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El programa de vigilancia telefónica de EE UU se salva en la cámara Baja

El primer debate sobre las técnicas de espionaje en el Congreso tras las filtraciones evidencia la polarización entre seguridad y privacidad en ambos partidos

Amash, responsable de la enmienda contra los programas de vigilancia de la NSA. Ampliar foto
Amash, responsable de la enmienda contra los programas de vigilancia de la NSA. AP

La Cámara de Representantes ha rechazado este miércoles por un estrecho margen una enmienda para restringir el programa de recopilación de llamadas telefónicas de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA). Es la primera vez que se sometían a escrutinio en el Congreso las prácticas de vigilancia de la Administración desde que Edward Snowden difundiera varias de sus técnicas de espionaje masivo. Independientemente del resultado -217 votos en contra de la moción y 205 a favor, una victoria para el Gobierno-, el debate ha evidenciado la profunda división que generan las técnicas de la NSA y el equilibrio entre seguridad y privacidad, no sólo entre las filas demócratas sino en el seno del Partido Republicano.

La cámara Baja ha votado una enmienda presentada por el republicano Justin Amash para prohibir a la NSA la recopilación de llamadas de ciudadanos que no sean objeto de una investigación judicial bajo la Ley Patriótica, lo que, de facto, hubiera supuesto la práctica desmantelación del programa, dado que sólo puede operar al amparo de esa legislación. El pasado lunes, Amash, respaldado por el ala afín al Tea Party, consiguió introducir esa enmienda en la Ley de Asignaciones del Departamento de Defensa, tras amagar con unirse a los demócratas y hacer fracasar la totalidad de la ley. Además del los miembros más reaccionarios del Partido Republicano, la propuesta de Amash también ha contado con el apoyo de los demócratas más liberales, un ejemplo de las extrañas alianzas que provoca en el Congreso un tema tan delicado como la ponderación entre seguridad y privacidad.

Ningún fondo para la intervención en Siria

La votación de la enmienda que, de salir adelante, hubiera puesto en jaque el programa de vigilancia de la NSA ha eclipsado otras importantes iniciativas introducidas en al Ley de Asignaciones para el Departamento de Defensa, que dota al Pentágono de 512.500 millones de dólares para la compra de armamento, naves y aviones y la contratación de personal, además de 85.800 millones de dólares para la guerra de Afganistán en el presupuesto del año que viene. La Cámara de Representantes ha votado a favor de prohibir cualquier tipo de fondos para financiar futuras acciones militares en Siria que no cuenten con una autorización previa por parte del Congreso.

Las dudas sobre la planificación de la intervención de EE UU en el conflicto sirio por parte de la Casa Blanca han provocado el respaldo de esta enmienda que, como en el caso de la relacionada con la NSA de haberse aprobado, está abocada a morir en el Senado.

La Casa Blanca y los principales responsables de las agencias de seguridad estadounidenses han liderado a lo largo de esta semana una intensa ofensiva para para impedir que la enmienda prosperase. El martes por la tarde el portavoz de la presidencia, Jay Carney acusaba a Amash de “desmantelar de manera apresurada una de las herramientas antiterroristas de los servicios de inteligencia” y pedía a la Cámara de Representantes que “rechazara la enmienda y que, en su lugar, avanzara hacia una vida apropiada que contemple una revisión adecuada de todos los mecanismos que garantizan la seguridad de la nación”.

Ese mismo día, el general Keith Alexander, el máximo responsable de la NSA, visitaba por sorpresa el Capitolio para reunirse con los legisladores y mantenerlos al tanto de los programas de la agencia en una sesión a puerta cerrada. El director nacional de Inteligencia, James Clapper, también ha alertado de los terribles efectos que se derivarían para la seguridad nacional si se desmantela el programa de la NSA.

A esa campaña para derrocar la enmienda también se han sumado miembros de ambos partidos políticos, entre ellos los presidentes de los comités de Inteligencia de las dos cámaras, el republicano Mike Rogers, por la de Representantes y la demócrata Dianne Feinstein, por la del Senado-. Siete presidentes republicanos de distintos comités de la Cámara de Representantes enviaron el martes una carta a sus colegas de partido instándoles a que se opusieran a la enmienda. En otra misiva, redactada por antiguos Fiscales Generales, exdirectores de la CIA y otros expertos en seguridad nacional, también se ilustraba a los legisladores sobre la legalidad de los programas de la NSA. El presidente de la cámara Baja, el republicano John Boehner, que suele abstenerse de participar en todas las votaciones, ha votado en esta ocasión en contra de la propuesta de Amash, en un ejemplo de la transcendencia de este debate.

Las filtraciones de Snowden ha reavivado la controversia sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad, pasada la amenaza suscitada tras el 11-S. La Administración y muchos legisladores han insistido en la importancia de los programas de vigilancia y en su eficacia para prevenir ataques y salvar vidas. Sin embargo, la forma laxa de interpretar la legislación bajo la que opera la NSA y el resto de agencias y la extensión de la vigilancia también han suscitado los recelos de un amplio espectro de los miembros del Congreso, de ambos signos políticos, creando extrañas alianzas y coaliciones políticas.