Censurados por retratar el desastre judicial de México

Algo más de 430.000 espectadores habían visto hasta ayer Presunto culpable, el documental que narra los 28 meses que un joven, José Antonio Zúñiga, pasó en una cárcel mexicana por un asesinato que no cometió. A partir de hoy, es posible que nadie más pueda verla: las 200 copias que hasta ayer se exhibían en los cines serán retiradas a la espera de un trámite judicial que algunos ya califican de intento de censura. Por la noche, la orden no había llegado todavía a las salas y la película seguía en cartel.

Estrenada en México el pasado 18 de febrero, y con más de una docena de premios en festivales internacionales, Presunto culpable muestra con crudeza y notable calidad cinematográfica la historia de una víctima más del sistema judicial mexicano, en el que un endeble testimonio puede llevar a una persona a la cárcel, mantenerlo encerrado durante meses antes de ser declarado culpable por un juez al que ni siquiera vio, y enfrentarse a una pena de 20 años de prisión después de los pésimos oficios de un abogado defensor que más tarde se sabría que ni contaba con el título.

La productora pide "que se abarroten las salas" mientras se exhiba el filme

Esa es parte de la historia de José Antonio Zúñiga, que seguiría hoy en prisión si el destino no le hubiera puesto en el camino a dos jóvenes abogados -Roberto Hernández y Tania Negrete, codirectores de la película-, que lograron la inédita autorización para meter cámaras y filmar la reposición del juicio de Toño, proceso en el que el cinismo de policías, fiscal, juez e, incluso, del principal testigo dota al documental de notables momentos que han provocado gritos de indignación de los asistentes a las salas de cine.

Y ha sido precisamente el testigo quien, al menos formalmente, ha logrado que sea retirada de las salas la película mexicana más polémica en mucho tiempo. Víctor Daniel Reyes Bravo, primo del asesinado y cuyo testimonio inicialmente hundió a Toño, ha iniciado un juicio por supuestas violaciones de sus derechos fundamentales. Alega que nunca autorizó que le grabasen y que protagonizar Presunto culpable le ha afectado en sus garantías individuales. Una juez federal ha declarado la suspensión provisional del filme y en las próximas 72 horas (ya han pasado 24) tendrá que determinar si se mantiene durante lo que dure este nuevo juicio. "Se trata de un intento de censura", han manifestado Hernández y Negrete nada más conocerse que la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) acatará la decisión provisional de la juez y pedirá que se suspenda la exhibición de Presunto culpable. Dos cosas son seguras: aún más gente querrá ver el documental y se especulará sobre las verdaderas motivaciones que hicieron que el testigo iniciara un proceso judicial para detener el retrato más demoledor de lo que puede llegar a ser un juicio en México.

"Como un balde de agua fría". Así recibió la mexicana Martha Sosa, que junto con Yissel Ibarra produce Presunto culpable, la noticia de que una jueza había ordenado la suspensión de la proyección de la cinta. Desde Cartagena de Indias (Colombia), donde participa como jurado de la sección de Documental del Festival Internacional de Cine que concluyó ayer en la ciudad caribeña, Sosa insistió en que lo más importante no era quejarse, "sino que la gente vaya al cine, que abarrote las salas mientras aún está en cartelera. Hay que pasar a la acción".

Sosa, también productora de Amores perros (2000), es una de las grandes promotoras del cine mexicano. Horas antes de que se conociera la orden de suspensión contra Presunto culpable, Sosa afirmaba que la cinta, premiada en el festival Documentamadrid en marzo del año pasado, era una historia que "había nacido con ángel". La empatía del espectador Toño es inmediata. "Cuando la gente la ve, se apropia de ella, sienten que son los que ganan a los funcionarios corruptos, que son ellos los que están peleando por su libertad", comentaba.

Presunto culpable es el documental más exitoso en la historia de México. La cinta fue número uno en taquilla en su estreno -el 12 de febrero-, aun cuando ese fin de semana se estrenaba la británica El discurso del rey, triunfadora en los Oscar de este año. "Dejaremos todas las funciones en todos sus horarios hasta que no recibamos una orden para hacer otra cosa, hasta que nos quiten la autorización y a partir de ahí nuestro departamento jurídico evaluará todas las opciones legales para evitar que quiten la película", explicó Alejandro Ramírez Magaña, director de la compañía de exhibición y distribución Cinépolis.