Una bomba de tiempo en el súper

El aparente fin del enfrentamiento con el conglomerado de empresas Polar —un gigante del sector de la alimentación venezolano— no resolverá los problemas estructurales del abastecimiento en Venezuela. Con una economía controlada desde hace 10 años, con un rígido control de precios de los productos de la cesta básica que solo son aumentados mediante decreto del Ejecutivo, el Gobierno ha instaurado un modelo que de acuerdo con los analistas ha llevado al país al borde del colapso. En Venezuela resulta más barato importar que producir debido a la sobrevaluación de la moneda y a la falta de incentivos.

En 2007 el gobierno del presidente Hugo Chávez inició un masivo plan de nacionalizaciones de sectores que consideraba estratégicos para el desarrollo del país. Hoy controla la industria eléctrica, la petrolera, la cementera, ha incursionado en la venta al por menor haciéndose con el control de cadenas de supermercados, ha intervenido siete millones de hectáreas, de acuerdo con cálculos realizados por el hoy canciller Elías Jaua en abril de 2012, cuando era ministro de Agricultura y Tierras, y controla la operación de los puertos, por donde llega buena parte de los alimentos.

Como consecuencia de esas decisiones, el Ejecutivo se ha visto desbordado para satisfacer la demanda. Resulta muy tentador importar o simular que se importa mediante dólares preferenciales antes que arriesgarse a perder lo invertido. Los empresarios se quejan de la falta de garantías para hacer negocios y la inversión extranjera ha caído a niveles dramáticos. El ranking Doing Business del Banco Mundial no ha sido indiferente a ese entramado tejido por el chavismo. De acuerdo con su más reciente escalafón, en 2012 Venezuela ocupaba el puesto 177 entre 183 países, por debajo de Haití. Abrir una empresa en este país cuesta no menos de 140 días. Una pesadilla que nada tiene que envidiar al El Proceso de Kafka.

Antes de conciliar o de modificar el modelo socialista, el Gobierno ha preferido profundizar la inspección a la empresa privada con la idea de fijar los márgenes de ganancia e importar todo aquello que no se produce en el país. Sirva esta cifra para ilustrar el drama local: el 96% de las divisas que ingresan al país provienen de la venta de petróleo. El miércoles, en vísperas de la reunión con Empresas Polar, la presidenta del Instituto para la Defensa de Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Consuelo Cerrada, informó que debido al aumento de los precios de los productos regulados iniciarían una batida para sancionar a todo aquel comerciante que vendiera más caro de lo estipulado. “La voz del pueblo nos llama a combatir ese tipo de irregularidades”, dijo. De acuerdo con sus cálculos, el Estado había supervisado la venta de 20.387 toneladas de alimentos. Para ello hay que hacer largas filas. Un ejemplo de eso se vivió en un supermercado de Valencia, en el estado de Carabobo, cuando una multitud desesperada rompió las cajas de pollos provenientes de Brasil para adquirirlos de acuerdo con un riguroso plan de venta: no más de cuatro kilos es lo permitido.

Los venezolanos que viajan al exterior suelen ahora visitar los supermercados para evocar los tiempos en que había libertad para elegir. Algunos se toman fotos y las mandan a sus familiares. Esto es un reflejo del más reciente reporte del Banco Central de Venezuela (BCV). En los cuatro primeros meses de 2013, el desabastecimiento se ubicó entre 19% y 21,3%, mientras que la inflación acumulada al cierre de abril llegó a 12,5%. El Gobierno también ha reaccionado incrementando el aumento del precio regulado pagado al productor y al mayorista de pollo, carne de res, leche y queso. Con ello y con la pretendida eficiencia que pide el presidente Maduro esperan desactivar esta bomba de tiempo.