La ley británica permite a las autoridades espiar a diplomáticos

Los poderes que permiten que los servicios de inteligencia británicos espíen a individuos, incluidos diplomáticos extranjeros, quedaron establecidos en la Ley de Servicios de Inteligencia de 1994 (ISA en sus siglas en inglés). Se decidió proporcionarles un marco de gran amplitud para permitir que todos los funcionarios involucrados en actividades de espionaje pudieran llevar a cabo cualquier tipo de operación respaldados por la autoridad ministerial, y las técnicas empleadas durante la cumbre del G-20 de hace cuatro años indican una creatividad y una capacidad tecnológica que para Ian Fleming no habrían sido más que un sueño.

Esto queda reflejado en la sección 1 de la ISA, que dice que las agencias trabajan “en interés de la seguridad nacional, con especial referencia a las políticas exterior y de defensa del Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido; o en interés del bienestar económico del Reino Unido; o para facilitar la prevención o detección de delitos graves”.

Cuando se publicó la ley, otros países europeos la recibieron con gran suspicacia, preocupados en especial por la posibilidad de que la inclusión del bienestar económico (EWB en sus siglas en inglés) pudiera aprovecharse para proporcionar a empresas británicas informaciones que les dieran ventaja sobre sus rivales. La definición exacta de “seguridad nacional” también está abierta a interpretaciones, porque no parece que exista ninguna definición oficial de lo que significa. Todo ello hace que los servicios británicos se encuentren con un enorme paraguas bajo el que ocultarse cuando pretenden desarrollar operaciones de espionaje clásico.

Después de que la ISA estableciera las competencias del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) y los servicios del MI5 y el MI6, la Ley de Regulación de los Poderes de Investigación (Ripa) les suministró unas herramientas más precisas para reunir informaciones mediante técnicas como las interceptaciones selectivas.

Según lo previsto en Ripa, el director general del MI5, el jefe del MI6 y el director del GCHQ están entre los 10 altos funcionarios que pueden solicitar una orden de actuar directamente a los ministros de Exteriores o Interior.

los servicios británicos se encuentren con un enorme paraguas bajo el que ocultarse

Y los motivos que pueden servirles de justificación son casi idénticos a los que figuran en la ISA, incluida la protección de la seguridad nacional y el EWB. Varios documentos demuestran que se apeló al bienestar económico para justificar que se espiara a diplomáticos turcos y sudafricanos.

Un informe elaborado por el GCHQ y al que ha tenido acceso The Guardian no dice de manera explícita que apelaran a la autorización concedida por Ripa o ISA para espiar a otros diplomáticos en el pleno del G-20 celebrado en abril de 2009 y en la reunión de ministros de economía de cinco meses después, pero parece inconcebible que no la solicitaran, dado que era evidente que para el entonces primer ministro, Gordon Brown, la cumbre era una prioridad estratégica. El documento demuestra que el GCHQ, por su parte, tenía intención de hacer todo lo posible para impulsar las políticas del primer ministro.

“Un objetivo fundamental del primer ministro es la reunión de los jefes de Estado del G-20 en Londres, el 2 de abril”, explica el documento.

“Tiene el empeño de aprovechar la reunión para progresar hacia dos objetivos: coordinar la recuperación económica mundial con el fin de evitar que la recesión se transforme en una depresión y acordar una forma de reforzar la gobernanza económica mundial y lograr la reforma de las instituciones financieras internacionales. La intención del GCHQ es garantizar que las informaciones relevantes para los propósitos del Gobierno de Su Majestad durante su presidencia del G-20 lleguen a sus clientes en el momento oportuno y de manera que les permita sacarles el máximo provecho”.

Cuando se publicó la ley, otros países europeos la recibieron con gran suspicacia,

Los “clientes” del GCHQ son los ministros y los otros dos servicios de inteligencia, el MI5 y el MI6.

Da la impresión de que los tres organismos agencias se emplearon al máximo y contaron con la ayuda de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense. Se intervinieron teléfonos móviles y se interceptaron correos en smartphones.

Aunque la convención de Viena de 1961 “protege” las comunicaciones diplomáticas, pero no deja claro si eso excluye la vigilancia, el MI6 ayudó a “establecer” falsos cibercafés para obtener datos de diplomáticos y funcionarios que debieron de pensar que allí estaban a salvo de los fisgones gubernamentales.

No existen pruebas de que mediara en ningún momento el comisario de interceptación de comunicaciones, que es el responsable de supervisar los servicios de inteligencia y el marco legal en el que operan.

En 2009, los ministros aprobaron 1.706 autorizaciones para intervenir dispositivos. Sir Paul Kennedy dijo en su informe anual que “no dejaba de sentirse impresionado por la calidad, la dedicación y el entusiasmo de los funcionarios que llevan a cabo esta tarea. Poseen un conocimiento detallado de la legislación y están siempre deseosos de asegurarse de que respetan tanto la ley como las salvaguardias apropiadas”.

En su documento explicaba que “cuando ha habido errores, son errores de detalle o de procedimiento, no de contenido”, y que, como antiguo juez, confiaba en que los ciudadanos se sintieran “tranquilos sabiendo que sus actividades están supervisadas por una persona independiente que ha ocupado un alto cargo judicial”. En las 22 páginas del resumen no se menciona en ningún momento la cumbre del G-20.