Lampedusa desnuda a Europa

Los inmigrantes muertos este mes en las costas de Italia son solo una pequeña parte de los que perecen a las puertas del sueño europeo. Unos 1.500 se ahogan cada año en el Mediterráneo, la mayor parte en las costas del norte de África, según datos de Naciones Unidas, sin que Europa tenga siquiera constancia. Las dos últimas tragedias han sacudido la conciencia europea, pero los líderes políticos están lejos de resolver el problema fundamental: la falta de un enfoque común y eficaz sobre el fenómeno de la inmigración, antes percibido como una fuente de progreso y hoy visto como amenaza para Europa.

Con las imágenes del primer naufragio aún en la retina, los ministros europeos de Interior se mostraron el pasado martes incapaces de comprometer recursos para nutrir una operación de salvamento en el Mediterráneo que les proponía la Comisión. Es solo una muestra de la lentitud que caracteriza las decisiones comunitarias. En este caso, agravada por el temor que suscita entre los gobernantes abordar sin demagogia la inmigración. El auge de los populismos que les pisan los talones los vacunan contra un enfoque blando de este problema.

Hacia esas contradicciones solo apuntan de manera descarnada los mandatarios que sufren la tragedia de manera directa. El primer ministro maltés, Joseph Muscat, dijo ayer sentirse “abandonado” por el resto de la UE y pidió a los países que se movilicen para pactar “cambios en las normas. No cambiar equivale a hacer del Mediterráneo un cementerio”.

La llegada de inmigrantes por el Mediterráneo no tiene visos de disminuir. El estallido de la primavera árabe, en 2011, y el desgobierno en el que han quedado algunos de los países que derrocaron los viejos regímenes impulsan las salidas. Así ocurrió en ese año, aunque paradójicamente después se produjo un importante descenso en las entradas por mar, especialmente en Italia y Malta, principales puertas durante las revueltas. Son datos de Frontex, la agencia europea para el control de fronteras, que cifra en 72.437 las personas detectadas en las fronteras comunitarias en 2012.

Pese a todo, los números son muy volátiles y probablemente en lo que va de año estén ya repuntando. El cambio de escenario en Egipto, sumado al descontrol en las fronteras libias —un auténtico coladero personas de nacionalidades diversas, principalmente subsaharianas—, asustan a la UE. “Libia es el caso más complicado porque ha desaparecido cualquier viso de aparato estatal. Por eso la UE ha puesto en marcha una misión de control de fronteras, que se está desplegando ahora, para ayudarles a crear una red”, explica Bernardino León, representante especial de la Unión Europea para el sur del Mediterráneo. Por Libia transitan en buena medida personas procedentes del Cuerno de África (eritreos, somalíes…). Y allí las redes de traficantes son las más organizadas de toda la zona, explica una portavoz de Frontex.

La inestabilidad regional invita a añorar falsamente los tiempos en que las dictaduras de la zona controlaban con mano de hierro las fronteras. Pero las cifras tampoco avalan ese análisis. “Es comprensible que se mire con miedo a Egipto, pero la estabilidad no puede lograrse simplemente comprando Gobiernos autoritarios. Los flujos hacia Europa empezaron a crecer hace muchos años, antes de las primaveras. Los dictadores no garantizaban tanto control como prometían”, advierte Richard Youngs, experto en política exterior europea del laboratorio de ideas Carnegie.

Más que el tipo de Gobierno de los países de origen, la clave para mitigar los flujos es la capacidad de la Unión para pactar con sus gobernantes y ofrecer contrapartidas. No es casual que el país con fronteras más impermeables —pese a tener la mayor cercanía marítima— sea Marruecos. Desde el pasado julio, Rabat tiene suscrito un acuerdo de movilidad con la UE. Más allá de otras ventajas, incluye dos elementos fundamentales: el país magrebí se compromete a readmitir a todos los inmigrantes que Europa intercepte procedentes de allí y, a cambio, Bruselas facilita los visados. Manga ancha en la vía legal a cambio de mayor firmeza en la ilegal.

Esas condiciones generan polémica a ambas orillas del Mediterráneo, explica León. A la UE le cuesta conceder esa mayor apertura a las entradas legales y los gobernantes africanos soportan también las quejas de su población por las readmisiones forzosas. Por eso “se negocian despacio y con cautela”, describe León, que aspira a lograr algo similar con Túnez y con Egipto.

El otro elemento en el que se emplea Europa es el control de fronteras. Esta semana, el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a Eurosur, un sistema para coordinar la vigilancia de todas las fronteras exteriores de la UE, de forma que las autoridades de cada país tengan acceso en tiempo real a la información del resto de Estados miembros. El plan comenzará a aplicarse en diciembre de este año y estará completamente implantado un año después.

Tras lo ocurrido en Lampedusa, las autoridades comunitarias han querido poner el acento en que este mecanismo refuerza la capacidad de rescate de náufragos, aunque la afirmación tiene más de deseo que de realidad. Porque las resistencias de los países miembros a mayores compromisos dificultan los avances. “Pero Europa tiene que gestionar las migraciones; no puede encastillarse en la posición de los Estados”, reflexiona Anna Terrón, exsecretaria de Estado de Inmigración en España y ahora al frente de la empresa Instrategies, desde donde asesora a la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström.

En la práctica el germen de estos sucesos está en la legislación. En público, todos los ministros muestran su solidaridad con Italia, pero en privado distintas fuentes europeas se llevan las manos a la cabeza por la legislación de ese país, que penaliza a quienes ayudan a inmigrantes irregulares, por los problemas para controlar sus fronteras marítimas y hasta por la supuesta infrautilización que realizan de los fondos europeos destinados a estos fines.

De todos los elementos, el más grave es el peso de la ley, que desincentiva el auxilio. “Aunque apenas hay causas contra ellos, hemos descubierto, entrevistando a pescadores del Mediterráneo, que tienen miedo de ayudar porque temen ser penalizados”, apunta Adriano Silvestri, de la Agencia de los Derechos Fundamentales.