Al Gobierno “no le consta” que Estados Unidos haya espiado en España

El Gobierno español anda con pies de plomo en el caso Snowden. Preguntado por la información adelantada ayer por EL PAÍS, según la cual la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) habría aplicado en España las mismas técnicas de interceptación masiva de las comunicaciones que en Francia o Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que el Gobierno “no tiene constancia en este momento de que se haya producido ese espionaje respecto a ciudadanos españoles”. No obstante, curándose en salud, agregó: “No le quepa ninguna duda de que en el momento en que tuviéramos constancia [de que se ha producido] llamaríamos al embajador de Estados Unidos [en Madrid, James Costos] para hacerle constar nuestra posición en este tema”.

No sería la primera vez. El pasado 12 de agosto, después de que el semanario alemán Der Spiegel publicase que España figuraba entre los objetivos de la agencia dedicada al espionaje electrónico, el subdirector para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis Calvo, reclamó “aclaraciones” al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Luis G. Moreno. Dos meses después, “no hemos tenido respuestas sobre ese tema”, se quejó ayer el ministro.

Ya en julio, cuando estalló el escándalo, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, aprovechó su visita a Washington para “trasladar la preocupación del Gobierno español” a la subsecretaria para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Wendy Sherman. También sin resultado.

El Ejecutivo asegura que “no hay constancia” del posible espionaje

Las declaraciones del jefe de la diplomacia no contentaron a los grupos de la oposición, quienes pidieron más firmeza en la exigencia de explicaciones a Washington por el rastreo de millones de conversaciones telefónicas, SMS o correos electrónicos por parte de la NSA, del que los servicios españoles de inteligencia tienen más que sospechas.

Diego López Garrido, del PSOE, exigió al Gobierno que “clarifique absolutamente este tema”, pues “sería inaceptable que se hubieran producido violaciones de los derechos fundamentales” y “conductas impropias de socios y aliados”. Además, añadió, hay que “obtener garantías de que estos hechos no se producirán en el futuro”.

Para Jordi Xuclá, de Convergència i Unió (CiU), no se trata de un problema solo de España, pues “hay evidencias de que se han realizado escuchas ilegales en muchos países de forma continuada”. El Gobierno debería realizar gestiones para que “se esclarezca cuanto antes” lo sucedido y, si se confirma que se ha vulnerado la ley, “actuar en consecuencia”, advirtió.

Irene Lozano, de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), pidió al Gobierno que “se tome en serio los indicios que hay sobre la mesa y deje de mirar para otro lado”. Tras recordar que, cuando estalló el escándalo, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, dijo que a él no le habían espiado, añadió que “a los españoles nos preocupa este asunto y al Gobierno tendría que preocuparle también”. Margallo “debe pedir explicaciones y no limitarse a esperar que se las den”, concluyó.

De confirmarse los hechos, Margallo convocará al embajador Costos

Gaspar Llamazares, de La Izquierda Plural, consideró “increíble que a estas alturas el Gobierno diga que no sabe si ha habido espionaje o no”, mientras que otros Gobiernos “no solo lo saben, sino que ya han tomado medidas”. Como mínimo, subrayó, el Ejecutivo “debería acudir a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso e informar”.