Chile y Bolivia se reúnen en La Haya para definir plazos de su juicio marítimo

Por primera vez en su historia, este miércoles, Chile y Bolivia se reunieron frente a un juez para abordar el histórico reclamo boliviano de salida soberana al océano Pacífico. Los protagonistas de la cita fueron los agentes del caso Felipe Bulnes y Eduardo Rodríguez Veltzé, de Chile y Bolivia respectivamente, que fueron citados por el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Peter Tomka, para definir los plazos de la fase escrita del juicio en el marco de la demanda que La Paz presentó ante La Haya el 24 de abril pasado.

A puertas cerradas, en la audiencia, que duró alrededor de una hora, se expusieron las posturas de ambos países sobre las fechas de entrega a la corte de la memoria boliviana, es decir, la fundamentación escrita de la demanda, y el plazo que el Estado chileno tendrá para elaborar su contramemoria o respuesta. Al salir de la reunión, Bulnes –actual embajador en Estados Unidos y exministro de Educación de la Administración de Sebastián Piñera– dijo a CNN Chile que tiene la convicción de que no hay “temas pendientes” con Bolivia.

La histórica acción judicial tiene origen en la llamada Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile, Perú y Bolivia entre 1879 y 1883. Tras el fin del conflicto, el siguiente hito en las relaciones diplomáticas entre ambos países fue el tratado de paz de 1904, el que desde entonces ha sido seguido –de manera alternada– por demandas, quiebres en las relaciones y acercamientos de posturas que se han traducido en aperturas al diálogo.

Los antecedentes directos de la actual ofensiva boliviana datan de 2011, cuando el Presidente Evo Morales anunció la voluntad de su gobierno de “acudir a los organismos internacionales y tribunales, demandando el derecho y justicia de una salida libre y soberana hacia el Pacífico”, congelando el diálogo con la administración Piñera. Desde entonces la relación entre ambos gobiernos ha sido tensa, con frecuentes declaraciones cruzadas entre Piñera y Morales, quien a comienzos de esta semana dijo a la cadena Telesur: “Cuando el hermano chileno dice que no va a ceder nada, es una humillación”.

Tras descartar la opción de impugnar el tratado de paz de 1904, la actual estrategia boliviana –considerada débil por expertos vinculados a la cancillería en Santiago– se basa en reclamar que Chile ha propiciado numerosos procesos de negociación en los últimos 60 años. Desde el punto de vista de Bolivia, se trata de “actos que generan obligaciones” y “derechos expectaticios”, los que comprometerían a Chile a ceder una salida al mar.

En esa línea de argumentación, se espera que los abogados defensores de la causa boliviana mencionarán hechos como una negociación realizada a través de notas diplomáticas en 1950, en la que Chile se habría mostrado dispuesto a estudiar la posibilidad de satisfacer sus aspiraciones marítimas. Además, es muy probable que el escrito incluya resoluciones de la OEA que han instado a resolver el problema, conversaciones realizadas durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1975 y la llamada Agenda de 13 puntos: establecida en 2006 en el comienzo del mandato de Michelle Bachelet.

Favorita hoy según las encuestas para ganar las próximas elecciones de noviembre, la expresidenta socialista cultivó una buena relación con Morales hasta que dejó el cargo en 2010. Ante su eventual regreso a La Moneda en marzo del próximo año, se especuló la posibilidad de que Bachelet se reuniera con Morales en La Paz, cuestión que con la oficialización de la demanda en La Haya hoy parece imposible.

En plena campaña de primarias presidenciales –que se efectuarán el próximo 30 de junio–, durante los últimos días el Presidente Piñera ha llamado a todos los candidatos a adoptar una postura común frente a la demanda boliviana. En una entrevista con la radio Duna de Santiago, el mandatario cuestionó las posturas disidentes: “Me gustaría mucho que todos los candidatos presidenciales se pronunciaran en forma firme, fuerte y clara en esta materia”, dijo Piñera en alusión al candidato del Partido Radical José Antonio Gómez, quien ha sostenido que Chile debiese darle una salida al mar a Bolivia.

En tanto, la posición de la sociedad chilena frente a la demanda marítima boliviana se ha endurecido durante los últimos años, según la Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica-Adimark. El estudio realizado en 2012 arrojó que el 54% de los chilenos cree que el país “no debe darle nada” a Bolivia, un 28% piensa que se le deben dar beneficios económicos para que ocupe puertos chilenos y un 11% está de acuerdo con entregar una franja de territorio con salida al Pacífico.

Mientras el proceso con Bolivia recién comienza, hoy en la cancillería chilena también están pendientes del fallo que alrededor del 15 de julio debería dictar La Haya para resolver el diferendo marítimo que sostienen Perú y Chile desde 2008. Aunque no descarta las repercusiones políticas de esta sentencia, Ximena Fuentes, abogada integrante del equipo asesor del gobierno chileno para la demanda peruana, asegura que los dos casos son independientes desde el punto de vista jurídico y que el dictamen no influirá en el juicio con Bolivia. Fuentes tampoco cree que la reciente demanda de La Paz influya en el resultado del juicio con Perú. “La demanda boliviana se presentó a la Corte cuando ya habían sido escuchados los alegatos orales en el caso Perú versus Chile, cuando el fallo ya se encontraba en etapa de elaboración”, dice la abogada.

Aún a la espera de los plazos para la primera fase del juicio –fechas que serán anunciadas por la Corte Internacional de Justicia en los próximos días–, el equipo chileno de la cancillería se encuentra recolectando antecedentes en base a la demanda de ocho páginas presentada por Bolivia. “Por ahora sabemos lo que pide, pero no cómo lo va a justificar”, explica Andrés Jana, asesor jurídico externo de la cancillería chilena, quien ha trabajado en los casos de Perú y Bolivia.

Jana advierte que “no se ha analizado a fondo” la opción de presentar “objeciones preliminares de admisibilidad y jurisdicción” al recurso boliviano, cuestión que Chile podrá realizar hasta tres meses después de que Bolivia entregue su memoria a La Haya; lo que el abogado espera suceda dentro de diez meses. En caso de que la Corte acoja una eventual objeción de la cancillería chilena, Jana explica que el litigio terminaría antes de los tres a cuatro años que se estima durará el proceso, con lo que el juicio no llegaría a una segunda fase oral de audiencias.