El escándalo de la NSA alcanza al CNI

Ya antes de que estallara el caso Snowden, al general Keith Alexander, de 61 años, le quedaban pocos meses al frente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que dirige desde 2005, pero el escándalo puede precipitar su caída. El pasado martes, en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, rompió una de las reglas no escritas sobre las que se cimenta la confianza entre los servicios secretos: no revelar nunca las relaciones con sus homólogos extranjeros y, menos aún, desviar hacia ellos sus responsabilidades.

Alexander dijo que los millones de metadatos —registros de llamadas telefónicas, SMS, correos electrónicos, WhatsApp, buscadores de Internet y redes sociales— que figuran en los documentos filtrados por el exanalista refugiado en Rusia no fueron recolectados por la NSA, sino por agencias de países amigos. Es decir, que el rastreo de 70,3 millones de comunicaciones de Francia y 60,5 de España fue obra de la DGSE y el CNI, respectivamente, quienes trasvasaron la información a la NSA.

Eso sí, las comunicaciones habrían sido controladas en zonas de conflicto, por lo que ni franceses ni españoles habrían vulnerado la ley. Fuentes próximas conocedoras de los servicios secretos alegan que Alexander dice parte de la verdad, pero no toda.

La existencia de un Gabinete de Escuchas, con ese u otro nombre, es tan antigua como el propio servicio secreto español. El exdirector del Cesid (antecesor del CNI) Emilio Alonso Manglano se sentó dos veces en el banquillo por la interceptación de conversaciones a numerosas personalidades (incluido el Rey) entre 1983 y 1991. Aquel sistema, servido por esclavos —funcionarios permanentemente a la escucha—, que captaba las señales de telefonía móvil en una zona de Madrid es un artilugio de museo comparado con los equipos de los que dispone hoy el CNI, que funcionan automáticamente y permiten controlar millones de comunicaciones.

El juez que controla al CNI autoriza hasta un millar de escuchas al año

El juicio por las escuchas, del que Manglano salió finalmente absuelto, y el descubrimiento de micrófonos en la sede del brazo político de ETA, Herri Batasuna, en Vitoria llevaron al Gobierno a regular en 2002 el control judicial del servicio secreto, a través de un magistrado del Supremo.

Un exalto cargo del espionaje español asegura que, escarmentados por la experiencia, ningún responsable del CNI se arriesgaría a vulnerar la ley. Además, no hace falta. El primer juez encargado de autorizar los registros y escuchas del CNI, Ramón Trillo, tenía una relación muy estrecha con este, hasta el punto de que su hija fue contratada por el centro al que debía controlar. Su sucesor, Pablo Lucas, guarda más las distancias y cuenta con un magistrado, adscrito al gabinete del director del CNI, Félix Sanz, que prepara y tramita las peticiones para que cumplan los requisitos legales.

Aún quedan zonas grises. “¿Es igual registrar una habitación de hotel que un domicilio?”, se pregunta un experto. “Los espías se mueven en la frontera difusa entre legalidad e ilegalidad. Puedes creer que lo que no está prohibido está permitido. O lo contrario”.

La legislación española sí es clara cuando determina que las operadoras de telefonía e Internet no pueden ceder los metadatos sin mandamiento judicial y que hacerlo constituye delito. Por tanto, no pueden entregarlos al CNI sin autorización del juez.

El Magreb y el Sahel son las áreas prioritarias del espionaje español

¿Cuántas autorizaciones concede cada año el magistrado que controla al servicio secreto? El CNI no facilita este dato, alegando que está clasificado, pero fuentes conocedoras de su funcionamiento aseguran que la cifra oscila entre varios cientos y un millar. Hay algunos objetivos “permanentes”, cuyo seguimiento se prorroga cada tres meses, y autorizaciones “extensas”, pero temporales, que incluyen una multitud de objetivos. Entre los primeros figurarían algunos dirigentes abertzales y, entre los segundos, parte del colectivo paquistaní de Barcelona.

Nada que ver con los 60,5 millones de comunicaciones rastreadas entre diciembre de 2012 y enero de 2013, según los documentos filtrados por Snowden. Aunque el juez del Supremo tiene un sustituto, ni trabajando a destajo podría firmar una cifra tan descomunal de autorizaciones, que deben ser motivadas y, en lo posible, individualizadas.

El centro de comunicaciones instalado en el sótano de la sede central del CNI está orientado en teoría a la captación de “comunicaciones estratégicas”. Una parte de ese tráfico circula por los cables submarinos que unen Sicilia (Italia) con Florida (EE UU) pasando por Conil (Cádiz), y otra parte corresponde a señales de satélite. Además, dispone de equipos móviles que se desplazan a zonas de conflicto, como Afganistán o el Sahel. “Cada país tiene sus áreas de interés”, explica un experto. Las prioridades de España son el Magreb y el Sahel. “El caladero es el mismo y algunos tienen medios más potentes, pero no todos buscan las mismas especies y, con suerte y paciencia, el pesquero artesanal puede capturar la mejor pieza”.

El CNI está al margen de la Ley de Protección de Datos, por lo que puede almacenar indefinidamente los registros de comunicaciones. Son estos grandes paquetes de metadatos en bruto los que facilita a la NSA, aunque no puede figurar ningún residente en España sin permiso judicial.

La NSA cuenta con una oficina en Madrid y actúa en Barcelona y Rota

“Lo que no cuenta el general Alexander es que, además de la que le facilita el CNI, la NSA recoge su propia información en España”, explica el exresponsable español. La agencia dispone de una oficina en la Embajada de EE UU en Madrid y utiliza también instalaciones en el consulado de Barcelona y la base de Rota (Cádiz). “Ellos cumplen la ley, pero la de EE UU, que no les prohíbe espiar en el extranjero, como tampoco la española se lo impide al CNI”, concluye.

El general Sanz comparecerá el miércoles en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso pero, tras las revelaciones de Alexander, el foco no estará en lo que la NSA hace en España, sino en lo que el CNI hace para la NSA.