Las protestas policiales se extienden por Argentina mientras el Gobierno pide paz

La bola de las protestas policiales en Argentina no para de crecer. Y con ella, el drama de los saqueos y las muertes. Hace una semana los agentes de la provincia de Córdoba extorsionaron a las autoridades al negarse a salir de los cuarteles hasta que no les subieran el sueldo. Y la ciudad, a 700 kilómetros de Buenos Aires, quedó en manos de los saqueadores. El gobernador peronista de Córdoba, José Manuel de la Sota, enfrentado al Gobierno peronista de Cristina Fernández, infravaloró el problema. A su vez, el Gobierno de Fernández cometió el error de no enviarle refuerzos a su rival político hasta que De la Sota no lo pidiera por el conducto reglamentario. A consecuencia de toda esa cadena de errores, la ciudad de 1,2 millones de habitantes quedó durante 35 horas en medio del caos, murió una persona y decenas resultaron heridas. Finalmente, De la Sota otorgó a los policías casi todo lo que exigieron. El salario básico pasó de la miseria de sus 6.000 pesos (unos 500 euros en el mercado extraoficial) a multiplicarse por dos. Los policías y el gobernador se mostraron sonrientes tras el acuerdo. Pero el problema solo acababa de empezar para el resto del país.

En menos de dos días los policías de cinco provincias argentinas comenzaron a exigir aumentos con parecidos métodos de fuerza. Conforme algunos gobernadores accedían a sus reclamos en otras provincias se acuartelaban otros agentes. En menos de una semana se produjeron decenas de saqueos en provincias como el Chaco, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos o Santa Fe. El lunes por la mañana ya se contaban nueve muertos. La mayoría de ellos eran asaltantes de comercio. Pero también falleció asfixiado el propietario chino de un local en Glew y murió baleado un subcomisario en el Chaco. La mecha de las protestas se había extendido por 17 provincias. En muchas de ellas los gobernadores aumentaron los sueldos y los agentes depusieron su actitud. Pero en siete aún no se había llegado a ningún acuerdo el lunes por la tarde.

El gran temor del Gobierno es que los saqueos lleguen al Gran Buenos Aires, la periferia de la capital, donde se concentra las mayores bolsas de pobreza del país. Para evitar el contagio, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, adelantó la paga extra de Navidad a medio millón de empleados públicos y decretó un aumento de sueldo para los policías de casi el doble en sus salarios mínimos. Pasarán de los 4.700 pesos mensuales (390 euros si se cambian en el mercado negro, el único donde se pueden conseguir euros) a los 9000 (750). Los policías bonaerenses se quedan por debajo de sus compañeros de Córdoba, pero de momento parece que la mayoría se conforma. En cualquier caso, el Gobierno ha decidido reforzar con gendarmes nacionales la vigilancia de los supermercados de la periferia bonaerense.

El gobernador José Manuel de la Sota acudió el martes a la Casa Rosada para entrevistarse con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Intentaron ofrecer un mensaje de unidad. “Quiero pedir disculpas a los cordobeses, que seguramente esperaban mucho más de nosotros, del Gobierno nacional, de la policía, y de los propios vecinos que participaron del pillaje”, admitió De la Sota. “(Era) impensable para cualquier gobernante que esta reclamación salarial derivaba en esta situación que se vive en las provincias. (…) Se rompió el contrato social”, añadió.

Los saqueos y asesinatos se sucedían mientras el Gobierno cortaba el tráfico de centro de Buenos Aires para festejar el martes 10 de diciembre los 30 años de Gobierno en democracia, desde que asumió su mandato el dirigente de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín. La presidenta Cristina Fernández, que ha reducido de forma tajante sus apariciones en público desde que le fue operada de un hematoma craneal y le descubrieron una arritmia en el corazón, había previsto pronunciar un discurso en la Casa Rosada. El Gobierno organizó un concierto en la Plaza Mayor con la actuación de grandes artistas locales como León Gieco, la selección nacional de Tango, Cacho Castaña y Adriana Varela. Se había invitado a los cuatro expresidentes -Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde- y a los familiares de Raúl Alfonsín. Todo estaba programado para ensalzar los valores que hicieron posible –a pesar de todos los pesares- la convivencia pacífica entre argentinos. Y de pronto, se coló en la fiesta el fantasma de los saqueos.

El alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, indicó que se deberían haber postergado los festejos. El diputado opositor Ricardo Alfonsín, hijo del primer presidente de la democracia, también pidió que se aplazara la fiesta. Y el gobernador peronista del Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, aclaró que iba a asistir a la Casa Rosada porque la presidenta se lo pidió “personalmente", aunque advirtió de que no tenía ganas de "festejar nada".

Finalmente, la fiesta se celebró. Y Cristina Fernández aseguró en su discurso de conmemoración de los 30 años que los saqueos fueron planificados. "Yo no soy ingenua. No creo en las casualidades. Tampoco creo en los hechos que se generan por contagio, porque por contagio son las paperas o las varicelas", señaló. "Siempre son en diciembre (los saqueos), parece que el contagio tiene fecha muy precisa. La presidenta añadió que los asaltos se ejecutaron con "precisión quirúrgica".

Los saqueos remiten a lo peor de la historia reciente argentina, a aquel diciembre de 2001 en que las calles de Buenos Aires se poblaron de ciudadanos que gritaban “Que se vayan todos”. El Gobierno cree que el hecho de que los saqueos coincidan con la conmemoración de los 30 años indica que se pretende desestabilizar al Gobierno. Pero lo cierto es que los reclamos de los agentes afectaron tanto a las provincias gobernadas por la oposición como a otras en manos de kirchneristas. Y solo piden más dinero.