Dilma Rousseff propone un referéndum para reformar la Constitución

Nadie lo esperaba. Después de 18 días actuando a remolque de la calle, Dilma Rousseff sorprendió a la clase política, a la prensa y, quizás, también a la calle. Se sabía que iba a reunirse con representantes del Movimiento por el Pase Libre, la organización que consiguió la anulación de la subida en las tarifas del transporte público. Y que después recibiría a los 27 gobernadores del país y a 26 alcaldes de las principales ciudades. Pero, entre ambos encuentros, la presidenta dejó pasar las cámaras al palacio presidencial de Planalto y advirtió: “Las calles nos están diciendo que quieren que el ciudadano, y no el poder económico, esté en primer lugar. […] La energía que viene de las calles es mayor que cualquier obstáculo. No tenemos que quedarnos inertes, incomodados o divididos. Por eso traigo propuestas concretas y la disposición para que discutamos al menos cinco pactos”.

Los otros cuatro pactos implican acuerdos fiscales, de sanidad, transporte y educación. Pero el principal es el que plantea una reforma política. Muchas veces se había planteado en Brasil sobre esa reforma. Pero las propuestas terminaban siempre frenadas por el Congreso. Ahora Rousseff plantea la convocatoria de un referéndum que autorice a convocar una asamblea constituyente. Y que esa asamblea se encargue de abordar la tan ansiada reforma. Era una propuesta a la altura de las mayores manifestaciones que ha vivido Brasil desde los años ochenta, cuando tras salir de la dictadura, partidos y sindicatos organizaron movilizaciones para exigir elecciones directas. “Brasil ya está maduro para avanzar”, señaló Rousseff.

La presidenta no aportó detalles ni contenidos sobre la consulta popular. Pero recalcó que una de las cuestiones fundamentales de la reforma sería la lucha contra la corrupción, uno de las quejas que más se han escuchado en las manifestaciones. “Debemos dar prioridad al combate contra la corrupción de manera aun más contundente”, indicó. “En ese sentido, una iniciativa fundamental es una nueva legislación que clasifique la corrupción dolosa como delito atroz, con penas mucho más severas”, indicó.

Con esa iniciativa, Rousseff parece atender lo que las calles llevan casi tres semanas reclamando: medidas concretas. Los ciudadanos se han cansado de los discursos hábilmente elaborados por asesores de imagen. Por eso, las manifestaciones continuaron tras el discurso presidencial que se emitió el viernes en todos los canales del país.

Un día después de aquel discurso, 60.000 personas se concentraron en Belo Horizonte para protestar por la gestión del Mundial de 2014. El domingo se registraron unas 20 marchas en el país, aunque la mayoría de ellas apenas llegaban a los 5.000 manifestantes. El lunes por la mañana murieron dos mujeres atropelladas cuando se manifestaban junto a 400 personas por la mejora de los servicios públicos en una carretera de la localidad brasileña de Cristalina, en el estado de Goiás. Con ellas son ya cuatro las víctimas mortales de las protestas que comenzaron el 6 de junio.

Aquel discurso del viernes fue acogido entre la expectación y el recelo. Dos de cada tres ciudadanos en la ciudad de São Paulo eran partidarios de continuar con las protestas. Rousseff prometió que contrataría médicos extranjeros para afrontar los problemas de la sanidad y eso generó muchos rechazo entre las asociaciones brasileñas. Sin embargo el lunes, Rousseff aclaró que sólo se recurría a los médicos de fuera cuando no haya otra opción.

Los convocantes de las primeras manifestaciones, el Movimiento por el Pase Libre, ya pueden anotarse grandes logros en su historial. Primero, consiguieron la rebaja de los 20 céntimos. Y ahora, la propuesta presidencial para emprender una gran reforma política. Pero no quedó ahí la cosa. El lunes por la mañana, antes de conocerse el anuncio de Dilma Rousseff, el Gobernador del Estado de São Paulo, Geraldo Alckim, miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), escorado al centro derecha a pesar de su nombre, anunció ayer otra gran medida concreta: la cancelación durante un año la subida en el peaje de las autopistas del Estado prevista para el 1 de julio.

Geraldo Alckmin negó que la suya fuese una medida populista. Y aseguró que la suspensión del aumento sería posible gracias a que iba a renegociar las condiciones del contrato con las empresas concesionarias, a implantar multas por el retraso en las obras y a racionalizar el gasto.

Tras el anuncio efectuado el lunes, Dilma Rousseff siguió reunida con los alcaldes y gobernadores. Ahora sólo cabe esperar la respuesta de las calles.