Se enquista el conflicto de la UNAM

Han pasado ya más de diez días desde que un grupo de quince encapuchados irrumpió en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México haciendo estallar los cristales con martillos y machetes y decidió que no saldría de allí hasta que readmitieran a cinco alumnos del CCH Naucalpan –un plantel de bachillerato adscrito a la UNAM- expulsados tras agredir a trabajadores del centro. La torre ocupada, que exhibe en sus exteriores pinturas del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y los actos vandálicos de aquel viernes 19 de abril fueron denunciados ante las autoridades federales. Desde entonces, nada se ha movido, salvo un par de tiendas de campaña que aparecieron instaladas junto a la torre y los restos de las fogatas nocturnas de los protestantes.

La postura del rector José Narro–no habrá diálogo si el grupo impone condiciones previas al desalojo y se agotarán todas las vías antes de recurrir al uso de la fuerza- ha sido avalada por numerosos organismos y centros de estudio. El último, este lunes. A través de un comunicado 45 rectores de instituciones de educación superior de México y el resto de la zona latinoamericana, agrupadas en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), así como 12 redes y organismos de cooperación y estudio de la región, externaron su respaldo a la UNAM en la búsqueda de una solución pacífica. El documento firmado por Gustavo García de Paredes, presidente de la UDUAL, y rector de la Universidad de Panamá, manifiesta su apoyo decidido en la búsqueda de “soluciones sensatas y racionales que, en la persona de su rector, la UNAM ha procurado”.

“El rector ya dio su postura, ha habido numerosos comunicados de apoyo, se levantaron denuncias penales, y estamos a la espera de que la Procuraduría decida, ella es la que tiene que ordenar una intervención”, asegura el departamento de comunicación de la Universidad, que insiste: “No es que no se esté haciendo nada, pero no todo lo que se hace es público”.

También este lunes, el comisionado nacional para la Seguridad, Manuel Mondragón, aseguró que pese a no tener ningún operativo previsto, ellos están preparados para actuar cuando la Procuraduría General de la República lo solicite. Al ser preguntado sobre una posible intervención en la UNAM, la oficina de prensa de la PGR, a través de un portavoz, aseguró “que no tienen ninguna información al respecto”.

En opinión del profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, Manuel Gil Antón, lo que las autoridades creen es que este grupo busca la confrontación para mostrar que el Estado es represor. “Si los desalojan, consiguen lo que ellos quieren”. Para el profesor se trata de un movimiento aislado del estudiantil, “más en la lógica de una corriente presente ahora en México y otras partes que estima que los movimientos estudiantiles clásicos al generarse consiguen algunos de sus propósitos y eso desactiva su espíritu combativo. Ellos extreman las posibilidades de violencia para que la represión muestre la intransigencia de la autoridad”.

Pese a ser por ahora un grupo minoritario, el profesor del Colegio de México afirma que la intervención de las autoridades puede extender el problema: “Si los muchachos logran su objetivo -que los echen por la fuerza- y se convierten en mártires, el movimiento se expande a toda la universidad”.

Gil Antón explica: “Aquí hay un precedente, que es el del 68. Fue de tal magnitud y estupidez la matanza de Tlatelolco –el asesinato masivo de estudiantes que se manifestaban en una plaza del Distrito Federal- que en vez de distinguir cuándo la fuerza pública debe aplicarse para salvaguardar la integridad fisca de la Universidad, los mexicanos creemos que todo acto de ejercicio legítimo de la fuerza se considera muy peligroso, porque recuerda a aquel uso de la fuerza asesina en la matanza. Es una especie de síndrome, que nos incapacita para diferenciar una intervención lógica de la represión”.

El último precedente de uso de las fuerzas de seguridad para desalojar a estudiantes en la UNAM ocurrió en el año 2000, cuando tras diez meses los federales entraron en la institución para echar a los paristas. “En aquel caso la solución vino ya por desgaste”, recuerda el profesor Gil, quien reconoce que la posición del rector Narro es complicada. “Se juega su permanencia: no puede permitir que la rectoría permanezca tomada durante meses, pero tampoco puede sentarse a dialogar con personas que están fuera del movimiento estudiantil”.

Sobre las similitudes de la protesta con la de los maestros y el apoyo explícito que han hecho algunos manifestantes a las reivindicaciones contra la reforma educativa -este 1 de mayo marchan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación- Manuel Gil considera que más que una vinculación orgánica, lo que hay es una confluencia en las formas de expresar su rechazo a la norma.

Sobre si una decisión rápida hubiese sido mejor para la Universidad, el profesor duda. “Puede ser que hubiera quedado en un incidente menor o que un joven hubiese lanzado un cóctel molotov, pero sí creo que en su momento el Gobierno federal no quiso asumir su responsabilidad. La universidad no tiene una fuerza pública”. Esto último se encargan de repetirlo desde la Institución, que no establece una fecha para poner fin al conflicto. A lo largo de este año la UNAM ya ha sufrido seis ataques.