El alcalde de Bogotá afirma que su destitución es un acto “fascista”

Mientras en los círculos políticos ya se empieza a hablar de quién será el reemplazo provisional del destituido alcalde de Bogotá y cuándo se realizarán las elecciones para elegir un nuevo burgomaestre, Gustavo Petro ha anunciado que seguirá gobernando hasta que la Procuraduría ratifique o no la decisión que lo sacó del segundo cargo más importante del país y que le declaró prácticamente la muerte política, al inhabilitarlo a 15 años para ocupar cargos públicos.

“Sigo siendo el Alcalde de Bogotá hasta que la decisión de la Procuraduría quede en firme”. Así respondió Petro luego de conocerse su destitución por las fallas que cometió al implementar un esquema de aseo. Lo hizo en la emblemática Plaza de Bolívar, donde logró convocar a una multitud de sus seguidores que escucharon durante una hora al líder de izquierda, exguerrillero desmovilizado del movimiento M-19, congresista estrella y que alcanzó la alcaldía con más de 700.000 votos.

Petro invitó a defender la democracia. “Nosotros somos la generación de la paz, no nos vamos a dejar arrebatar de nuevo la esperanza de la paz y la democracia”, dijo mientras era ovacionado e insistió en una movilización de “indignados”. “Aquí comienza un movimiento popular. Esta Plaza de Bolívar tiene que ser el comienzo de muchas Plazas de Bolívar en todos los pueblos de Colombia”, dijo el lunes en la noche.

Pero el discurso fue subiendo de tono cuando calificó las acciones del Procurador General, Alejandro Ordóñez, como el “fascismo” al que hay que detener. “¿Qué le puede decir el procurador hoy al mundo?... que le ha quitado los derechos políticos, los derechos fundamentales a ejercer, a votar y a ser elegido a quién denunció el paramilitarismo, a quien denunció el cartel de la contratación por medio del cual, unos cuantos empresarios corruptos, empresarios del poder y de la muerte, habían decidido quedarse con los dineros públicos de todos los bogotanos”, dijo Petro, quien durante los dos años que lleva de mandato a estado en el ojo de la controversia, por decisiones como prohibir las corridas de toros en la capital y por intentar volver público el negocio del aseo concesionado desde hace más de 20 años a empresas privadas, que le costó el cargo.

El alcalde de Bogotá también dejó ver que su destitución manda un mal mensaje a La Habana, donde se negocia el fin del conflicto interno con la guerrilla de las FARC. “Quieren acabar con la Bogotá humana (lema de su gobierno) porque quieren acabar con la democracia en América Latina. Que lo sepan en La Habana... el mensaje que quiere dar el Procurador no es solamente la repetición vieja del discurso dogmático y sectario que elimina la diferencia... es lanzar un mensaje de guerra sobre La Habana”, añadió.

Los editoriales de los principales diarios del país también se pronunciaron este martes sobre la decisión del Procurador. El Espectador fue enfático en calificar la decisión de “desproporcionada” y “a todas luces exagerada”. Ese diario reconoce que se cometieron errores administrativos en el esquema de aseo que quiso implementar Petro, pero que no es motivo de destitución ni para inhabilitarlo por 15 años.

El debate también incluye el creciente poder del Procurador General, Alejandro Ordóñez, un conservador que fue reelegido en el cargo y que ha generado toda clase de polémicas no solo porque no le ha temblado la mano para sancionar duramente a políticos, sino porque por sus creencias católicas se ha convertido el enemigo número uno de los matrimonios entre parejas del mismo sexo y de la despenalización del aborto en los tres casos que está permitido en Colombia. De ahí que lo califiquen como “inquisidor”, “cavernario” y “dictador”. También ha sido opositor del proceso de paz que se adelanta con las FARC, del cual ha dicho que traerá impunidad, por lo que recientemente le pidió a la Corte Penal Internacional intervenir.

En el caso del alcalde Petro, ha crecido la duda de hasta qué punto el organismo de control disciplinario que dirige Ordóñez puede inhabilitar a un funcionario que fue elegido popularmente. El primero en salir a cuestionar esa facultad, fue el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien coincidió en un evento con Petro cuando este fue informado de su destitución. De inmediato pidió “revisar” esa facultad, algo en lo que también ha insistido el mismo Petro y otros como la senadora liberal Piedad Córdoba, que fue inhabilitada por 18 años, también por Ordóñez, por haber “colaborado” con las FARC. “Lo cierto es que esa posibilidad le da a la Procuraduría un excesivo poder y, es necesario decirlo, un amplio margen para mezclar el derecho con la política”, dice el editorial de El Espectador.

Por ahora, mientras se confirma la destitución, Petro convocó a una nueva movilización en la Plaza de Bolívar y Todd Howland, delegado de la ONU en Colombia, advirtió que revisará el fallo contra el Alcalde. "El Procurador tiene su mandato y está actuando en su mandato, pero también tiene que respetar los derechos humanos", dijo en una reunión en la casa presidencial.