Las víctimas reclaman al Gobierno de México diálogo y más transparencia

La primera puesta en escena estadística de los resultados del Gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad no ha logrado convencer de lleno a las organizaciones de víctimas mexicanas. El origen de los datos presentados este miércoles por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que mostraban una caída del 17% en homicidios relacionados con el crimen organizado y del 25% en secuestros, les parece brumoso. E insisten en que el Ejecutivo debe explicar de una vez la función que tendrá el nuevo cuerpo de seguridad que está creando, la Gendarmería, y someter este proyecto a debate público en el Congreso y con la sociedad civil.

Para empezar, la fuente de las cifras expuestas por Osorio Chong es motivo de duda. La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, afirma que los datos de raptos de marzo aún no han sido publicados en la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que por lo tanto no son contrastables. “Ellos pueden decir lo que quieran, pero nosotros no podemos corroborarlo”. María Elena Mora, que dirige Causa en Común, critica que el Gobierno no explique el método con el que separa los asesinatos vinculables al crimen organizado de los asesinatos comunes, una distinción difícil de hilvanar y que no se hace en el conteo del antedicho Sistema Nacional. “Creemos que muchos de los crímenes que atribuyen al crimen organizado no son del crimen organizado, y si México tiene un problema tan grave de homicidios, tenemos que tener datos de todos. Distinguirlos es muy relativo. No entiendo por qué los presentan diferenciados”.

Al parecer del experto en seguridad Alejandro Hope, la cifra dehomicidios mafiosos que usa el Gobierno está basada en suposiciones, en inferencias que no han pasado la prueba de la investigación judicial. Él propone que el Ejecutivo ofrezca una información muy detallada de los crímenes y que se olvide de etiquetarlos. “Que digan las características: cuántos homicidios múltiples, cuántos hombres, cuántas mujeres, que nos digan qué calibres se usaron, en cuántos hubo violencia extrema, y luego que cada uno haga sus inferencias. Deben informar, no suponer. Hagan una base de masacres”, reclama Hope, “eso sí es información dura”. La especialista en estadística Sandra Ley también incide en que la metodología para decir qué es un homicidio vinculado al crimen organizado no ha sido definida por el nuevo Gobierno, y que por eso sus datos no se pueden contrastar con solvencia con el Ejecutivo de Felipe Calderón. “Estamos comparando números que no sabemos si son comparables”.

Los reproches de las organizaciones a los números del Gobierno se ramifican en más factores (que los datos que ofrecen las fiscalías estatales al Gobierno federal no son rigurosos; que no hay un criterio unificado para definir qué es un secuestro; que los niveles de los delitos varían según la época del año), y el quid común es que la información oficial debe ser cristalina, y muy bien fundamentada, para que los ciudadanos la asuman como un elemento válido para el debate sobre la violencia.

El foco de la discusión y las críticas a la versión oficial, además, varían según el cristal regional con que se mire. Desde Coahuila, Jorge Verastegui González, miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, lamenta que en los datos presentados este miércoles por la Secretaría de Gobernación no se haya dicho cuántas “desapariciones forzadas” (a manos de agentes públicos o del crimen organizado) ha habido en el primer cuatrimestre de Peña Nieto. “Ellos están enmarcando que las desapariciones ocurrieron durante el sexenio pasado, y eso es lamentable, porque las desapariciones continúan y pareciera que el Gobierno no las quiere ver”. Si el ojo se pone en Ciudad Juárez, zona roja de feminicidios, la llamada de atención se decanta en torno a la situación de las mujeres. “Aquí sigue la desaparición de chicas. La violencia no se ha aplacado, no sé por qué el Gobierno dice que las cosas han mejorado”, afirma Berta Alicia García, del Comité de Madres con Hijas Desaparecidas.

Números y variantes territoriales aparte, el otro centro de controversia es la Gendarmería, el para cuándo y el cómo de este nuevo cuerpo de seguridad, cuya definición concreta sigue en el limbo de las buenas intenciones. Para María Elena Morera existe una “gran indefinición” al respecto. Ella ha sido una de las impulsoras del llamado público que han hecho varias asociaciones civiles para pedirle al Gobierno que se siente a hablar con ellos de sus planes para la Gendarmería. De momento, según Morera, el equipo de Peña Nieto no les ha dado cita para discutir su proyecto bandera en materia de seguridad. “Necesitamos una estrategia clara para saber adónde vamos”, dice la presidenta de Causa en Común.

El poeta Javier Sicilia también pide que se abra el debate sobre la Gendarmería. “Tiene que pasar por el legislativo y por la ciudadanía. Si el Gobierno no aprende a oír a sus ciudadanos y a hacer las transformaciones que se requieren para sanar al país, veo difícil que funcione cualquier cosa”, afirma el líder de Movimiento por la Paz, que como buen hombre de letras aprecia el cambio de narrativa efectuado por el nuevo Ejecutivo –más conciliador que el anterior, y alejado de su dialéctica de guerra al narcotráfico–, pero recuerda que lo que mueve la tierra son las leyes de la física: “Ha cambiado el discurso, pero los discursos tienen que volverse peso concreto”.