El artífice de la economía argentina, imputado por abuso de autoridad

Guillermo Moreno, el secretario de Comercio de Argentina, declaró el miércoles ante el juez Claudio Bonadio por multar a las consultoras privadas que publicaban estudios sobre la inflación con cifras notablemente superiores a las oficiales. Moreno requirió en febrero de 2011 a una docena de empresas que facilitaran documentación sobre los métodos que empleaban para calcular la inflación. Las compañías rehusaron dárselas y Moreno las sancionó a cada una con medio millón de pesos, unos 125.000 dólares. Una de ellas, Finsoport, lo denunció y el juez Bonadio imputó a Moreno por los supuestos delitos de“abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Tras prestar el miércoles declaración indagatoria ante el juez durante dos horas, el secretario de Comercio se negó a contestar ninguna pregunta de los periodistas.

El cargo de secretario de Comercio no informa con mucha exactitud sobre el verdadero poder de Moreno. Es Moreno quien restringe las importaciones para mantener un superávit en el país por encima de los 10.000 millones de dólares, es Moreno quien negocia –o presiona, según se mire—con los empresarios de los supermercados para que congelen los precios durante varios meses y es Moreno quien diseña las políticas para combatir las subidas del dólar paralelo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dirigido al Gobierno varias advertencias para que aporte cifras confiables.

Un hombre con tanto poder no podía quedarse con los brazos cruzados ante la inflación. Así que en enero de 2007 reformó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), encargado de estudiar la evolución de los precios. A partir de entonces, muchos economistas –entre ellos el actual viceministro de Economía, Axel Kicillof— denunciaron que las estadísticas oficiales habían perdido toda credibilidad. Las consultoras privadas aportaban cifras sobre el índice de precios que llegaban a duplicar a las oficiales. Para multarlas, Guillermo Moreno recurrió a una Ley de Lealtad Comercial que castiga a publicidades engañosas que incurran en inexactitudes u ocultamientos y puedan inducir a error en las condiciones y en los precios de venta. Varios directivos de las consultoras alegaron que el único organismo que estaba incurriendo en inexactitudes, engaños y ocultamiento de las cifras reales era el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Desde entonces, la palabra inflación se fue convirtiendo en una especie de tabú en el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dirigido al Gobierno varias advertencias para que aporte cifras confiables. En septiembre de 2012, durante una conferencia pronunciada en la universidad de Harvard, un estudiante preguntó a la presidenta de Argentina por la inflación y sobre los emplazamientos del FMI. Cristina Fernández respondió: “Lo que ha tomado en cuenta el Fondo Monetario Internacional, que han sido encuestadoras privadas, que daban una inflación entre el 20 y el 24% y que fueron denunciadas ante la Justicia porque hay leyes que establecen que en la Argentina para dar datos económicos que puedan influir en el comportamiento de los actores económicos hay que tener una base científica”.

El pasado abril, cuando una periodista preguntó al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, cuál era la inflación, Lorenzino terminó contestando con una respuesta que dio la vuelta al mundo: “Me quiero ir. Y además, hablar sobre las estadísticas de inflación en Argentina es complejo. ¿OK?”.

La inflación oficial se sitúa en torno al 10%, pero los convenios salariarles se han firmado por encima del 23% respecto al año pasado.