La transparencia en México avanza con timidez en el Congreso

Las modificaciones a la ley de transparencia de México, que cumple 10 años y es una de las pioneras en América Latina, han sido aprobadas esta semana en el Senado mexicano. Los cambios, que han levantado restricciones en los fallos del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), han sido recibidos con moderado entusiasmo por la oposición, los activistas y las ONG.

El presidente Enrique Peña Nieto había prometido en su discurso de investidura en diciembre pasado que garantizaría la transparencia del Gobierno, pero los diputados de su partido (el Revolucionario Institucional, PRI) intentaron en agosto pasar un borrador que incluía más restricciones al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). La propuesta de los priistas otorgaba a las dependencias gubernamentales el poder de guardar información si esta trataba de “seguridad, estabilidad económica y derechos humanos” sin dar mayores detalles. El PRI intentó también restar poderes al organismo para exigir transparencia a partidos políticos y sindicatos. La petición de las ONG se convirtió entonces de que la ley se dejara como estaba.

El borrador que ha avanzado en el Senado (donde, a diferencia de la Cámara baja, el PRI no tiene mayoría), ha conseguido diluir varias de las propuestas priistas para restar poder y autonomía al IFAI. Aun así, conserva la modificación de que la Consejería Jurídica de Presidencia pueda impugnar algunos de sus fallos. Igualmente ocurre en el caso del Banco de México, que hasta ahora no había sido sometido a la ley de transparencia, pero que también podrá impugnar.

“Consideramos injustificado otorgar al Banco de México la posibilidad de interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, porque su función principal (procurar la estabilidad del poder adquisitivo) no se ve afectada por los términos de la Minuta enviada por la Cámara de Diputados”, afirmaron en un comunicado difundido el jueves un colectivo de ONG.

Los diputados mexicanos aprueban una partida para “uso discrecional”

La misma semana en que la ley de Transparencia avanzó en el Senado mexicano, los diputados del Congreso aprobaron una partida de 5.000 millones de pesos (unos 386,5 millones de dólares) para “uso discrecional”. Es decir, según el criterio del que decide el reparto. En México, una república federal con estados y municipios que acumulan deudas monumentales.

“Son bolsas que en ocasiones se manejan de manera discrecional. Y ahí se tiene uno que poner muy listo para que te toque”, dijo al periódico Excélsior Víctor Manuel Jorrín, diputado por Guerrero del Movimiento Ciudadano (izquierda).

La decisión también coincide con las revelaciones esta semana del periódico Reforma, que publicó las denuncias de alcaldes de que los diputados de sus distritos exigían sobornos y contratos para otorgarles mayores recursos. Bárbara Botello, presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), reconoció que varios de los alcaldes han denunciado estos actos de corrupción. Un alcalde de Nuevo León, entrevistado por el mismo diario, dijo: “¿Cómo te libras [de los cobros ilegales de los diputados]? Pues teniendo un reparto más claro, no discrecionalidad como la hay ahora”.

Ygnacio López Mendoza, alcalde del municipio de Santa Ana (en Michoacán, uno de los Estados más violentos del país), protestó con una huelga de hambre en el Senado mexicano para denunciar las amenazas del crimen organizado y las presiones de los diputados, que le exigían “diezmo” a cambio de recursos. López Mendoza murió asesinado la semana pasada.