Un informe documenta más de 39.000 secuestrados en Colombia en 40 años

Si algo ha marcado la guerra en Colombia ha sido el flagelo del secuestro, un fenómeno que llegó tan lejos que se ha convertido en una especie de epidemia y en el delito que más repudian los colombianos. Es difícil imaginar que una sola persona haya sido secuestrada cinco veces para terminar asesinada o que haya permanecido 14 años en cautiverio, pudriéndose en la selva. Tampoco es fácil reconocer que más de 39.000 personas en el país saben lo que es estar secuestrado.

Conocer el número de víctimas de secuestro que ha tenido Colombia no ha sido una tarea fácil. Varias instituciones oficiales, pero también independientes, han hecho sus mediciones, pero no ha habido consenso. Ahora, tras una investigación de seis años realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, una institución del gobierno, y la firma Cifras & Conceptos se ha consolidado la base de datos más sólida sobre el secuestro en Colombia, que abarca desde 1970 hasta el 2010.

El resultado del informe Una verdad secuestrada, que cruzó información de siete fuentes distintas, desborda las mediciones más pesimistas, ya que documentó que 39.058 personas (las estadísticas oficiales hablan de 24.000) fueron secuestradas por lo menos una vez en 40 años. De estas, 301 fueron capturadas más de una vez. “Estamos ante un aporte que esperamos contribuya a esclarecer la verdad y a facilitar la justicia y reparación para las víctimas”, dijo Cesar Caballero, director de la investigación.

El drama de Luis Francisco Cuéllar, que fue gobernador del Caquetá –corazón de las FARC al sur del país–, es uno de los tantos casos que sacudió a los colombianos, ya que tras sobrevivir a cuatro secuestros y al asesinato de uno de sus hijos, en el quinto murió a manos de las FARC. Tenía 69 años, lo sacaron a la fuerza de su casa en noviembre de 2009 para luego balearlo y degollarlo. El primer rapto fue en 1987, el segundo en 1995, el tercero en 1997 y el cuarto en 1999.

Otro secuestrado, el sargento Libio José Martínez, permaneció 14 años en cautiverio y llevó a cuestas el indignante récord de ser el secuestrado más viejo del mundo. Perdió la libertad a los 22 años, permaneció encadenado y murió en noviembre de 2011 con un tiro de gracia que le dieron los carceleros de las FARC. Tenía 35 años, un hijo de 13 que no conoció y que se convirtió en símbolo nacional tras caminar por todo el país pidiendo la libertad de su papá.

La base de datos dada a conocer este jueves muestra la lista de los responsables del delito y las FARC siguen estando a la cabeza, como sucede en la mayoría de estadísticas. Para Gonzalo Sánchez, director general del informe y de Memoria Histórica, “las dimensiones del secuestro son absolutamente únicas en términos de su volumen y de significación en el conjunto del conflicto, si se lo compara con cualquier otro latinoamericano”. Y se pregunta cómo lo hicieron otros analistas cuando el secuestro se convirtió en un fenómeno masivo (1995-2004), cómo una guerrilla, que habla a nombre de campesinos y que debe mantenerse sobre la base del apoyo del pueblo, pudo secuestrar en esas dimensiones. “Aquí en Colombia esta insurgencia sale desconectada de aquellos que son su propio soporte”, dice Sánchez.

Sin embargo, uno de los grandes hallazgos y que acaba con el mito de que cuando se habla de secuestro inmediatamente los colombianos piensan en las FARC y en sus largos cautiverios, es que no es la única responsable. “El grueso de los secuestros duran menos de un mes (son el 59%) y hay otros grupos distintos a la guerrilla, como las redes criminales, que cometen un enorme volumen de secuestros”, explica Caballero.

Entre los autores de secuestros confirmados, la FARC tiene una responsabilidad en el 33% de los casos, le sigue el ELN, la otra guerrilla colombiana, un 30%, las redes criminales un 20% y los paramilitares un 4%. También hay que decir que el 9% de las víctimas estuvieron más de un año cautivas. En ese grupo se encuentran los que fueron secuestrados por motivos políticos como los militares, policías y políticos como Ingrid Betancourt.

Otro mito que se rompe es que en Colombia no solo secuestran a las personas con grandes ingresos económicos. Hay un 9% a quienes se les ha exigido por su liberación menos de 20 millones de pesos, unos 10.000 dólares. “El secuestro no es solamente un fenómeno que afecta a personas ricas o extranjeras o a aquellas que viven en zonas de conflicto. Es un fenómeno que ha afectado a toda la sociedad colombiana”, explica Caballero.

De los 1.102 municipios que hay en Colombia, en 1.006 se ha cometido al menos un secuestro, particularmente en grandes ciudades como Bogotá. “Uno entonces entiende esa mentalidad antisecuestro de los colombianos. Llegó el momento en que cualquier persona pudo sentirse vulnerable frente al secuestro. Ha sido una modalidad delictiva tremendamente invasiva, lo que provocó un consenso generalizado contra la guerra, pero con el problema de que invisibilizó otros delitos tan graves como la desaparición forzada”, agregó el director de Memoria Histórica.

El otro gran hallazgo que evidencia la gran deuda del Estado con las víctimas del secuestro es que de los 28.000 casos que han sido denunciados, solamente el 8% ha llegado a una sentencia condenatoria (3.144), lo que arroja que el 92% de los secuestros han quedado en la impunidad. Según las radiografía, solo 40 personas han sido condenadas como autores intelectuales, el otro gran porcentaje han sido carceleros.

¿Qué decirle a las FARC ahora cuando negocian el fin del conflicto? “Las FARC no van a poder desligarse de la responsabilidad frente a un volumen de víctimas tan grande. Tienen que entender que en este proceso (de paz) no es solamente el Estado el que debe ceder y reconocer sus errores. Ellos tienen que reconocer su parte y pedir perdón a las víctimas de este delito tan atroz”, concluye Caballero.