Nicaragua incluirá los límites con Colombia en su Constitución

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, enviará el lunes a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Constitución nicaragüense en la que propone incluir los nuevos límites geográficos establecidos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, tras su controvertida resolución de 2012, cuando entregó a Managua la soberanía de un vasto territorio marítimo en el Caribe, fallo que ha sido rechazado por Colombia.

El anuncio de la reforma constitucional lo hizo Edwin Castro, diputado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien dijo que el próximo lunes la Junta Directiva de la Asamblea Nacional podría pedir la conformación de una Comisión Especial que se encargaría de analizar la reforma a la Constitución nicaragüense.

El 19 de noviembre de 2012 la CIJ puso fin a un largo litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua, que inició en 1979, tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, cuando la Junta de Gobierno formada entonces decidió no reconocer un tratado que, adujeron los comandantes revolucionarios, violentaba el territorio caribeño de este país centroamericano.

El resultado de ese litigio fue un fallo considerado salomónico, en el que la corte entregó a Nicaragua la administración de una plataforma marítima hasta entonces considerada colombiana, mientras que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, que Nicaragua reclamaba como propio. El tribunal de Naciones Unidas entregó a Nicaragua la administración de una plataforma marítima en el Caribe de 90.000 kilómetros cuadrados, según el Gobierno de Managua.

Colombia rechazó el fallo de la CIJ y acusó al Gobierno de Ortega de mantener “ánimos expansionistas” en el Caribe

Ahora el Gobierno de Ortega pretende dejar plasmada en la Constitución del país esos nuevos límites geográficos, así como los otorgados por la misma CIJ en 2007, cuando falló a favor de Nicaragua en otro litigio, en esa ocasión mantenido con Honduras.

Colombia rechazó el fallo de la CIJ y acusó al Gobierno de Ortega de mantener “ánimos expansionistas” en el Caribe. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que el fallo de La Haya tiene vacíos jurídicos, que no es aplicable y anunció que Colombia salía del llamado Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción de CIJ para solucionar controversia limítrofes entre los países. El presidente dijo que defendería “hasta sus últimas consecuencias” el territorio colombiano en el Caribe. Ortega le respondió que cumpliera el fallo de la CIJ. “Esto se trata de un asunto de leyes, no de expansionismo”, dijo el nicaragüense. “El expansionismo se impone por la fuerza, por la intervención militar. Aquí ambos asistimos al juez y estamos obligados a reconocer la sentencia que dictó el juez. No es cierto que Nicaragua esté actuando de forma expansionista”, recalcó el mandatario.

El diputado sandinista Castro no dio más detalles del contenido de la reforma que el Gobierno de Ortega enviará a la Asamblea el lunes. En Nicaragua, sectores críticos al mandatario temen que el tema geográfico sea una excusa para pedir al Parlamento un cambio constitucional que podría incluir reformar los artículos de la Constitución que prohíben la reelección, un obstáculo para las aspiraciones de Ortega de mantenerse en el poder en este pequeño país. Sin embargo, Castro dijo que esas reformas no estarían incluidas en la propuesta. “No tenemos por qué abordarlo”, dijo.

El diputado informó, además, que la reforma incluirá otros tres puntos: establecer la constitucionalidad de las negociaciones directas entre el Gobierno de Nicaragua y el sector empresarial, una modalidad adoptada por Ortega para mantener buenas relaciones con el gran capital de Nicaragua; adoptar la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad preparada por el teólogo brasileño Leonardo Boff; y establecer un porcentaje mínimo de mujeres que deberían participar a cargos de elección popular.

El Frente Sandinista controla la Asamblea Nacional de Nicaragua, un parlamento unicameral integrado por 92 diputados, de los que 60 son sandinistas. Ese control parlamentario le garantiza a Ortega la aprobación de la reforma constitucional, que necesita de dos legislaturas para que entre en vigencia.