La reforma migratoria y el debate fiscal aguardan al Congreso tras las vacaciones

El Congreso comenzó el pasado viernes el receso de verano de cinco semanas con la reforma migratoria encallada en la Cámara de Representantes y sin visos de acuerdo entre demócratas y republicanos para cerrar un presupuesto antes del comienzo del año fiscal, el 1 de octubre, que evite la parálisis del Gobierno -al no tener fondos para satisfacer nada más que los servicios públicos esenciales- o para elevar el techo de deuda.

En estos primeros meses del nuevo curso político, ha dado la sensación, compartida incluso por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, de que en el Congreso, en lugar de aprobar leyes, lo que se ha hecho ha sido entorpecer propuestas legislativas. Este bloqueo ha afectado a muchas de las iniciativas que el presidente Barack Obama anunció en su aplaudido discurso sobre el estado de la Unión del pasado mes de febrero, algunas de las cuales, como el incremento del salario mínimo, ni siquiera se han comenzado a debatir en las cámaras, y otras, como el llamamiento a un acuerdo para evitar la entrada en vigor del drástico paquete de recorte del gasto público, conocido como secuestro, ni siquiera fue atendido.

El ejemplo más claro y, hasta ahora, más amargo del bloqueo del Capitolio ha sido la muerte en el Senado de la propuesta de la ley para incrementar el control de armas, una de las prioridades de Obama en su segunda legislatura

El ejemplo más claro y, hasta ahora, más amargo del bloqueo del Capitolio ha sido la muerte en el Senado de la propuesta de la ley para incrementar el control de armas, una de las prioridades de Obama en su segunda legislatura y cuya defensa constituyó uno de los momentos más emotivos del citado discurso sobre el estado de la Unión. La imposibilidad de los demócratas de atraer el apoyo suficiente de los miembros de la oposición a una propuesta bipartita para extender el control de antecedentes a las ventas comerciales de armas, hizo languidecer la norma en la cámara Alta.

Obama, no obstante, no está dispuesto a que la obstrucción del Congreso anquilose su programa de su segundo mandato y ya ha anunciado que echará mano de su privilegio presidencial, que le permite adoptar determinadas medidas sin contar con la aprobación previa del Capitolio, para impulsar determinadas iniciativas como establecer nuevos límites a las emisiones de dióxido de carbono o proveer de acceso a Internet de alta velocidad al 99% de los estudiantes estadounidenses.

Reforma migratoria

Mejor suerte ha corrido la ley sobre la reforma migratoria, un texto impulsado por un grupo bipartito de senadores y que ha contado con un amplio respaldo por parte de la Casa Blanca, asociaciones de inmigrantes, empresarios y grupos de derechos civiles, cuyo futuro ahora está en manos de mayoría republicana de la Cámara de Representantes. La legislación allana el camino para la regularización de los alrededor de 11 millones de indocumentados que residen en EE UU. Aunque la norma parece haberse estancado en la cámara Baja, que no acepta el contenido actual del texto y aspira a reforzar las medidas de control y seguridad fronterizas, se espera que, finalmente, el presidente Barack Obama firme la ansiada ley antes de Acción de Gracias. Varias asociaciones de inmigrantes no piensan dejar que los legisladores olviden la importancia de aprobar esta ley y ya han planificado manifestaciones a lo largo del mes de agosto en los lugares de veraneo de varios congresistas.

La reforma migratoria no es, sin embargo, el principal tema pendiente para los miembros del Congreso. La sombra de la parálisis gubernamental, si no se llega a un acuerdo sobre los presupuestos, se ha cernido sobre el Capitolio esta última semana antes del receso estival y es muy probable que se extienda en estos días de descanso. Ahora mismo, parece impensable que la incapacidad negociadora que han demostrado durante los primeros meses de 2013 vaya a desaparecer a la vuelta de las vacaciones.

La sombra de la parálisis

Si no se llega a un acuerdo antes del 1 de octubre para acabar con el secuestro y obtener fondos para financiar a las agencias federales para 2014, el Gobierno entrará en parálisis, siendo incapaz de atender programas y servicios públicos, más allá de los básicos -Policía, bomberos, servicio postal, Fuerzas Armadas...-, lo que provocaría cientos de pérdidas de empleos públicos y un serio estancamiento de una economía que se está empezando a recuperar. Pocas semanas después, el Departamento de Tesoro podría enfrentarse al riesgo de declararse en suspensión de pagos, a no ser que el Congreso alcance un pacto para ampliar el techo de deuda pública en 16.700 billones de dólares.

Si no se llega a un acuerdo antes del 1 de octubre para acabar con el secuestro y obtener fondos para financiar a las agencias federales para 2014, el Gobierno entrará en parálisis, siendo incapaz de atender programas y servicios públicos, más allá de los básicos

La Casa Blanca aspira a obtener fondos para evitar la parálisis reemplazando los recortes impuestos por el secuestro gracias a la autorización de nuevos ingresos y recortes en el gasto a largo plazo de determinados programas sociales. La semana pasada, el presidente ofreció a los republicanos un acuerdo que pasaba por reducir los impuestos a las empresas a cambio de aumentar la inversión en infraestructuras, en un intento por acercar posturas de cara a las intensas negociaciones sobre los presupuestos y la reducción del déficit que se vaticinan para septiembre.

La oposición ya ha advertido de que no aceptarán ninguna inyección de capital al Gobierno que incluya dotar de fondos los programas incluidos en la reforma sanitaria de Obama. Un trato que el presidente no está dispuesto a tolerar y sobre el que este fin de semana han alertado varios gobernadores republicanos que han solicitado a sus colegas en el Capitolio que no favorezcan la parálisis de la Administración federal como parte de su estrategia para bloquear la financiación de la reforma sanitaria de Obama.

El presidente insitió el pasado miércoles a los miembros del Partido Demócrata en el Congreso de que no está dispuesto a hacer pactos efímeros que no sobrevivan a nuevas crisis. Una convicción que también está dispuesto a aplicar en la renegociación del techo de la deuda. Los republicanos insisten en que no tolerarán un incremento en el endeudamiento del Gobierno si no se recortan importantes programas sociales, algo por lo que tampoco parece estar dispuesto a pasar la Casa Blanca. Con la intención de poner a la opinión pública de su parte, Obama ha iniciado una serie de viajes por todo el país para defender su política económica y la creación de puestos de trabajo, pero la oposición ya ha dicho que lo que espera del presidente no son discursos sino acciones.

Seguridad vs privacidad

Al debate sobre la fiscalidad, se sumará otro que no estaba previsto en la agenda de ningún legislador, el del equilibrio entre la seguridad y la privacidad de los ciudadanos. Las filtraciones de los programas de vigilancia del Gobierno realizadas por Edward Snowden han dividido a la clase política que ha empezado a cuestionarse la validez y la eficacia de unos programas demasiado secretos, que se desarrollaron tras los atentados del 11-S, pero de cuya utilidad se desconfía más de 10 años después. En las últimas semanas, los comités de Inteligencia de ambas Cámaras han comenzado a establecer propuestas para garantizar un mayor control y transparencia sobre las prácticas de la Administración. Una iniciativa que la Casa Blanca avala en público. El presidente se reunió el jueves con un grupo escogido de senadores y congresistas de ambos partidos para explicarles los particulares de algunas de esas técnicas en una reunión que la presidencia calificó de “fructífera”.