Bolivia anuncia una auditoría técnica a su polémico censo poblacional

La ministra de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Viviana Caro, ha anunciado una auditoría técnica al Censo de Población y Vivienda 2012 en un intento de apaciguar las protestas ciudadanas que rechazan sus resultados. Estos tienen incidencia en la asignación de recursos económicos y en la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa.

El próximo lunes llegará a Bolivia el director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Demografía, Dirk Jaspers, para definir el trabajo de evaluación a los resultados del censo, los márgenes de error y, más tarde, una auditoría técnica, según el informe oficial.

Las asambleas, cabildos y reuniones registradas en los últimos días en casi todo el país han mostrado el descontento de las regiones interesadas en preservar o aumentar las asignaciones económicas y defender los escaños parlamentarios y el peso político correspondiente para cada uno de los departamentos. Las conclusiones de los debates ciudadanos apuntan a exigir al Gobierno una encuesta postcensal, una auditoría técnica, la anulación del censo 2012 y el recuento de población por regiones, entre otras sugerencias.

La ministra Caro confirmó en declaraciones a la prensa local que el Gobierno boliviano ha solicitado al CELADE “que el equipo internacional que venga al país incorpore al cronograma de trabajo todos los elementos que hacen a una auditoría técnica”. Esta decisión hace “totalmente innecesarias las medidas de presión que han tomado algunos dirigentes de comités cívicos de algunas ciudades”, agregó.

La Federación Departamental de Juntas Vecinales de Santa Cruz ha asumido las primeras medidas de presión con una huelga de hambre. Su secretario ejecutivo, Omar Rivera, ha advertido de que la protesta continuará hasta que se efectúe una auditoría técnica a cargo de organismos internacionales. Rivera formuló declaraciones en la plaza mayor de Santa Cruz, donde una decena de personas cumplió el primer día de huelga de hambre a pesar del frío polar que afecta el sureste boliviano.

En la ciudad de Tarija tuvo lugar una manifestación de protesta y en Beni las organizaciones cívicas solicitaron que se anule el Censo y se destituya a los directores del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La desconfianza en los resultados oficiales tiene su origen en la diferencia entre las cifras preliminares entregadas por el presidente Evo Morales el pasado mes de enero y los números definitivos presentados a fines de julio, que reflejan cerca de 300.000 personas menos en las principales capitales y numerosos municipios.

“Coincido con quienes piensan que el pecado original de este censo fue no haber concluido la actualización cartográfica”, ha escrito en su columna el antropólogo social y sacerdote jesuita Xavier Albó. La Fundación Jubileo – una institución católica que desarrolla investigaciones políticas, sociales y económicas - ha señalado que, además de la cartografía no actualizada, se cometieron otros dos posibles errores: debilidades en la elaboración de la boleta y una deficiente capacitación de empadronadores.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) ha realizado cálculos sobre las nuevas asignaciones de recursos económicos derivadas de los resultados del Censo 2012. Por ejemplo, La Paz recibiría un 20% menos de recursos, mientras que Cobija, la capital de Pando, aumentará los ingresos en un 71%. “Cinco de los nueve departamentos recibirán menos recursos y 189 municipios registrarán merma en los recursos de coparticipación”, menciona en un informe preliminar.

La ministra Caro ha advertido que, independientemente de la auditoría técnica que se vaya a realizar, los resultados del Censo 2012 son oficiales y deberán aplicarse en la elaboración de los planes operativos anuales para su inclusión en las cuentas del Estado.