Bruselas pone a Londres bajo la lupa

La Comisión Europea recela de la deriva nacionalista que están adoptando algunos países miembros con el agravamiento de la crisis. El principal ejemplo es Reino Unido, a quien el Ejecutivo comunitario ha advertido hoy de que “escrutará” cualquier cambio que plantee en el acceso a los servicios sociales para ver si se ajusta a la normativa europea. Un portavoz del comisario de Empleo y Asuntos Sociales ha recordado que la mayoría de inmigrantes cambian de país “para buscar trabajo, no para pedir beneficios sociales”.

Bruselas rehúsa pronunciarse más concretamente sobre el proyecto de Cameron hasta verlo sobre el papel, pero resalta el mensaje de que los países ya disponen de mecanismos suficientes para evitar el llamado turismo de prestaciones sociales. “Ya hay salvaguardas muy estrictas acordadas por todos los países miembros, incluido Reino Unido”, subrayó el portavoz de Lázsló Andor.

El debate inquieta a la Comisión Europea porque las trabas afectan en gran medida a dos países que ya son miembros de la familia comunitaria desde 2007, aunque tienen restringida la entrada en algunos Estados hasta finales de este año. Se trata de Rumanía y Bulgaria, a los que nueve países miembros aplican algún tipo de salvedad (España tiene restringida la entrada a rumanos). Todas esas excepciones caerán el 1 de enero de 2014 y sus ciudadanos podrán circular libremente por toda la Unión Europea.

Bruselas recuerda que la mayoría de derechos sociales no son automáticos, sino que están sujetos a condiciones. En el caso de ayudas como las de la vivienda en Reino Unido, los ciudadanos comunitarios pueden optar a ellas siempre que estén trabajando o demuestren que tienen un determinado nivel de ingresos. Además, con la normativa europea, los europeos inactivos que viven en otro país miembro deben pasar un examen de residencia habitual para probar sus lazos con el país si quieren acceder a subsidios sociales.

Finalmente, la Comisión Europea esgrime estudios que reflejan el impacto positivo que los movimientos de trabajadores del Este de Europa han tenido en Reino Unido e Irlanda. Esos flujos aportaron al país una riqueza equivalente al 1,2% de su producto interior bruto (PIB) en el periodo 2004-2009 (en todo caso, antes de entrar en la segunda fase de la crisis, que ha exacerbado el interés de los Estados por controlar sus fronteras, incluso dentro de la propia Unión Europea).