Obama mantiene la ofensiva para proteger el derecho a voto

El mandatario reúne a líderes de organizaciones civiles para prometerles que protegerá el derecho a voto de todos los ciudadanos

El presidente Obama, durante la reunión en la Casa Blanca.
El presidente Obama, durante la reunión en la Casa Blanca.THE WHITE HOUSE

La protección del derecho a voto, en el centro de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y herida de gravedad desde que el Tribunal Supremo ordenara la revisión de uno de sus artículos esenciales, se ha consolidado como una de las prioridades del presidente Obama, en materia doméstica. El mandatario demócrata convocó esta semana en la Casa Blanca a los líderes de las principales organizaciones del país para comunicarles la estrategia que intentará proteger el derecho a voto de todos los ciudadanos de cara a la próxima convocatoria electoral.

La Ley de Derecho a Voto, aprobada en 1965 y uno de los grandes triunfos del movimiento por la igualdad de las minorías raciales, sufrió un duro revés a comienzos de este verano cuando el Tribunal Supremo encargó al Congreso que revisara el apartado que ha garantizado la participación electoral de millones de afroamericanos, estudiantes y ciudadanos sin recursos. El Artículo en cuestión impide que aquellos estados que participaron en la segregación racial modifiquen sus leyes electorales sin la aprobación previa del Departamento de Justicia. A partir de ahora pueden hacerlo sin supervisión.

“En el caso de ser revocada por el Tribunal Supremo, los sacrificios de aquellos que pelearon para aprobarla habrán sido en vano”, advertía el historiador Gary May en su libro ‘Bending Toward Justice’, un relato de la lucha que miles de afroamericanos libraron en el sur hasta la victoria de 1965. May, que emplea en el título parte de una icónica frase de Martin Luther King, asegura que las circunstancias que violaron el derecho a voto de las minorías raciales pueden no tener “un paralelismo exacto” en la actualidad, pero “su eco todavía permanece en todo el país a través de esfuerzos más sutiles e insidiosos para impedir que los afroamericanos decidan el futuro de este país”.

Esta semana, Obama recibió en la Casa Blanca a numerosos líderes de la comunidad afroamericana y responsables de organizaciones por los derechos civiles para garantizarles que su Administración trabaja en varias opciones para minimizar el daño de la sentencia del Supremo. “Nos sentimos muy animados al saber todo lo que está haciendo el Departamento de Justicia para crear una estrategia y tener fuerza real a la hora de combatir la discriminación racial”, aseguró Barbara Arnwine, presidenta del Comité de Abogados de la organización Civil Rights Under Law, al salir de la reunión.

El Departamento de Justicia se ha personado en una denuncia contra la nueva ley electoral de Texas y se prepara ante nuevos cambios en Carolina del Norte, Arkansas y Mississippi

Las elecciones de 2012, en las que resultó elegido Obama, fueron protagonizadas por la aprobación de una quincena de leyes estatales que dificultaban el acceso a las urnas para los ciudadanos. Todos fueron impulsadas por gobernadores republicanos que alegaban combatir así el fraude: personas que votaban varias veces con diferentes identidades, inmigrantes sin papeles que emitían un voto. Sin embargo, los expertos aseguran que ese tipo de incidentes es tan reducido que no tiene influencia estadística en el resultado electoral.

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Las leyes de supresión de voto, como se denominó a aquella hornada de normativas, han encontrado en la decisión del Supremo un nuevo aliciente. Varios Estados proyectan cambios de cara a las elecciones de 2014, cuando los republicanos esperan ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes y reducir la diferencia con los demócratas en el Senado. En respuesta, el Departamento de Justicia se ha personado en una denuncia contra la nueva ley electoral de Texas y se prepara ante nuevos cambios en Carolina del Norte, Arkansas y Mississippi.

En el caso de Carolina del Norte, los demócratas advierten de que la legislación electoral es una de las más restrictivas de los últimos años. El gobernador, Pat McCrory, acaba de firmar una ley que exige presentar un documento de identidad con foto para poder registrarse en el censo electoral, reduce el número de días para votar por adelantado, prohíbe un programa para registrar a estudiantes de instituto antes de cumplir los 18 años e impide a los ciudadanos que se registren el mismo día de las elecciones. Todos estos elementos son un paso atrás en los derechos civiles, según diversas organizaciones, y derriban los pilares de la victoria que supuso la ley del 65.

Entonces, en Estados como Alabama, los afroamericanos representaban más del 60% del electorado, pero apenas un 1% se había registrado para votar. Las autoridades estatales implementaron medidas como obligar a las minorías a aprobar un examen para poder registrarse o pagar un impuesto especial -poll taxes- para votar. La falta de recursos, las dificultades para llegar al juzgado donde se hacía el examen y los obstáculos de horarios o falta de personal para proceder con los trámites -como relata al detalle May en su obra- impidieron a miles de afroamericanos a ejercer su derecho a voto.

“Si no tengo derecho a votar, no soy dueño de mí mismo”, proclamó Martin Luther King en la escalinata del monumento a Abraham Lincoln en 1957. “No puedo tener mis propias ideas, las eligen por mí. No puedo vivir como ciudadano en una democracia, observando las leyes que he ayudado a aplicar, tendré someterme al dictamen de otros”.

El fiscal general, Eric Holder, adelantó la ofensiva de la Administración Obama antes de las elecciones equiparando las leyes de supresión de voto a los impuestos que debían pagar los afroamericanos para votar en los años 60. Esta semana, Holder solicitó a un juez federal que restaure la potestad del Departamento de Justicia para revisar las leyes electorales de Estados con historial de discriminación contra minorías.

Según el reverendo Al Sharpton, uno de los líderes de la comunidad afroamericana, el presidente Obama les garantizó que intentaría recuperar las garantías de la ley del 65. “Nos dijo que la legislación no está muerta”, afirmó a la cadena MSNBC, “tampoco está grave, pero está herida”.

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