La corrupción ensombrece la política peruana

Desde febrero, el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) ensaya diferentes explicaciones acerca de la compra de una oficina y una casa en una de las zonas más caras de Lima, a nombre de su suegra Eva Fernenbug. Para su infortunio, las revelaciones de documentos y personas involucradas en las transacciones, en las dos últimas semanas, nuevamente desmienten al político. El descrédito que enfrentan Toledo y su partido Perú Posible es similar al del exmandatario Alan García, cuyo Gobierno (2006-2011) está bajo investigación de una comisión parlamentaria que en noviembre entregará su informe final. En este contexto, el 71% de los peruanos cree que entre los políticos hay más corrupción que en el resto de la sociedad, doce puntos más que el año pasado.

Según el sondeo ‘Percepciones sobre la corrupción 2013’, divulgado en agosto, un 58% de peruanos cree que la corrupción es el principal problema que impide al Estado el desarrollo del país. 

Toledo llegó al poder luego de diez años de un Gobierno autoritario y corrupto de Alberto Fujimori y el exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Durante su Administración se instaló una eficiente procuraduría anticorrupción que logró repatriar dinero robado del Estado y depositado en Suiza. Hoy la lucha por la democracia que lideró Toledo en el 2000 ha quedado desdibujada y cada semana sus palabras son rebatidas. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló hace un par de semanas que las hipotecas de las dos casas que tiene en Perú fueron pagadas por Ecoteva, la empresa que formó su suegra en Costa Rica en 2012, con capital de Josef Maiman, multimillonario peruano-israelí y amigo del expresidente y de su esposa Eliane Karp. Ni Toledo ni Maiman informaron de esa transacción en sus declaraciones a la Fiscalía peruana en julio.

La Fiscalía investiga a Toledo por posible desbalance patrimonial debido a que, a través de Ecoteva, su suegra compró en 2012 una casa en Casuarinas -una exclusiva urbanización en Lima-, y una oficina en un edificio de lujo recién inaugurado, por casi cuatro millones de dólares. El líder de Perú Posible explicó en un primer momento que Fernenbug compró esos inmuebles con sus propios ahorros, que él no participó de la constitución de la empresa en Costa Rica, y que las propiedades no eran para él. Pero esta semana, el corredor inmobiliario de la casa de Casuarinas indicó que Toledo mismo le hizo el encargo de la búsqueda, que duró tres años, y que no conoció a la suegra del político. Por otro lado, Javier Silva Chueca, el vendedor de la oficina en el edificio Omega, declaró el viernes ante la comisión de Fiscalización del Congreso que negoció con Toledo la compra de la propiedad.

El vocero de Perú Posible, José León, informó la tarde del sábado que su líder llegaría el domingo a Lima para responder las nuevas acusaciones y celebrar el decimonoveno aniversario de la creación de su organización política.

En una encuesta publicada este domingo por el diario El Comercio, un 79% de consultados está al tanto del caso Ecoteva, y de ellos, el 69% recomienda que Toledo deje la política y un 45% sugiere lo mismo a Alan García. El 90% cree que el líder de Perú Posible sí participó directamente en la compra de inmuebles, a diferencia de lo que afirma el exgobernante.

Desde que el presidente Ollanta Humala asumió el poder a mediados de 2011, Perú Posible ha sido un aliado informal del gobierno en el Parlamento, sin embargo, la agrupación ha perdido cinco escaños en julio. No es claro aún si el oficialismo respaldará las investigaciones al exmandatario. Entre tanto, Carmen Omonte, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso es también una de las principales voceras del partido de Toledo. “Hacer política” en 2013 significa para Perú Posible defender a su líder de estas acusaciones. Situación similar encaran Alan García y el partido aprista, sujetos a la información que surge de la megacomisión parlamentaria que investiga su Gobierno (2006-2011).

Las acusaciones que pesan sobre ambos han enrarecido el clima político del país, haciendo más evidente nuestras debilidades institucionales y poniendo en entredicho el real avance del país en estos años de democracia”, comenta la analista política Giovanna Peñaflor a EL PAÍS.

"En todos lados la pelea política se basa en escándalos y acusaciones, pero en Perú la política está tan personalizada que el conflicto se concentra en las cabezas de nuestros débiles partidos.Más allá de las acusaciones, que merecen atención, estos episodios y la virulencia con que son explotados muestran una forma de hacer política en la que el objetivo es acabar con potenciales candidatos. Los que asomen la cabeza recibirán el mismo trato", describe el politólogo y profesor universitario Eduardo Dargent.

“La prensa trata de manera distinta ambos casos. La sensación es que Toledo difícilmente se recuperará de las acusaciones. En el caso de García hay mayor habilidad para enfrentar las acusaciones y ponerlas en un contexto de búsqueda de su inhabilitación: no aparece excesivamente debilitado”, comenta Peñaflor.

Peñaflor alude al más reciente episodio que ha incomodado al líder aprista. Hace una semana, la prensa difundió un informe preliminar de la ‘megacomisión’ del Congreso. “Está pendiente la supuesta interferencia política en el caso Business Track; una investigación de presunto enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del Estado, y terminar la investigación sobre los ‘narcoindultos’”, añade.

El documento filtrado recomienda que el Congreso formule acusación constitucional contra García por haber obstruido la justicia -durante su gobierno- en un caso de supuesto tráfico de influencias de ministros apristas y empresarios extranjeros. La empresa Business Track realizaba escuchas telefónicas ilegales y luego vendía la información a sus clientes: se trataba de conversaciones de políticos y empresarios. La prensa dio a conocer el esquema en 2008 y, posteriormente, se perdió un USB con evidencias.

El mismo reporte, aun no aprobado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, plantea que podría haber responsabilidad del Ministerio Público en la desaparición de evidencias (USB). Sin embargo, la exfiscal de la Nación, Carmen Echaiz, no fue convocada hasta el momento a las sesiones de la comisión parlamentaria y ha rechazado la imputación. Indica que no formó parte del Gobierno de García y no pueden acusarla si no la han notificado de previamente. Estas indagaciones deterioran la figura política de García, dos veces presidente, quien quisiera postularse como candidato para las elecciones generales de 2016.