Empleados públicos argentinos paran contra una represión policial

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina, uno de los dos sindicatos de funcionarios de este país, paralizó este martes las actividades laborales en repudio de una represión policial el pasado viernes en el hospital psiquiátrico de varones de Buenos Aires, el Borda, que dejó decenas de heridos, entre médicos, enfermeros, pacientes, periodistas, legisladores y sindicalistas. Los empleados públicos marcharon hasta el ayuntamiento, en compañía de otros sindicatos de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), que no hicieron huelga, pero se movilizaron, como docentes y trabajadores del metro. En el acto, el secretario general de ATE de Buenos Aires, José Luis Matassa, pidió que el Poder Legislativo inicie un juicio político contra el alcalde de la capital, el conservador Mauricio Macri, responsable de la Policía Metropolitana, que reprimió aquel día.

El conflicto se originó por el plan del alcalde de construir un centro cívico municipal en el terreno donde en la actualidad se emplaza un edificio del psiquiátrico donde funcionan talleres de rehabilitación. El pasado viernes iban a comenzar las obras de demolición del inmueble cuando trabajadores del hospital y sindicalistas de ATE intentaron impedirlo con el argumento de defender la sanidad pública. Entonces intervinieron unos 300 policías metropolitanos. Según la vicealcaldesa, María Eugenia Vidal, los manifestantes “encapuchados y con palos fueron hasta el lugar a provocar" a los uniformados. Las organizaciones sociales o sindicatos suelen justificar sus palos en el hecho de que muchas veces deben defenderse de las agresiones de los policías.

"Fue una represión que dejó 20 pacientes heridos, otras 60 personas lastimadas y ocho miembros de ATE-Capital detenidos", se quejó Matassa, líder de un sindicato dominado por la izquierda no kirchnerista. Entre los heridos había varios legisladores opositores a Macri que se hicieron presentes en el lugar. Además, unos diez periodistas también fueron agredidos por los uniformados e incluso uno de ellos fue arrestado. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas condenó estas agresiones. Otros ocho manifestantes también fueron detenidos. “Repudiamos la salvaje represión que realizó el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su Policía Metropolitana a los médicos, enfermeros, legisladores, militantes y periodistas en el Hospital Borda", se quejó el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel.

"No pueden llevar adelante el negocio inmobiliario si no lo acompañan con la fuerza de la infantería que nos reprimió", protestó Matassa. Ese mismo argumento se escuchó el pasado sábado, cuando todos los grupos opositores al alcalde y posible candidato presidencial de Propuesta Republicana (PRO) en 2015 interpelaron en el Parlamento local al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, por la actuación de la Policía Metropolitana. Todos ellos, desde el kirchnerismo hasta el izquierdista Proyecto Sur, el Frente Amplio Progresista (FAP), la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica, pidieron la dimisión del ministro. Sin embargo, la oposición a Macri carece de los dos tercios del Parlamento local para destituir ministros o enjuiciar al alcalde.

Después de la crisis argentina de 2001/2002, en la que las fuerzas policiales mataron a decenas de manifestantes, los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández han sostenido la doctrina de no reprimir protestas, incluidos piquetes que bloquean las calles. Sin embargo, en estos diez años 19 personas murieron en protestas sociales por la represión de la Policía Federal (dependiente del Gobierno nacional) y de las fuerzas de las diversas provincias, muchas de ellas gobernadas por el peronismo kirchnerista, y de la Metropolitana, que creó Macri en 2010, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional(CORREPI). A finales de 2010, Fernández reorganizó el Ministerio de Seguridad para acabar con los métodos cuestionados de la Policía Federal.

La vicealcaldesa Vidal respondió prometió este lunes que denunciará a quienes agredieron a los policías. También dijo que su gobierno analizará “si hubo excesos por parte de la Metropolitana" y, en caso de comprobarse, adoptará “sanciones” contra los uniformados.