El Supremo juzgará si las empresas pueden negarse a cubrir anticonceptivos

La reforma sanitaria de Barack Obama será revisada por el Tribunal Supremo una vez más. La corte ha accedido a estudiar en este curso un caso planteado por dos empresas que, argumentando motivos religiosos, cuestionan que el gobierno les pueda obligar a proporcionar a sus empleadas pólizas médicas que cubran gastos por anticonceptivos.

La Administración Obama solicitó al Tribunal que estudiara este caso después de perder en una corte federal. La ley, aprobada en 2010 y hasta ahora una de las mayores victorias legislativas del presidente, establece que todos los seguros médicos que otorgan las empresas para sus empleadas deben incluir tratamientos preventivos como los anticonceptivos y otras pruebas de detección de cáncer.

La Casa Blanca emitió un comunicado este martes asegurando que tal requerimiento es “legal y esencial para la salud de las mujeres” y que confían en que “el Tribunal Supremo estará de acuerdo”. “Nuestra postura es garantizar que las decisiones sobre la salud de una mujer las decidan ella y su médico. El presidente considera que nadie, ni el gobierno ni las empresas deberían poder tomar esas decisiones por las mujeres”, agrega el comunicado.

Sin embargo, desde la aprobación de la ley, el hecho de que esta exija las mismas condiciones a empresas privadas y a organizaciones religiosas ha sido motivo de una intensa pugna con el Gobierno que resolverá finalmente el Tribunal Supremo. La corte escuchará los argumentos la próxima primavera y dictará sentencia a finales de junio de 2014.

Según los demandantes, el Gobierno no puede obligar a una empresa a actuar en contra de su religión

En el corazón de este caso está la pregunta de si empresas y ciudadanos pueden ejercer por igual la libertad de religión, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución y por una ley federal de 1993. Según los demandantes, el Gobierno no puede obligar a una empresa a actuar -proporcionando seguros médicos que cubren gastos de anticonceptivos- en contra de su religión.

La organización Planned Parenthood afirmó este martes que el avance de ambas demandas “podría negar el acceso a los anticonceptivos para millones de mujeres y sentar un peligros precedente”. Según el grupo, líder en la defensa de los intereses de la salud de las mujeres, la victoria de los demandantes “permitiría a las empresas negar tratamientos médicos, a los que sus empleadas tienen derecho, simplemente por una creencia personal de los empresarios”.

Obama accedió el año pasado a que las organizaciones religiosas no tuvieran que cubrir directamente los costes de los gastos por anticonceptivos de sus empleadas, sino que lo hicieran las aseguradoras a través de las pólizas. Aquella concesión, sin embargo, no ha impedido que la demanda de dos empresas -una compañía de alimentación que pertenece a una familia evangélica y una cadena de librerías- llegue hasta la máxima instancia judicial del país.

“La Administración ya ha garantizado que ninguna iglesia ni institución religiosa similar será obligada a proporcionar pólizas que cubran medidas anticonceptivas y ya ha acomodado las objeciones de las organizaciones religiosas que se oponen a esas medidas por motivos religiosos”, defendió la Casa Blanca. “Estos pasos protegen tanto la salud de las mujeres como las creencias religiosas y promueven la garantía de que las mujeres y sus familias, no sus jefes ni los empresarios, tomen decisiones basadas en sus necesidades y sus presupuestos”.

A diferencia del caso estudiado por el Tribunal Supremo en 2012 y que respaldó la constitucionalidad de la ley y de su apartado más controvertido, el mandato que obliga a los ciudadanos a contratar un seguro, esta nueva demanda no amenaza la vigencia de la ley, sino si algunas empresas pueden objetar su cumplimiento por cuestiones religiosas.