Un tribunal falla a favor de Clarín en la disputa por la ley de medios de Argentina
La empresa no se desprenderá de sus licencias de operador de televisión por cable
Un tribunal de segunda instancia de Argentina falló este miércoles a favor del principal grupo de comunicación de este país, Clarín, en su disputa contra la ley de medios audiovisuales que en 2009 había impulsado el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los tres magistrados de una sala de la Cámara Civil y Comercial Federal determinaron que Clarín no deberá desprenderse de sus licencias de operador de televisión por cable –segmento en el que controla el 58% del mercado- ni de las de canales por suscripción. Se calculaba que el grupo de medios de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto iba a tener que dejar entre 150 y 200 licencias de televisión y radio si se cumplía con la ley aprobada por el kirchnerismo y la oposición de centroizquierda. Pero el tribunal estableció este miércoles que Clarín solo deberá cumplir con un artículo de la norma, que fue declarado constitucional, que limita la cantidad de licencias de canales abiertos y radios a un máximo de diez.
El grupo argentino, que supo mantener buenas relaciones con la última dictadura militar (1976-1983) pero también con el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), dice que solo tiene 11 licencias, por lo que debería vender una sola. En cambio, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) denuncia que el enemigo número uno de Fernández tiene 25, por lo que tendría que soltar 15. El tribunal también declaró constitucional el plazo que obliga a los grupos que incumplan este límite a desinvertir en el plazo de un año después de aprobada la ley, lo que ya sucedió hace más de tres.
Pese a que los magistrados convalidaron parte de la ley de medios audiovisuales, sus objeciones evitarán el desmantelamiento del Grupo Clarín y también beneficiará a otros competidores de menor tamaño. El Gobierno rechazó el fallo, anunció que lo apelará ante la Corte Suprema y recordó sus cuestionamientos previos a los miembros del tribunal de segunda instancia por su presunta falta de imparcialidad. Los mismos magistrados habían extendido en diciembre pasado la medida cautelar que suspendía la vigencia de la ley de radio y televisión y fue a partir de entonces que Fernández comenzó a promover la reforma para “democratizar” la justicia que este mismo miércoles estaba siendo discutida en el Parlamento.
El tribunal aceptó los argumentos de Clarín de que eran inconstitucionales dos artículos de la norma que lo obligaban a desinvertir en tantos medios que le provocaría un “perjuicio tangible” en sus finanzas y eso supondría “la sanción a una línea editorial independiente del Gobierno”. Los magistrados invocaron la “libertad de expresión” y advirtieron de que no deberían sobrevivir solo los medios estatales o los que cuentan con la propaganda gubernamental.
“Es un fallo burdo y tramposo que intenta confundir", opinó el presidente de la AFSCA, Martín Sabbatella. “Con este fallo permiten que se superpongan canales de aire y servicios de cable (en la misma ciudad), eliminan el límite de 24 licencias de (operador de televisión por) cable, eliminan el límite del 35% de cobertura del mercado y eliminan el límite de señales (canales) de (televisión por) cable. Es exactamente todo lo que quiere el Grupo Clarín”, lamentó Sabbatella.
Ahora será la Corte Suprema la que deba decidir la constitucionalidad o no de los artículos cuestionados por Clarín y defendidos por el Gobierno de Fernández. Cuatro de los siete miembros del máximo tribunal argentino fueron designados durante el Gobierno de Kirchner, en lo que resultó una renovación aplaudida por propios y extraños. Antiguos miembros de la Corte Suprema habían sido cuestionados por presuntos vínculos con grupos económicos y con el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Hasta ahora el máximo tribunal se ha mantenido independiente de los Kirchner y en los últimos años su relación con el Ejecutivo se ha tensado precisamente a partir del caso Clarín, además de otros como una sentencia a favor de una subida de las pensiones.
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