores recibidos. Una operación similar existe con la línea aérea propiedad del Estado, Aerolíneas Argentinas, que firmó un acuerdo con los hoteles a través del cual alquila el 30% del hotel Alto Calafate, independientemente de que las habitaciones sean o no utilizadas.

Ante esta revelación, Báez no negó la autenticidad de los documentos en manos del diario La Nación, sino que decidió acudir a la justicia y pedir una medida cautelar que prohíba a cualquier medio de comunicación audiovisual publicar el contenido, generar opinión, o realizar comentario alguno basado en documentos internos de sus empresas. De ser aprobada, esta medida cautelar constituiría un precedente muy peligroso para la libertad de prensa en el país, ya que significaría una acción de censura previa.

Por otra parte, el Gobierno ha hecho todo lo que se encuentra a su alcance para evitar que la investigación de este caso avance en la justicia. Días atrás, luego de un pedido de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público decidió suspender a el fiscal José María Campagnoli que investigaba la causa Lázaro Báez, alegando abuso de poder al pretender investigar la causa por lavado de dinero. El mensaje del gobierno fue muy claro: que nadie en el Poder Judicial argentino se atreva a investigar a la familia Kirchner.

Campagnoli, que luego de ser suspendido fue respaldado por políticos de oposición; asociaciones de abogados y magistrados; y un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil, dijo haber encontrado información que confirmaban las denuncias sobre Báez y los Kirchner.

La causa Lázaro Báez se encuentra en manos del juez federal Sebastián Casanello. La lentitud con lo cual avanza y la cantidad de irregularidades en el proceso llevaron a dirigentes de la oposición a denunciar al juez por supuesto “encubrimiento agravado”. No es la primera vez que Casanello actúa irregularmente en casos de interés para el gobierno. Poco tiempo atrás, dicho juez desestimó una denuncia por parte de un senador de oposición en contra de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó –la misma que pidió la suspensión de Campagnoli-, por "incumplimiento de deberes" y "nombramiento ilegal de funcionarios”.

A Cristina Kirchner le quedan menos de dos años en el poder. Habiendo perdido abruptamente las últimas elecciones legislativas pocos meses atrás, con bajísimos niveles de popularidad, y con una gran cantidad de casos de corrupción que la tocan muy de cerca, la presidenta parece estar decidida a deshacerse del poder judicial en lo que le queda en el cargo, en un intento desesperado por que sus crímenes de enriquecimiento ilícito y los de su difunto esposo permanezcan impunes.

Ezequiel Vázquez-Ger es consultor y analista político basado en Washington DC.

Twitter: @Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com