Un curso acelerado para resistir presiones

El arsenal empleado en Bruselas para intentar condicionar las normas que allí se elaboran es tan ingente que las autoridades comunitarias han decidido protegerse. Una formación ética, que incluye normas específicas para tratar con los lobbistas, es obligatoria para todo el personal nuevo que se incorpore a la Comisión Europea, según explica un portavoz. Esas herramientas también están disponibles para los funcionarios más antiguos que quieran pertrecharse contra el creciente poder de los lobbies.

Aunque la influencia que ejercen los grupos interesados en cualquier legislación que se tramite ya era habitual en Bruselas, el paquete de protección de datos ha revolucionado estas prácticas. “Antes, en Bruselas existía la confianza de que todo el mundo era quien decía ser. Ahora todo se ha contaminado, con muchas voces que multiplican el mensaje de los gigantes de Internet, normalmente fingiendo ser solo pequeñas empresas”, explica Joe McNamee, director de European Digital Rights, una organización que vela por los derechos del consumidor en la Red.

Esos usos, casi intimidatorios, tienen una tradición mucho más larga en Estados Unidos, donde existe un registro obligatorio de lobbistas para fomentar la transparencia. También Europa ha creado el suyo, aunque de carácter voluntario, con unas 28.000 personas que ejercen esta labor en casi 6.000 organizaciones, según estimaciones de la Comisión Europea.

“La Comisión está engañando con los datos que ofrece. En Estados Unidos los lobbies cumplen con las normas. En Europa, en cambio, solo están las empresas que desean dar una imagen de transparencia. Y ha habido casos en los que los datos que proporcionaban no coincidían con los de la Hacienda belga”, alega Koen Roovers, coordinador de Alter-EU, coalición compuesta por dos centenares de organizaciones dedicadas a asuntos públicos.

Con la experiencia en este tipo de influencias —y las buenas conexiones de los estadounidenses con Reino Unido y otros países miembros—, el conocimiento que tiene el Ejecutivo de EE UU de las negociaciones europeas es más que minucioso. “Estados Unidos es un Estado miembro más de la Unión Europea”, bromean fuentes comunitarias para subrayar el sospechoso seguimiento que hace la Administración norteamericana de muchos dossiers.

Antes de la protección de datos, ya existieron otros proyectos con intensas campañas para influir. El proyecto Reach, de regulación de sustancias químicas, el etiquetado de los nutrientes en la comida o la directiva sobre el tabaco, aprobada este mismo año, son algunos ejemplos.