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Una matanza en la amazonía ecuatoriana será juzgada como genocidio

Las organizaciones waorani habían pedido que los presuntos culpables fueran castigados conforme a las leyes indígenas

Los indios waorani habitan la reserva de Yasuní en la amazonía ecuatoriana. Ampliar foto
Los indios waorani habitan la reserva de Yasuní en la amazonía ecuatoriana. EFE

Seis indígenas waorani serán juzgados por delito de genocidio por la matanza de por lo menos 20 miembros de los clanes tagaeri-taromenani, una tribu que ha permanecido oculta en la Amazonía ecuatoriana y que está considerada una riqueza etnológica. Las organizaciones waorani habían pedido que los presuntos culpables fueran juzgados dentro de la comunidad, bajo las leyes indígenas, pero el Estado ecuatoriano, tras ocho meses de investigaciones, ha optado por aplicar la justicia ordinaria.

Los indígenas fueron trasladados este miércoles por la tarde a una cárcel común fuera de su territorio. Su detención se produjo el martes pasado en un operativo organizado por los ministerios de Interior y Justicia, en la comunidad de Yarentaro, en el Parque Nacional Yasuní, donde residen. La Policía entró en esta zona selvática en helicóptero y también rescató a una de las dos niñas tagaeri-taromenani que el grupo de atacantes sacó de la selva como si fueran trofeos de guerra.

Las dos menores, de tres y siete años, han estado en manos de sus captores desde el día de la masacre de sus familiares, el pasado 30 de marzo pasado. El misionero capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, que incluso publicó un libro sobre el suceso, denunció estos hechos en numerosas ocasiones: "Si a un secuestrador, el Estado le permite quedarse con las niñas raptadas, la mente de ese señor no va entender cuál es la ley ecuatoriana".

La Fiscalía ha explicado en un comunicado que rescató a la niña de siete años porque comprobó que estaba en situación de indefensión, pero no ha dicho nada de la más pequeña. De momento lo único que se sabe es que la menor rescatada está en el hospital de la ciudad de El Coca, el centro poblado más grande junto al territorio waorani.

Los dirigentes waorani están muy sorprendidos por la detención y la decisión judicial, ya que hasta ahora el Estado no se había metido en sus asuntos internos. César Nigua, presidente la Organización de Nacionalidad Waorani de Orellana, dice que su intención era aplicar la justicia indígena. “Yo iba a llevar a cabo un proceso pacífico, quería que los atacantes pudiesen cumplir la norma waorani, iba a poner una sanción, justicia indígena, castigo, tener detenidos a los atacantes en una casa, dar capacitación para que entiendan sobre el derecho a la vida, pero el tiempo ya se pasó”, dijo

La matanza del 30 de marzo que ahora investiga la Fiscalía, aparentemente fue una venganza por la muerte de dos ancianos waorani que vivían en el interior de la selva, conservando sus costumbres, y que mantenían contacto con los tagaeri-taromene. Estos, por alguna razón aún desconocida, atravesaron con sus lanzas a la pareja.

La sucesión de revanchas ha sido una constante entre los pueblos que viven bajo la Ley del Talión y que se distanciaron en los años cincuenta, cuando la petrolera Texaco entró en su territorio. Para iniciar sus operaciones, la compañía apadrinó una misión pacificadora que reclutó a un grupo de waoranis, pero no pudo acercarse a una comunidad de guerreros que se internó en la selva y hasta la fecha ha rechazado el contacto con la sociedad.

Las mayores bajas se han registrado en los clanes no contactados, pues usan lanzas talladas en madera mientras los waorani utilizan armas de fuego para perpetrar sus ataques. Una de las matanzas más sangrientas ocurrió en mayo de 2003, cuando los waorani hallaron la casa de los tagaeri-taromenani y mataron a 10 mujeres y cinco niños con armas de fuego y lanzas, antes de quemarlo todo.

Para prevenir más episodios de violencia entre estos dos pueblos indígenas se formó en junio pasado una comisión por decreto presidencial, pero ni siquiera fue consultada sobre el operativo de detención de esta semana. El investigador José Tonello, que preside la comisión, manifiestó su sorpresa y aseguró que la intervención del Estado es tardía. “Se debía actuar en abril pasado, justo después de la matanza, para causar menos sufrimiento, sobre todo a la niña que primero pierde a su familia y es sacada de su entorno, y ahora que tenía cierta estabilidad es alejada de la mujer a la que ya llamaba mamá en un helicóptero que quizás nunca había visto antes".

Milagros Aguirre, de la Fundación Alejandro Labaka, que trabaja por la defensa de los pueblos indígenas no contactados, también habla del “doble shock” que ha sufrido la niña tagaeri-taromenani. "Me parece increíble que no haya habido una vía de diálogo en aras de conseguir la paz entre estos pueblos, yo no sé si las autoridades han medido las consecuencias de estas acciones”, dijo Aguirre.