El precio de retratar los procesos judiciales en México

Hay una máxima que se repite entre abogados mexicanos: “Nunca hagas enojar al juez”. Layda Negrete y Roberto Hernández, responsables de retratar al sistema judicial mexicano a través del documental Presunto Culpable, los han hecho enojar y mucho. La cinta, que retrata el juicio en que un hombre, José Antonio Zúñiga, es condenado injustamente a la cárcel por asesinato, enfrenta 19 demandas civiles, algunas de ellas por el “daño moral” causado a algunos de los funcionarios públicos que aparecen a cuadro.

Las demandas han parado la venta y distribución de las copias de la película en México. No es la primera vez que Presunto Culpable enfrenta un proceso judicial para detener su distribución. Días antes de su estreno en 2011, una juez ordenó la retirada de los cines de la película por una demanda de Víctor Daniel Reyes, el testigo estrella de la Fiscalía durante el juicio contra Zúñiga, que al inicio del proceso había reconocido que nunca había visto al acusado. La orden fue retirada y la cinta se exhibió en salas. Presunto Culpable se convirtió en el documental más visto en la historia de México.

A dos años del estreno de la película, Reyes, de nuevo, ha demandado a los productores de Presunto Culpable. En la demanda, explica Hernández, ha reconocido que no ha visto la película pero, según su declaración, esta “retrata falsedades”. Otros de los demandantes son el detective José Manuel Ortega Saavedra –que exige una compensación de 3.000 millones de pesos (unos 233 millones de dólares)– y la familia del muchacho asesinado, Juan Carlos Reyes Pacheco, por “exhibir la imagen de su hijo muerto durante algunos segundos en la película”, explica Hernández desde La Haya.

La indignación contra Presunto Culpable ha alcanzado hasta a la máxima autoridad del juzgado en que se filmó la película: Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El magistrado asegura que la cinta retrata “un caso aislado” y que está “manipulada y editada” y la calificó como un ataque contra los jueces. “No están solos”, les dijo.

En México, un país en que el acusado parte como culpable y debe demostrar su inocencia en el juicio, alrededor del 95% de las sentencias son condenas. Según un estudio de Open Society y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), el 40% de las 210.000 personas presas en el país latinoamericano son inocentes. Un 20% afirma que ni siquiera conoció al juez que le condenó. El ranking del World Justice Project, presentado esta semana en La Haya, sitúa a México en el puesto 90 entre 97 países, por debajo de Bangladesh, Irán, Kazajistán, Uganda y Zimbabwe.

Hernández fue detenido hace unas semanas por filmar con su teléfono una detención en la calle. El policía que le arrestó no atinó a decirle el motivo de la detención, recuerda y fue liberado horas después que el caso saliera a los medios de comunicación y que la Comisión de Derechos Humanos del DF presentara una queja. Relata que en uno de los 19 juicios que enfrenta, la juez le preguntó que por qué había grabado el proceso que retrata en Presunto Culpable. “Por pedagogía social”, cuenta que le respondió. “Pues se excedieron”, respondió la magistrada.