Rousseff someterá la reforma política a referéndum antes de octubre

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanza en su proyecto de impulsar una gran reforma política en el país. El lunes anunció que esa reforma se haría a través de un “proceso constituyente”. Y las críticas le cayeron en tromba desde la oposición y también desde el poder Judicial, que no veían la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente con poderes ilimitados para reformar la constitución de 1988. Finalmente, después de varias idas y venidas, aclaraciones y desmentidos, Rousseff alcanzó un acuerdo con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados para convocar un plebiscito cuyas preguntas concretas serán definidas en los próximos días.

La propuesta de reforma constitucional que anunció el lunes la presidenta no había convencido ni a la oposición ni a destacados miembros del poder jurídico. Y a la calle la dejó indiferente. Su objetivo era emprender una gran reforma política con el respaldo del voto popular. Pero el rechazo entre los partidos opositores fue tan unánime que el Gobierno comenzó a barajar otras opciones.

El presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Marcus Vinícius Coelho, acudió el martes al palacio presidencial de Planalto con la propuesta de modificar la Ley de Elecciones y la de Partidos Políticos sin alterar la Constitución. Su proyecto contemplaba consultar al pueblo mediante un referéndum acerca de las medidas concretas de la reforma, sin necesidad de convocar una Asamblea Constituyente.

Vinícius Coelho salió de su encuentro con Rousseff declarando que había convencido a la presidenta. Sin embargo, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, matizó sus declaraciones advirtiendo que se trataba de una propuesta “interesante”, pero sólo una más que se estudiaría junto a otras sugerencias. Al cabo de varias horas, el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, admitió que se impulsaría un plebiscito, sin convocar a la Asamblea Constituyente.

“No hay tiempo hábil para realizar una Constituyente", y la "Cámara de Diputados se manifestó en contra", por lo que "la única convergencia posible es el plebiscito", señaló Mercadante en declaraciones recogidas por la agencia Efe. La razón de tanta premura es Rousseff quiere que la reforma política entre en vigor antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán en octubre del 2014. La ley exige que las medidas se aprueben un año antes.

En los próximos días el Gobierno tendrá que negociar con los líderes de la oposición el contenido de las preguntas. El camino que queda por delante no es nada fácil. Pero es mucho más sencillo de transitar que si se hubiera pretendido convocar una Asamblea Constituyente.

Luís Roberto Barroso, un juez que se acaba de incorporar esta semana al Tribunal Supremo, ya se pronunció en 2011 en contra de esa opción como medio para emprender una reforma política. “No es posible, la teoría constitucional no conseguiría explicar una Constituyente parcial”, indicó entonces Barroso. “La idea del Poder Constituyente es de un poder soberano, un poder que no debe su fundamento de legitimidad a ningún poder que no sea la propia soberanía popular que lo impulsó. De modo que nadie puede convocar un Poder Constituyente para establecer previamente cuál es la agenda de ese Poder Constituyente. El Poder Constituyente no tiene la agenda prefijada”.

Varios dirigentes opositores también calificaron la propuesta de innecesaria, al entender que se puede reformar el sistema político con una simple enmienda constitucional. Para la oposición, Rousseff sólo trata de desviar la presión de la calle hacia el Congreso –la institución que debería aprobar la convocatoria de la Constituyente-- mientras elude adoptar medidas concretas que sólo dependen de ella y no del Congreso.

El senador opositor Aécio Neves declaró que la presidenta sólo intenta desviar la atención y “transferir a terceros sus propias responsabilidades (…) Olvidó que su partido gobierna el país desde hace más de diez años. No se termina de entender cómo este Gobierno, que controla el 80% de las cámaras, todavía no ha impulsado el debate y aprobado una reforma”, añadió. Neves, posible candidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centro derecha, recomendó a la presidenta reducir a la mitad el número de ministerios y los “más de 22.000 cargos comisionados, de los cuales 4.000 están ligados directamente a la presidencia”.

El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), también del PSDB, señaló que las reformas políticas mediante plebiscitos son propias de “regímenes autoritarios”. El exgobernador de São Paulo, José Serra, del PSDB, calificó la propuesta de absurda, fuera de la realidad y sin pies ni cabeza. “Primero se tiene que aprobar una ley en el Congreso. Si se aprueba, hay que fijar la fecha para que el pueblo vote. ¿Cuánto se tarda en eso? ¿Seis meses? Después es necesario elegir a los miembros de la Constituyente. ¿Y toda esa confusión se produciría en pleno año electoral –las presidenciales se celebrarán en octubre de 2014—porque ella oyó hablar de reforma política?”, preguntó.

En el campo de la justicia el recibimiento tampoco fue mucho más esperanzador para Rousseff. El mismo día que recibió al presidente del Supremo, Joaquim Barbosa, para exponerle su proyecto, las críticas también arreciaron desde el ámbito jurídico. Marco Aurélio Mello, uno de los diez integrantes del Supremo, declaró abiertamente que el país “no necesita nuevas leyes, sino hombres públicos que cumplan la Constitución”.

Y mientras tanto, las manifestaciones no cesan. Son mucho menos multitudinarias –2.000 personas en Río de Janeiro el pasado lunes-, pero continúan gestándose en las redes sociales.