El uso político de la justicia

Desde fines de los años 90 hasta la fecha muchos gobernantes en América Latina han ido elaborando un modelo político cuyo objetivo final es permanecer ilimitadamente en el poder. Si bien utilizan la palabra “democracia” como bandera y el voto popular para llegar al gobierno, una vez elegidos, reforman sus Constituciones y destruyen sus sistemas judiciales para controlarlos. El control de estos gobiernos sobre el sistema judicial es quizás la pieza clave que necesitan para perpetuarse en el poder. Controlando la justicia pueden silenciar a la prensa, ocultar la corrupción y perseguir a la oposición. Quizás uno de los casos más representativos es el Ecuatoriano.

El 21 de Septiembre pasado, durante una cadena nacional, el presidente de Ecuador Rafael Correa rompió en vivo ejemplares de los diarios El Comercio, La Hora y Hoy, y les advirtió que de acuerdo a la nueva ley de comunicaciones, ellos están obligados a “publicar noticias de interés público”. Durante el mismo programa, continuó atacando y descalificando a cada uno de los columnistas que en esa semana habían publicado críticas en su contra, obligándolos a rectificarse. De no rectificarse, Correa hará lo que ya ha hecho reiteradamente en el pasado: amenazar a los medios con quitar pauta oficial, o abrir investigaciones contra los propios auspiciantes de estos medios hasta que el periódico se rectifique o el periodista que escribió la columna sea despedido. Y si esto no funciona, Correa perseguirá judicialmente a estos medios, imponiéndoles sanciones millonarias.

Durante el mes de Junio, diferentes medios publicaron noticias sobre una presunta mega operación de lavado de dinero entre Venezuela y Ecuador a través del sistema monetario conocido como “SUCRE” (Sistema Único de Compensación Regional). Producto de dichas publicaciones, la fiscalía ecuatoriana abrió una investigación sobre 4 empresas involucradas en el lavado. Sin embargo, la investigación sobre una de ellas llamada “Fondo Global” nunca prosperó, presuntamente por los lazos de sus propietarios con funcionarios de los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Al día de hoy no hay indicios que la justicia proceda a fondo con estos casos. Las operaciones de lavado de dinero y exportaciones ficticias entre ambos países continúan.

Mery Zamora, dirigente del Movimiento Popular Democrático (MPD), fue sentenciada tiempo atrás por un tribunal de primera instancia a 8 años de prisión por el delito de sabotaje por incitar una protesta estudiantil durante el 30 de Septiembre de 2010, mientras se desarrollaba una protesta policial en contra del gobierno. Esta decisión no es más que otra muestra de persecución política contra un grupo abiertamente opositor. El fallo fue apelado por sus abogados. Sin embargo, el juez de segunda instancia a quién le toco el caso, es ni más ni menos que Gutemberg Vera, abogado personal de Rafael Correa en su juicio contra el diario El Universo.

Estos son solo algunos ejemplos que sirven para mostrar como el Gobierno de Rafael Correa utiliza el sistema judicial arbitrariamente para silenciar periodistas, ocultar posibles casos de corrupción en los cuales altos funcionarios podrían estar involucrados, y perseguir a aquellos ecuatorianos que alzan la voz y critican al gobierno.

Pero este control del sistema judicial no ocurrió de la noche a la mañana, si no que fuer parte de un plan deliberado. En Mayo de 2011, Rafael Correa convocó un referéndum para reestructurar la Corte Suprema. A través del mismo, creo un nuevo sistema de selección de jueces, el cual en última instancia estaría controlado por el Ejecutivo. Hoy en día, la gran mayoría de los nuevos jueces elegidos a través de este nuevo mecanismo son o ex funcionarios de su gabinete, o parientes de funcionarios, o jueces que han estado involucrados en decisiones controversiales a favor de los intereses del gobierno. Desde entonces, es prácticamente imposible encontrar una sentencia judicial que perjudique los intereses de Rafael Correa.

En Ecuador, las libertades civiles de las personas se esfuman día a día y cada vez se hace más difícil hacer oposición. El miedo reina entre aquellos que quieren opinar diferente. Todo esto ocurre por que la herramienta fundamental para el funcionamiento de una Democracia Constitucional, el sistema judicial, ha sido destruida y es utilizada no como herramienta de justicia, si no de persecución.

 Ezequiel Vázquez-Ger es consultor político basado en Washington DC. Twitter: @ezequielvazquez