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Argentina sufre cortes de luz y amenaza con reestatalizar eléctricas

El Gobierno de Fernández advierte a Endesa y refuerza la seguridad para prevenir saqueos

Supermercado de la marca Chango Más saqueado durante la huelga de policías
Supermercado de la marca Chango Más saqueado durante la huelga de policías EFE

No son cortes de electricidad masivos, pero desde hace seis días algunas manzanas puntuales de decenas de barrios de Buenos Aires y su periferia permanecen sin servicio. Vecinos afectados han reaccionado con protestas: han montado piquetes con fogatas en las calles donde viven. Pese a que la mayoría de los 12 millones de habitantes de la capital y sus suburbios tiene luz, las quejas de los perjudicados se han hecho sentir en unos días de altas temperaturas en la primavera austral, en los que los ha irritado la falta de funcionamiento de equipos de aire acondicionado, ascensores, bombas de agua potable o neveras.

El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha tomado cartas en el asunto y el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, citó este jueves a los máximos ejecutivos de las dos eléctricas que abastecen Buenos Aires, Edesur, controlada por Endesa, y Edenor, del empresario local Marcelo Mindlin.

Al terminar el encuentro, Capitanich responsabilizó a las dos compañías por los cortes eléctricos y les advirtió de que podría reestatalizarlas. “Si no son capaces de prestar el servicio, entonces el Estado nacional está dispuesto a prestar el servicio en forma directa, no se pueden aceptar excusas. Vamos a actuar con todo el rigor”, prometió el jefe de Gabinete, que también aseguró que les impondrá multas y resarcimientos para los clientes perjudicados. Entre los usuarios sin electricidad figuraba, por ejemplo, un centro de radioterapia en el que se atienden cada día a 300 pacientes de cáncer.

Las empresas eléctricas reclaman desde la crisis argentina de 2002 aumentos de la tarifa. El sistema se mantiene sobre la base de subvenciones. Los hogares de Buenos Aires pagan varias veces menos que los de las provincias por la electricidad, con la excepción de algunos barrios ricos a los que a finales de 2011 les quitaron los subsidios. Expertos críticos del kirchnerismo opinan que las bajas tarifas, que pueden llevar a que un hogar de cuatro personas pague cuatro euros por mes, han desestimulado la inversión y han incentivado el consumo excesivo. En cambio, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, atribuyó las marcas históricas de consumo eléctrico de la última semana al crecimiento de la economía, del 3,4% en los primeros meses de 2013, y a las altas temperaturas.

Capitanich había sugerido este miércoles que los cortes eléctricos deberían ser programados y no aleatorios, como hasta ahora. La propuesta llevó a que la prensa crítica del kirchnerismo comparara la situación con las interrupciones programadas de finales de los 80, en el Gobierno de Raúl Alfonsín, cuando la insuficiencia era mucho mayor, los canales de televisión operaban solo cuatro horas por día y todos los barrios sufrían cortes diarias a determinadas horas. El ministro De Vido, que días antes había considerado que las interrupciones programadas eran una “locura”, corrigió a Capitanich, descartó su sugerencia y dijo que los cortes eran “preventivos”.

Los cortes aislados coinciden con días en los que el Gobierno de Fernández ha reforzado la seguridad para prevenir nuevos saqueos como los de las dos semanas pasadas. Las huelgas policiales que desprotegieron las calles y las liberaron a los robos en la mayoría de las provincias han terminado, pero las amenazas por redes sociales de asaltos en supermercados cercanos a barrios pobres han hecho que se refuerce la presencia de uniformados en el Gran Buenos Aires (periferia) este jueves y viernes.

En un hipermercado Carrefour del suburbio de San Fernando, un bus de la Policía bonaerense lleva días apostado en la puerta. Siete agentes esperaban fuera, mientras que cuatro merodeaban por los pasillos del comercio. “Por ahora está todo tranquilo”, decía un voluminoso policía de uniforme azul y boina verde. Hasta el jueves por la tarde no se reportaba ningún nuevo saqueo en Argentina. El encargado del hipermercado comentaba que en los próximos días los empleados de seguridad privada del local iban a llevar bolsas con comida navideña a dos barrios de chabolas vecinos.

No muy lejos de allí, en la avenida Avellaneda, el supermercado Agradecer, que en su frente tiene la imagen de la Muralla China, es uno de los cientos de comercios similares que han instalado inmigrantes de ese país asiático en Argentina en las últimas tres décadas. Los supermercadistas chinos sufrieron los saqueos en la crisis política, económica y social de Argentina en 2001 y, aunque la situación actual no se compara con aquella, han tomado precauciones, sobre todo por las amenazas en las redes sociales. En la persiana del supermercado Amanecer hace tiempo hay pintadas con insultos para sus dueños. “Chino buche (policía)”, dice una. Gendarmes iban y venían custodiando la avenida Avellaneda.

El director ejecutivo de la Federación de Supermercados Chinos, Miguel Calvete, contó que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino citó días antes al embajador argentino en Pekín para pedirle seguridad después de los saqueos de las últimas dos semanas. Además, los comerciantes acordaron con la embajada china y los Gobiernos argentino y bonaerense que este jueves y viernes, cuando se cumplen 12 años de la crisis de 2001, los locales redujeran el horario de atención y la cantidad de bienes ofertados, dejaran las persianas a medio bajar, se mantuvieran alertas ante la presencia de grupos sospechosos y cerraran directamente aquellos que estuvieran en zonas peligrosas. Calvete dijo que los supermercadistas chinos no preveían repartir ayuda en barrios pobres, pero comentó que sí lo harán y con más intensidad que otros años las grandes cadenas minoristas.

Una de las cinco centrales en la que está dividido el sindicalismo argentino marchó este jueves a la Plaza de Mayo para pedir un aumento salarial, después del que consiguieron los policías. Los empleados públicos nucleados en ese central fueron a la huelga. Los camioneros, que pertenece a otra, amenazaron con parar y consiguieron que la patronal les diera un bono navideño.