Dos fallos detienen la reforma judicial de Argentina

Un juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, ordenó el pasado jueves una medida cautelar que suspende la vigencia de una de las seis leyes en que consiste la reforma judicial que ha impulsado la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner. La norma ahora paralizada es precisamente la más polémica de las seis aprobadas: aquella que establece que los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo de la Magistratura (organismo encargado de seleccionar y destituir a los jueces) ya no serán elegidos entre sus pares sino en elecciones democráticas en las que los candidatos deberán enrolarse en los partidos políticos. Además, la ley establece la ampliación del número de miembros del consejo, de 13 a 19, con lo que jueces, abogados y académicos tendrán más peso que en la actualidad, en detrimento de los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El viernes se conoció otro fallo de un juez federal contra la reforma del consejo, aunque esta vez era uno de San Nicolás (245 kilómetros al norte de Buenos Aires), Martín Martínez.

Asociaciones de jueces y abogados y dirigentes opositores han presentado más de 100 recursos judiciales contra la reforma impulsada por Fernández y por el colectivo Justicia Legítima, en el que militan otros jueces, abogados y fiscales. Mientras el Gobierno considera que la legislación favorece la "democratización de la justicia", la oposición teme por la "independencia judicial".

La decisión del juez López ha sido la primera en contra de las nuevas leyes. Pero el Gobierno de Fernández la apelará y, por tanto, no está dicha la última palabra. El Ejecutivo puede recurrir a un tribunal de segunda instancia de Mar del Plata o puede pedir que el asunto vaya directamente a la Corte Suprema de Argentina, que al final de cuentas será la que decida.

Las elecciones de los nuevos consejeros estaban programadas para el 11 de agosto próximo, en coincidencia con los comicios legislativos primarios, en los que el voto es obligatorio. El 12 de junio es el último día que tienen los partidos para presentar sus candidatos a senadores, diputados y consejeros. En la fragmentada oposición a Fernández se está negociando la presentación de una papeleta unificada de candidatos a consejeros, de modo evitar que el órgano de selección y destitución de jueces quede bajo mayoría kirchnerista. Con la medida cautelar del juez López, la elección de consejeros ha quedado suspendida.

El juez de Mar del Plata, que acumula un largo historial de fallos contra medidas del Ejecutivo, considera que la ley cuestionada resulta inconstitucional porque, en su opinión, no respeta lo dicho por la Carta Magna en cuanto al equilibrio que en el Consejo de la Magistratura deberían mantener los representantes del Ejecutivo y el Legislativo, los jueces y los abogados. También ha habido presentaciones judiciales contra la ley que limita a seis meses las medidas cautelares de los jueces que suspendan normas del Estado, siempre que no se trate de cuestiones que afecten a la vida o a sectores vulnerables de la población. La reforma también crea tribunales de tercera instancia, obliga a publicar los actos y los patrimonios de los funcionarios y establece que el ingreso a la carrera sea por oposiciones, y ya no por arbitrio del juez a cargo de cada juzgado. Este último asunto fue el último aprobado por el Congreso, este jueves. La conservadora Propuesta Republicana (PRO), que votó en contra de esta ley, ahora propone que las oposiciones también se instauren para los que aspiran a ser empleados de los poderes Ejecutivo y Legislativo.