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Holanda se prepara para pasar del bienestar a la solidaridad ciudadana

El Gobierno gestionó de forma generosa la protección social hasta la crisis

El rey Guillermo Alejandro inaugura la nueva sede del Palacio de Justicia en Amsterdam.
El rey Guillermo Alejandro inaugura la nueva sede del Palacio de Justicia en Amsterdam. EFE

Femke tiene 78 años, padece diabetes y dos de sus mayores problemas asociados: hipertensión y limitaciones funcionales porque no camina bien. Vive sola en el norte de Holanda, recibe una pensión estatal y es ayudada en su aseo personal, comida, limpieza de la casa y paseos por una asistenta especializada pagada por la sanidad pública. Femke, que no quiere dar más datos privados, forma parte del segmento de población necesitado de cuidados de larga duración, que serán recortados en la nueva sociedad surgida de la crisis. Basada en la solidaridad y la iniciativa privada, cuenta con las familias para hacerse cargo de sus mayores y dependientes. De los ayuntamientos y los propios vecinos, espera a su vez que regulen servicios antes generales. En suma, un modelo social con menos subsidios y ayudas más costosas, en lugar del Estado de bienestar levantado durante los últimos sesenta años.

La transición no será fácil. El Gobierno de centro izquierda tendrá que pactar con la oposición para sacar adelante un ajuste (6.000 millones de euros añadidos a los 46.000 millones aprobados desde 2010) que afectará sobre todo a los pensionistas, y reducirá las subvenciones para familias con niños pequeños. Estas últimas varían en función de los ingresos y el número de hijos, y facilitan el pago de las guarderías. Pero la mayor revolución no será contable. Hasta que la recesión y el paro asomaron con fuerza, el Estado ha gestionado la protección social de forma generosa (los subsidios abarcan a la prole menor de edad, residente en el extranjero, de los padres inmigrantes asentados en Holanda). A cambio de pagar sus seguros e impuestos, el contribuyente lo tiene todo regulado.

Es lo que Sadik Harchaoui, presidente del Consejo para el Desarrollo Social, órgano asesor del Gobierno, denomina "solidaridad indirecta". "Al estar todo cubierto, ha subido el estándar de vida y la sensación de felicidad. Pero este sistema es anónimo y ha generado a su vez individualismo. Ha erosionado el papel de los ciudadanos en la sociedad. Porque la solidaridad directa, la del apoyo mutuo, tiene un fuerte componente emocional. Ahora que ya no hay dinero público como antes, el Ejecutivo apela justamente a la solidaridad directa", dice.

Con parientes lejanos, Femke no sabe qué será de ella. ¿Perderá la asistenta que le ayuda a moverse para evitar problemas circulatorios? ¿Irá menos horas a la semana, o será un grupo de vecinas, con o sin apoyo municipal, el que se cubra sus necesidades? Ella entiende que la crisis manda, pero pregunta quién pagará por los servicios.

"El Estado ha gestionado el bienestar en las últimas décadas y su obligación era evitar las diferencias. Las iniciativas cívicas no son nuevas, pero en cuanto entren en juego fondos privados y locales, puede haber desigualdades. Y los holandeses no están acostumbrados a ello. Por eso es fundamental organizar bien el cambio de mentalidad propuesto. Pasar de recibir un subsidio, sin más, a la solidaridad directa, no es fácil", añade Harchaoui. Wim y Mariette Brugge, ambos de 36 años, con dos niños de cuatro y dos años, son el prototipo de ciudadano capaz de adaptarse al nuevo orden. Su generación ha ejercido con naturalidad la solidaridad del voluntariado y las campañas humanitarias, buen dato. Sus dudas, sin embargo, son parecidas a las de Femke. Tenían a los dos pequeños en la guardería tres días, y ahora solo va el mayor. Sus padres viven en otra región, y Mariette, que trabaja en una tienda de modas, ha visto reducida su jornada a los fines de semana por la crisis. Wim es taxista sin coche propio y el domingo no circula, así que una vecina se ocupa el sábado de los niños. "Es un momento de incertidumbre. Han subido el precio de la guardería porque hay menos niños. Ya veremos qué pasa", dicen, desde el comedor de su piso en Haarlem.

"Todos sabemos que hay que recortar gastos sociales. Cómo lograrlo es otra cosa", asegura Paul Schnabel, sociólogo y exdirector de la Oficina Central de Planificación económica, asesora por excelencia del Gobierno. "Este Gabinete es poco popular, pero a gran parte de la oposición no le conviene que caiga. Quedaría todo en manos de los que suben ahora: la derecha (del líder xenófobo) Geert Wilders, el socialismo radical y el partido de los pensionistas. Ninguno está capacitado para gobernar", afirma. Schnabel subraya la importancia del Estado de bienestar y el rechazo que genera su merma, pero recuerda que "el PIB no sube, la recesión se alarga ya cinco años, y no hay dinero para pagar; la gente tendrá que adaptarse". Harchaoui está de acuerdo, aunque intenta suavizar el golpe en la despedida: "Si el Estado traslada sus tareas de protección social a los particulares, tal vez podrían bajarse algo los impuestos", sugiere.

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