Tiroteos y deficiente atención psiquiátrica, de la mano en EE UU

Un joven de 20 años, Richard Shoop, entró ayer lunes en un centro comercial en Nueva Jersey; disparó balas al aire y, finalmente, se disparó a sí mismo y se mató. Según sus amigos y familiares, fumaba marihuana y tenía antecedentes penales. En esta ocasión, nadie, aparte de él, salió dañado. “El incidente se refiere a alguien que está trastornado y que no estaba recibiendo tratamiento”, dijo Chris Cristie, gobernador de este Estado, en rueda de prensa.

El pasado viernes 1 de noviembre otro hombre, Paul Ciancia, de 23 años, llegó al aeropuerto de Los Ángeles con un rifle de asalto y mató a un agente de seguridad de la Agencia de Transporte de Estados Unidos. Ciancia resultó herido y, según sus familiares y amigos, era un “hombre con ideas suicidas” y con una “mentalidad muy radical”. Ciancia llevaba consigo panfletos “antigobierno” y una carta en la que especificaba que “su objetivo era matar a un agente”. Su familia intuía que algo similar podría ocurrir. Tampoco se encontraba en tratamiento.

La salud mental y los tiroteos son dos variables que se relacionan con mucha frecuencia cuando ocurre un suceso de este tipo. Así se hizo también en los casos de Tucson (Arizona), en el que la congresista Gabrielle Giffords recibió un tiro en la cabeza y otras seis personas murieron; en el de Aurora (Colorado), cuando James Holmes entró a una sesión de cine y disparó a discreción -dejó 12 muertos y 59 heridos-; o el acontecido en Connecticut, cuando Adam Lanza acabó con la vida de 20 menores y seis adultos en un colegio de Newtown (Connecticut), entre otros. En todos ellos, alguien sabía que el ejecutor tenía problemas psiquiátricos. Ya fuera la policía, el instituto, los servicios sociales u otra institución.

El hecho tan recurrente de estos sucesos ha abierto también un debate en EE UU entre aquellos que culpan a la falta de comunicación entre las distintas instituciones y los que denuncian la inexistencia de centros para tratar problemas psiquiátricos en muchos Estados, lo que ha provocado que estas personas reciban terapia de forma puntual o que, incluso, algunas solo tengan la opción de acabar recluidas.

Para muchos, los nuevos centros mentales son las cárceles. El cierre de este tipo de instituciones para su tratamiento lleva siendo una realidad desde la década de los setenta, bajo la presidencia de Jimmy Carter, y que se justificó por la falta de presupuesto. Según datos federales, habría un total de 2,1 millones de plazas reservadas anualmente para reclusos con problemas mentales en las prisiones estadounidenses.

El deficitario sistema para el tratamiento de la salud mental en Estados Unidos es una problemática que lleva sobre la mesa décadas y que se intenta solucionar desde de la época de John Fidgerald Kennedy, aunque a pesar de las buenas intenciones del expresidente asesinado, no se ha avanzado desde entonces. La situación de inoperancia ha dejado a muchos pacientes abandonados, deambulando por las calles de las ciudades, sin casa, sin tratamiento y sin empleo, convirtiéndoles en diana fácil para cometer algún delito y terminar en prisión, o suicidarse.

El 48% de los estadounidenses piensa que la salud mental es una variable muy importante que afecta directamente a que alguien cometa un tiroteo, “algo que se debe ver compensado también con leyes más estrictas sobre control de armas”, según concluyó una encuesta de Gallup elaborada el pasado mes de octubre.

Efectivamente, las recientes tragedias han reavivado el debate nacional sobre la Segunda Enmienda, derecho a tener un arma de fuego para defenderse. Las tasas de homicidios y de posesión de armas siguen siendo más altas en EE UU que en cualquier parte del mundo, aunque la realidad muestra que los tiroteos han disminuido en las dos últimas décadas. A pesar de esto, tan sólo en las últimas 48 horas se han producido tiroteos en Nueva Jersey, Colorado y Connecticut.

Exactamente, según el Centro de Prevención y Control de EE UU, se registra, cada hora, una media de tres muertes relacionadas con armas de fuego y siete personas reciben un impacto de bala. Cada día, 53 personas utilizan un arma para quitarse la vida.

Han pasado 200 años desde que James Madison introdujera la Ley sobre Derechos en la Constitución, pero nadie puede dudar que la nación ha cambiado y también lo han hecho sus armas, aunque parece que ha sido a peor. A pesar de la voluntad demostrada por el presidente de EE UU, Barack Obama, de obtener una mayor restricción sobre las armas de fuego, su propuesta fue derrotada en el Senado el pasado mes de abril.

La iniciativa no solo encarnaba la apuesta más ambiciosa de la legislación más dura sobre el control de armas presentada en el Congreso en los últimos 20 años, sino que recogía una de las principales apuestas para la reducción de la violencia armada defendidas por Obama. La decisión supuso un duro revés para las aspiraciones de aprobar una ley restrictiva en el control de armas, una prioridad en la agenda política de la Casa Blanca, tras la matanza de Newtown, y que se reabre una y otra vez, cuando ocurre un tiroteo en algún punto del país. Aunque parece que nunca termina de cuajar una medida potencialmente buena que cambie a este respecto la mentalidad estadounidense.