Naciones Unidas evalúa a Perú por los casos de tortura

El subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas visita tres países cada año, luego de evaluar los informes periódicos de los Estados parte de la Convención de la Tortura que reportan su cumplimiento. El hacinamiento en las prisiones fue un factor que pesó para que haya decidido ir a Perú este año. Una misión ha realizado 25 visitas –sin previo aviso– a prisiones y comisarías en las dos últimas semanas y le ha recordado al Estado que lleva seis años en instalar un mecanismo nacional de prevención de ese delito, una obligación internacional desde 2006.

“Un año ha probado ser corto para establecer el mecanismo, pero seis años es demasiado”, afirmó el experto uruguayo Wilder Tayler, vicepresidente del subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, durante una conferencia internacional en el Museo de la Santa Inquisición, en Lima. Este grupo de trabajo de la ONU fue creado por el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos degradantes.

Este grupo de trabajo de la ONU fue creado por el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos degradantes y sus miembros visitan Perú por primera vez. Después de entrevistarse el próximo viernes con representantes del Gobierno, elaborará sus conclusiones en un informe. Mientras tanto, los expertos mantienen sus observaciones y recomendaciones como confidenciales.

Perú -con Guatemala, Brasil, Bolivia y Panamá- es de los pocos países latinoamericanos que no ha creado un mecanismo de prevención, y esa fue la otra razón de la visita de los expertos de la ONU. El plazo para el Estado peruano venció en 2007 y desde 2010 un proyecto de ley propone que el mecanismo esté a cargo de la Defensoría del Pueblo, ya que elabora informes, recibe quejas y supervisa las instancias del Estado donde ocurren casos de tortura.

En julio del año pasado, Jorge Chávez, un estudiante de ingeniería ambiental en Celendín (Cajamarca, sierra norte del país), fue detenido arbitrariamente cuando tomaba fotos a policías que retiraban un televisor en la plaza de armas, donde un grupo de personas quería ver el mensaje presidencial por las fiestas patrias, Celendín estaba en estado de emergencia. Los policías lo golpearon en la cabeza, espalda, piernas e ingles, y luego fue maltratado psicológicamente en el camino a la ciudad de Cajamarca. La fiscalía reconoció una incapacidad médico-legal por cuatro días y en la denuncia mencionó que podría tratarse de una forma de tortura. El Comité contra la Tortura de la ONU advirtió en enero al Estado peruano que le “inquietan las informaciones sobre la violencia con que actúan las fuerzas del orden durante las detenciones".

Sin embargo, los casos de tortura se producen también sin estados de excepción y en comisarías de clase media en Lima, como ocurrió con Gerson Falla, en abril de 2011, muerto un día después de ser torturado por policías en la comisaría del distrito de San Borja.

Entre 1998 y 2012, la Defensoría del Pueblo registró 721 denuncias por tortura y tratos crueles. En su sexto informe periódico al Comité contra la Tortura, presentado en 2011, dos años tarde, Perú incluyó algunas cifras pese a que no cuenta con un registro específico para casos de tortura. Entre 2002 y 2011 el Ministerio Público admitió 343 denuncias por tortura, de las que 106 señalaban como responsable a la Policía Nacional y 105 al Ejército. La entidad archivó definitivamente 142 de esas denuncias y admitió 30. En el ámbito de la sociedad civil, la ONG Centro de Atención Psicosocial ha atendido a 281 víctimas de tortura y a 1227 familiares de ellos, entre 2005 y 2009.

El vicepresidente del subcomité de Prevención de la Tortura indicó a EL PAÍS que durante su misión en Perú, una delegación del subcomité visitó nueve prisiones y doce comisarías, y sumando otros establecimientos, eran 25 en total.

Durante la conferencia, Tayler afirmó que en el delito de tortura las instancias internacionales no son suficientes para reducir su ocurrencia y destacó la importancia de la creación de las entidades nacionales o regionales responsables. Brasil y Argentina han creado entidades estaduales o provinciales, además del mecanismo nacional de prevención.

“Este país está sufriendo una situación grave de sobrecriminalización [aumento de penas], aunque es un problema en toda América Latina. La velocidad a la que crece la población penal es incontrolable: 32% en dos años. No cabe duda que se incrementa la delincuencia, pero está probado que el modelo acusatorio no disminuye el crimen”, comentó el abogado peruano Felipe Villavicencio, otro miembro del subcomité de la ONU.

Durante el mismo evento, el viceministro de Derechos Humanos, José Ávila, sostuvo que aunque no podía dar una fecha para la creación del mecanismo de prevención, lo sometería a revisión de los viceministros –una práctica común a las iniciativas de ley del Ejecutivo-. En el momento de las preguntas del público, hubo preocupación de que se instale un comité consultivo para el mecanismo, pues podría reducir su independencia.